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Full text of "Recopilación de leyes del Estado Aragua"

ItiCOPILACION Di LEYES 

DEL 

ESTADO ARAGUA 

— 0# "BDICION OFICIAL 




LA VICTORIA 

IMPÍ^NTA DEL ESTADO 



RiCOPlLAOiON Dfi LEYES 



ESTADO ARAGUA 



— 0# EDIOION OFIOIAL" !^-- 



1910 




LA VICTORIA 

IMPRENTA DEL ESTADO 




DOCTOR R. ANQUEZA PALACIO, 

Presidente Constitucional del Estado Aragua, 

En uso de sus atribuciones, 

DECRETA : 

Art. 1? Precédase á la recopilación é impresión de las 
Leyes del Estado. 

Art. 2° La edición déla obrase hará en la Imprenta 

del Estado. . j i 

Art. 3° El Secretario General queda encargado de la 

ejecución del presente Decreto. 

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en la ciudad 

de La Victoria, á primero de junio de I910.-Año 101? de la 

Independencia y 52? de la Federación. 

R. ANDUEZA PALACIO. 

Refrendado 
El Secretario General, 

Eloy Bonnet. 



6 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado 
Aragua. — Secretaría General. — Dirección Política y 
Administrativa. — La Victoria: I5 de Enero de 1911. — 
101? y 55? 

RESUEI.TO : 

Téngase como oficial la presente edición de la Recopila- 
ción de Leyes del Estado, hecha en la Imprenta del mismo 
por disposición de este Gobierno. 

Publíquese. 

Por el Ejecutivo del Estado. 
El Secretario General, 

R. Medina Tobres. 



I 



CONSTITUCION DEL ESTADO 



/ 



k ímh Coálojeiifc k\ felá Iragua, 

EN EL MOMBHE DE DIOS TODOPODEROSO Y POR AUTORIDAD DE LOS PUEBLOS QÜE REPRESEKTA- 

DECRETA:. 

LA siguientf: 

' coisrsTiTucioisr 

^TITULO 1 

Del Estado y su territorio. 

Art. 19 El territorio del Estado lo componen los Distritos Rieaurte, 
Zatíiofa, Marifio, Girardot, San Sebastián, San Casimiro y Urdaneta, con los 
limites establecidos en la Ley de Divisón Territorial. 

Art. 2? El Estado Aragua es parte integrante é inseparable de los Eslados 
Unidos de Venezuela y conserva su soberanía- en cuanto no esté delegado- a! 
Poder Federal en la Constitución de la República. 

Art. 39 La capital del Estado es la ciudad de La Victoria. 

Art. 49 Los límites generales del Estado son los que están ya determina- 
dos en la Ley de División Territorial para los Distritos que lo componen. 

Art. 59 Para su mejor régimen y gobierno interior los Distritos se dividi- 
rán en Municipios. La Ley de División Territorial señalará los límites de estos 
Municipios, 

TITULO II 

De la soberanía y del Poder Públieo. 

r 

Art. 6° La Soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de 
los Poderes Públicos, para garantía de la libertad y del orden. 

Art. 7° El Poder Público en el Estado se divide en Legislativo, Ejecutivo, 
judicial y Municipal. Ca,da poder ejercerá sus atribuciones constitucionales y 



legales sin otra dependencia ó limitación que la que demarcan esta Constitución 
y las leyes respectivas. 

Alt. 8'.' El Estado reconoce la autonomía Municipal de los Distritos y su 
independencia del Poder Político del instado en todo lo concerniente á su régi- 
mon económico y administrativo ; y, en consecuencia, los Distritos podrán esta- 
blecer su sistema rentístico, sujetándose á las disposiciones que contienen las 
bases 10^, 11?, 12'^ y 13'í, Título II de la Constitución Nacional. 

Art. 99 El Gobierno del Estado es federal, democrático, electivo, repre- 
sentativo, alternativo y responsable. 

Art. 10. El Estado reconoce todas las obligaciones que establece la Cons- 
titución Nacional en su Título II «Bases de la Unión.» 

T IT U L O I II 

De los deberes y derechos de los liabitemtes del Estado. 

Art. 1 i . Todos los venezolanos tienen en el territorio del Pastado, los 
deberes y derechos que les señala la ley. 

Arf. 12. La ley determinará los deberes y derechos de los extrangeros 
domiciliados ó transeúntes en el Estado. 

Art. 13. Todos los venezolanos, varones, mayores de veintiún años, son 
electores y elegibles para los cargos públicos, debiendo llenar las condiciones 
que para ello precisan la Constitución Nacional, la del Estado y demás leyes, 
según los casos, 

TITULO IV 

Délas (/ a r a n t í a s. 

Art, 14. El Estado, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Na- 
cional, garantiza á todos los venezolanos, en su territorio, los derechos siguientes ; 

19 La inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital, cual- 
quiera que sea la ley que la establezca y sea cual fuere la autoridad que la 
ordene. 

I 2? La propiedad con todos sus atributos, fueros y privilegios : ella sola 

estará sujeta á las contribuciones decretadas por la Autoridad Legislativa, á la 
! «lecisión judicial y á ser tomada para obras de utilidad pública, previos indemni- 

zación y juicio contradictorio. 

3'.' La inviolabilidad de la correspondencia y demás papeles particulares, 
que no podrán ser ocupados sino por disposición de autoridad pública compe- 
tente y con las formalidades que establezcan las leyes ; pero guardándose siem' 
pre el secreto respecto de lo doméstico y privado. 

4? La inviolabilidad del hogar doméstico, que no podrá ser allanado sino 
pa^ra imp3dir la perpetración de un delito, y esto mismo ha de ejecutarse con 
arreglo á la ley, 

59 La libertad personal, y por ella : 

19 Queda abolido el reclutamiento forzoso para q1 serYÍcio dle las armas, 
sel vicio que ha de prestarse confornie lo disponga la ley. 



29 Proscrita para siempre la esclavitud. 

3? Libres los esclavos que pisen el territorio del Estado. 

4? Todos con el dercclio de iiacer ó ejecuta:' lo que no perjudique á 
otro; y 

59 Nadie está obligado á hacer lo que la ley no mande, ni impedido de 
ejecutar lo que ella no prohibe. 

69 La libertad del pensamiento expresado de palabra ó por medio de la 
prensa. En los casos de calumnia, ó injuria ó perjuicio de tercero, quedan al 
agraviado expeditas sus acciones para deducirlas ante los Tribunales de justicia 
competentes, conforme á las leyes ; pero el inculpado no podrá ser detenido ó 
preso en ningún caso, sino después de sentencia ejecutoriada. 

79 La libertad de transitar sin pasaporte y mudar de domicilio observan- 
do para ello las formalidades legales y la de ausentarse del Estado y volver á él 
llevando y trayendo sus bienes. 

89 La libertad de industria, salvo las prohibiciones y limitaciones que 
exijan el orden público y las buenas costumbres, como los juegos de envite y 
azar, rifas y loterías, que quedan expresamente prohibidas. La Ley podrá asig- 
nar un privilegio temporal á los autores de descubrimientos y producciones y á 
los que implanten una industria inexplotada en el Estado. 

99 La libertad de reunión v asociación sin armas, pública ó privada- 
mente, sin que puedan las autoriclades ejercer acto alguno de coacción. 

10. La libertad de petición : ésta podrá hacerse ante cualquier funcionario, 
autoridad ó corporación, los cuales están obligados á dar pronta resolución. Si 
la petición fuere de varios, los cinco primeros responden de la autenticidad de 
las firmas y todos de la verdad de los hechos. 

11. La libertad del sufragio sin más restricciones que las establecidas 
por esta Constitución y las leyes. 

12. La libertad de enseñanza. 

13. La libertad religiosa con arreglo á las leyes y bajo la inmediata ins- 
pección del Ejecutivo del Estado. 

14. La seguridad individual y i)or ella : 

1° Ningún venezolano podri ser preso ni arrestado en apremio por deu- 
das que no provengan de fraude ó delito. 

29 Ni ser juzgado por Tribunales ó comisiones especiales, sino por suS 
jueces naturales y en virtud de ley preexisleiito ; 

39 Ni ser preso ó detenido sin que proceda información sumaria de haber- 
se cometido un delito que merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario 
que decrete la prisión, con expresión del motivo que la causa, á menos que sea 
cojido infraganti; 

49 Ni ser incomunicado por ninguna razón ni pretexto. 

59 Ni ser obligado á prestar juramento, ni á sufrir interrogatorio eri cau- 
sa criminal contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad ó segundo de afinidad, ni contra el cónyuge ; 

69 Ni continuar en prisión si se destruyen los fundamentos que la moti- 
varon : 



— lO 



7? Ni ser condenado á sufrir pena en materia criminal, sino después de 
citado y oído legalmente ; 

89 Ni ser condenado á pena corporal por más de quince años ; y, 

9° Ni ser juzgado segunda vez por el mismo delito, (juedando demás abo- 
lida toda pena infamante, como las conocidas con los nombres de grillos, cepos, 
esposas etc., etc., etc., cualquiera que sea la ley que las establezca, 

16. La igualdad en virtud de la cual : 

1? Todos deben ser, juzgados por unas mismas leyes y sometidos á iguales 
deberes, servicios y contribuciones. 

2o No se concederán títulos de nobleza, honores y distinciones hereditarias, 
ni empleos ú oficios cuyos sueldos ó emolumentos duren más tiempo que el ser- 
vicio ; y, 

3? No se dará otro tratamiento oficial á los empleados y corporaciones que 
el de "Ciudadano"' y "Usted." 

Art. 15. Los derechos reconocidos y consagrados en los artículos ante- 
riores no podrán ser menoscabados ni dañados por leyes que reglamenten su 
ejercicio, y las que esto hicieren serán declaradas inconstitucionales é ineficaces 
de conformidad con la atribución lOt*^ del artículo 112 de la Constitución Nacio- 
nal ; pero sí podrán dichos derechos y garantías ser suspendidos en los casos y 
con las formalidades que determina la letra D del artículo 82 de la Constitución 
Nacional. 

Art. 16. Los que expidieren, firmaren, ejecutaren ó mandaren ejecutar 
decretos, órdenes ó resoluciones que violen cualquiera de los derechos garantiza- 
dos á los venezolanos, en casos no previstos en la letra D del artículo 82 de la 
Constitución Nacional, serán culpables y deberán ser castigados conforme lo de- 
termina la ley. El culpado indemnizará al agraviadlo los perjuicios que le 
ocasione. 

TITULO V 

DEL PODER LEGISLATIVO 

SECCION I 

De la Asamblea Legislativa 

Art. 17. El Poder Legislativo del Estado se ejerce por un cuerpo que se lla- 
mará «Asamblea Legislativ'a del Estado», para formar el cual cada Distrito elegirá 
por votación popular, directa y secreta, dos Diputados principales y dos suplen- 
tes y el Distrito capital elegirá tres. 

Alt. 18. Los Diputados á la Asamblea Legislativa, tanto principales como 
suplentes, durarán ' cuatro años, y solo podrán ejercer sus funciones en la época 
señalada para las reuniones ordinarias de dicha Asamblea, ó cuando ésta sea 
convocada extraordinariamente con arreglo á la presente Constitución. 

Art. 19. Para poder ser Diputado se requiere ser venezolano por naci- 
miento y haber cumplido veintiún años. 

Alt. 20. La Asamblea Legislativa se reunirá en la capital del Estado 
sin necesidad de convocatoria, el día 20 de febrero de cada año, ó el más 



Inmediato posible : sus sesiones durarán el lórminn improrrogable de treinta 
días. 

Art. 21. No se instalará la Asamblea Legislativa sin la concurrencia de 
las dos terceras partes, por lo menos, de la totalidad de sus miembros, ni podrá 
continuar sus sesiones con menos de la mayoría absoluta computada sobre la 
dicha totalidad. 

Si el día señalado para la .reunión de la Asamblea Legislativa nq se hallaren 
en la Capital del Estado los Diputados necesarios para su instalación, los presen- 
tes, cualquiera que sea su número, se reunirán en comisión preparatoria y dicta- 
rán medidas para obtener la concurrencia de los demás. 

Art, 22. La Asamblea Legislativa no podrá ser trasladada á otro lugar que 
no sea la capital del Estado, sino cuando por algún motivo grave lo acordaren 
así las dos terceras partes de sus miembros ; y, llegado el caso, se participará al 
Poder Ejecutivo dal Estado, informándole de los motivo que hayan determinado 
la traslación. 

Art. 23. Los Diputados desde quince días antes del señalado para la reu- 
nión de la Asamblea Legislativa, hasta quince días después de la clausura del 
Cuerpo, gozarán de inmunidad : la inmunidad consiste en la suspensión de todo 
procedimiento judicial. 

§ 1? Si durante la inmunidad algún Diputado comete un hecho que me- 
rezca pena corporal, el juicio se seguirá hasta terminar el sumario, y quedará er) 
este estado hasta el término de la inmunidad. ' 

§ 2° La Asamblea Legislativa no podrá en ningún caso allanar á alguno de 
sus miembros para que se viole en él la inmunidad. 

§ 3° Los Magistrados, autoridades ó corporaciones y sus agentes que priven 
de su libertad á un Diputado durante el goce de la inmunidad, serán sometidos á 
juicio y quedarán, por el mismo hecho, destituidos de sus empleos sin perjuicio de 
las penas que establece la ley para los infractores de la Constitución. Cualquier 
ciudadano puede intentar la acusación. 

Art. 24. Los Diputados rto son responsables de los votos que den, de las 
opiniones que emitan, ni de los discursos que pronuncien en las sesiones de la 
Asamblea Legislativa. 

Art. 25. El ejercicio de otra función pública es incompatible con el cargo 
de Diputado durante el período de sus sesiones. 

Art. 26. El cargo de Diputado es de libre aceptación. 

Art. 27. Las escusas que ocurran antes de la instalación de la Asamblea 
Legislativa serán dirigidas al Presidente del Estado, quien convocará al suplente 
que corresponda en el orden de la elección, lo que participará á la Asamblea. 
Guando esta estuviere' instalada, dichas excusas serán presentadas á ella, la cual 
hará la debida convocatoria, participándolo al Ejecutivo del Estado. 

Art. 28. Cuando por muerte, ó cualquiera otra causa que. produzca vacan- 
te absoluta, se hubiere agotado la lista de suplentes de Diputados á la Asamblea 
Legislativa por un Distrito, ó reducido á menor número del establecido, el Con- 
cejo Municipal del Distrito respectivo procederá á elegir Diputados principales y 
suplentes para llenar las vacantes que hayan ocurrido por el tiempo que falte pa- 
ra terminar el período. 



SECCION II 

De las atrilmciones de la Asamblea Legislativa, 

Art. 29. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa : 
!?• Calificar á sus miembros y conocer de su renuncias. 
2? Dictar su Reglamento Interior y de Debates. , 

3? Remover los obstáculos que se opongan al libre ejercicio de sus fun- 
ciones. 

4? Dictar las medidas de policía necesarias para la conservación del orden 
en el local de sus sesiones y acordar la corrección de los c|ue las infrinjan. ' 

Mandar ejecutar sus resoluciones privativas. 

6? Elegir el Presidente y Consejeros de Gobierno del Estado en la forma 
establecida por esta Constitución. 

7? Dictar las leyes orgánicas de los Poderes Públicos y legislar sobre todas 
las demás materias que no sean de la competencia del Congreso Nacional ó de 
otro de los Poderes Públicos. 

8° Dictar las leyes, decretos y acuerdos sobre asuntos de administración 
interior del Estado, reglamentarlos, reformarlos y derogarlos, promoviendo el 
desarrollo de los intereses intelectuales, morales y materiales. 

9?' Dictar la ley de responsabilidad de los altos funcionarios del Estado para 
el caso de infracción de la Constitución y leyes del Estado. 

10. Decretar anualmente el Presupuesto de Gastos Públicos del Estado. 
Eri dÍ2ho Presupuesto la suma de los egresos no debe exceder de la de los ingre- ■ 
sos probables en el año económico, y habrá siempre en él acordado una suma 
para gastos imprevistos. 

11. Establecer impuestos y contribuciones generales tomando en cuenta 
las disposiciones de la Constitución Nacional. 

12. Decretar empréstitos sobre el crédito del Estado. 

13. Organizar todo lo relativo á rentas y administración fiscal del Estado, y 
cuidar del crédito, bienes, rentas, gastos y buen manejo del Tesoro Público, y 
examinar las cuentas que los empleados del ramo deben presentarle en la opor- 
tunidad que determina la ley, dándoles el finiquito ú ordenando su enjuiciamien- 
to, según el caso. 

No podrá la Asamblea Legislativa distraer parte alguna de las rentas de los 
Distritos y Parroquias para los gastos generales del Estado. 

14 Crear, suprimir y dotar los empleos del Estado no determinados en es- 
ta Constitución. 

15 Resolver sobre la adquisición de bienes para el Estado y sobre enagena- 
ción en cualquier forma de los que le pertenezcan. 

16. Promover y fomentar la instrucción pública : establecer gratuita y obli- 
gatoria la primaria y gratuita la de artes y oficios. 

17. Promover la apertura de toda clase de vías de comunicación y la cons- 
trucción de las demás obras de utilidad pública. 

18. Dictar la Ley de Elecciones del Estado de conformidad con la Base 19, 
artículo 12 de la Constitución Nacional. 



— 13 — 



19. Elegir de fuera de su seno dos Senadores Principales y dos Suplentes 
para constituir el Senado de la República, débiendo tener los elegidos las con- 
diciones que prescribe la Constitución Nacional. 

20. Escrutar en el año respectivo, y dentro de los quince primeros días de 
sus sesiones ordinarias, los votos de los ciudadanos del Estado, para Diputados 
Principales y Diputados Suplentes al Congreso Nacional. 

21. Llenar las vacantes de Suplentes para Diputados al Congreso Nacional 
cuando, por muerte ó por cualquiera otra causa, se agolare ó redujere el número 
correspondiente al Estado, 

22. Elegir los Ministros de la Corte Suprema, el Juez Superior, el Procura- 
dor General del Estado y el Fiscal del Ministerio Público. Para llenar las faltas 
de estos funcionarios, elegirá, para que sean llamados por el orden de su elección, 
seis Suplentes para los Ministros de la Corte Suprema y tres para cada una de 
los otros_^empleos. 

23. Conocer de la renuncia del Presidente y de los Consejeros de Gobier- 
no del Estado. 

24. Aprobar, modificar ó negar los contratos de interés público que cele- 
brare el Presidente del Estado en uso de sus atribuciones legales. 

25. Conceder privilegios excltisivos por tiempo limitado á los que empren- 
dan cualquiera obra pública que contribuya al progreso material del Estado ; y 
otorgar premios ó recompensas á los que hayan prestado á éste grandes servicios. 

26. Resolver acerca de la erección de nuevos Municipios en el territorio del 
Estado, de conformidad ton la Ley de División Territorial. ^ 

27. Dictar la Ley de División Territorial del Estado. 

28. Fijar cada año la fuerza armada ó de policía, para garantía del orden 
y seguridad del Estado. 

29. Dictar la ley de policía de las fronteras del Estado con los Estados 
vecinos. 

30. Solicitar enmiendas ó adiciones de la Constitución Nacional, de acuer- 
do con la disposición contenida en el artículo 145 de la Constitución Nacional. 

31. Legislar sobre las demás materias que no sean de la competencia del 
Congreso Nacional, y ejercer cualesquiera otras atribuciones que se le señalen 
por leyes especiales. 

SECCION III 
De la formación de las leyes. 

Art. 30. Todo Proyecto de Ley puede ser presentado en la Asamblea Le- 
gislativa por cualquiera de sus miembros, si tiene el apoyo de uno ó más de ellos. 
Leído y admitido, se debatirá como lo determina el artículo 31 de esta Constitu- 
ción ; y, aprobado que sea en la forma dicha, se comunicará por duplicado al 
Presidente del Estado para su cumplimiento y ejecución. 

ArL 31. Todo Proyecto de Ley ó de Decreto sufrirá tres discusiones em- 
pleándose en cada una de ellas los días que fueren necesarios; pero entre una 
y otra discusión ha de haber un día de intermedio, por lo menos, compután- 
dose los días feriados. 



— 14 — 



Árt. 32. Ningún Proyecto de Ley ó de Decreto aprobado por la Asamblea 
Legislativa tendrá fuerza de ley mientras no reciba la sanción del Poder Ejecutivo 
del Estado, y éste debe hacerlo publicar y ejecutar dentro del término de ocho 
días después que se le haya comunicado. Si el Poder Ejecutivo dejare trans- 
currir este lapso sin haber llenado dicha formalidad, la Ley ó Decreto tendrá 
su fuerza y vigor, previa su promulgación, que será ordenada por la Asamblea 
Legislaliva. 

§ único. El Poder Ejecutivo, al sancionar una Ley ó Decreto, devolverá á 
la Asamblea Legislativa por el órgano del Secretario de Gobierno, uno de los 
ejemplares de que trata el artículo 30. 

Art. 33. La ley que reforma otra debe redactarse íntegramente y declarará 
derogada la anterior. 

Art, 34. Las leyes se derogan con las mismas formalidades que se obser- 
van para establecerlas, y ninguna será obligatoria mientras no sea promulgada 

Art. 35. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto 
Jas de procedimiento judicial y las que impongan menor pena. 

Art. 36. La Asamblea Legislativa usará en las leyes que expida, esta forma: 
"La Asamblea Legislativa del Estado Aragua, Decreta." 

Art. 37, El Proyecto de Ley que sea rechazado en una Asamblea Legisla- 
tiva, no podrá ser presentado en las mismas sesiones del año en que fue negado ; 
y cuando en las sesiones de los años siguientes vuelva á ser presentado, se consi- 
derá en primera discusión para su curso constitucional. 

Art. 38. Todo Proyecto de Ley que quede pendiente en las sesiones de un 
año, sufrirá en las del año próximo las tres discusiones constitucionales. 

Art. 39. La atribución de dictar las leyes no es delegable. La facultad 
que en algún caso se le dé al Poder Ejecutivo para reglamentar una disposición 
legislativa, ha de constar expresamente en la misma ley, y nunca podrá hacerse 
la reglamentación sino calcada en la letra y espíritu de aquélla. 

Art. 40. La Ley designará los viáticos y dietas de los Diputados á la Asam- 
blea Legislativa del Estado, y cada vez que se decrete alteración, ésta no regirá 
sino desde el período constitucional inmediato, 

TITULO VI 

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EvSTADO 
SECCION I 

Del Ejecutivo del Estado ■ 

Art, 41, Todo lo relativo á. la Administración General del Estado, que no 
esté atribuido á otra autoridad por la presente Constitución, es de la competencia 
del Poder Ejecutivo del Estado ; y este se ejerce por un Magistrado que se llama- 
rá Presidente del Estado, en unión de un Secretario General, que es su órgano, y 
con el voto del Consejo de Gobierno, en-ia. forma y modo que determinan está 
Constitución y las Leyes. 

Art, 42, Las funciones del Poder Ejecutivo del Estado no pueden ejercer- 
se fuera de la capital de éste, sino en los casos previstos y determinados por 
esta Constitución. 



— 15 — 



Arl. 43. Cuando el PresitU-nle dol Eblado asumiere el mando del P>jérc¡to 
de éste ó se ausentare de la oipilal del Estado, en uso de la í'acultad constitu- 
cional que se lo permite, será sustituido como lo dispone el parágrafo único del 
artículo 49 do la presente Constitución. 

SECCION II 

Del Presidente del Estado. 

Art. 44. El Presidente del Estado es agente* del Poder Federal ; y cumpli- 
rá y hará que se cumplan los resoluciones y órdenes que este dicte, siempre que 
no sean contrarias al Pacto de la Unión, á la autonomía ó integridad del Estado 
y á sus intereses privativos. 

Art. 45. Para ser Presidente del Estado se requiere : ser venezolano por 
nacimiento, tiaber cumplido veinticinco años de edad y estar en el goce de 
todos los derechos civiles y políticos. 

Art. 46. La Asamblea del Estado, dentro de los ocho primeros días de sus 
sesiones ordinarias, en el primer año de su período constitucional, procederá á 
elegir, de dentro 6 de fuera de su seno, por votación secreta, el Presidente del 
Estado ; y declarará electo al ciudadano que hubiere obtenido la mayoría abso- 
luta de votos de los miembros presentes. 

§ 1? En la misma sesión en que la Asamblea Legisl¿itiva elija el Presi- 
dente del Estado elejirá también, con las formalidades prescritas en esta 
Constitución, el Consejo de Gobierno, que se compondrá de tres Consejeros Prin- 
cipales y tres Suplentes, los que llenarán las faltas temporales ó absolutas del 
Presidente, en el orden de su elección. 

§ 2° La eleccióñ de Presidente y de Consejeros del Estado, deberá practi- 
carse en sesión pública permanente de la Asamblea Legislativa, y, á este fin, no 
podrá separarse de ella ningún Diputado concurrente, mientras no se haya efec- 
tuado la elección. Dicha sesión deberá ser anunciada por la imprenta con tres 
días de anticipáción. 

39 Del acta de esta sesión se compulsarán tres ejemplares para ser re- 
mitidos : uno al Ejecütiuo Federal, otro al Eegistro Principal del Estado y otro 
á la Corte Federal y de Casación. 

Art. 47. El día 20 de febrero del primer año de cada período constitucio- 
nal, entrará á desempeñar el cargo de Presidente del Estado el Presidente de la 
Corte Suprema, mientras que hecha la elección del nuevo Presidente, entra éste 
á tomar posesión de su cargo. 

Art. 48. El Presidente y los Consejeros de Gobierno elegidos, conforme a' 
artículo 46, prestarán la promesa legal ante la Asamblea Legislativa del Estado ; 
y cuando por ausencia ú otro causa justificada, no pudiere alguno de los elegidos 
prestar la promesa ante la Asamblea Legislativa, lo hará ante la Corte Suprema. 

Art. 49. El Período Presidencial será de cuatro años, contados desde el 
20 de febrero de 1910 ; y en el mismo día en que termine el período, aún cuan- 
do el ciudadano que se encuentre en ejercicio de la Presidencia no la hubiere 
desempeñado durante todo aquel tiempo, hará formal entrega de ella al Presiden- 
te déla Corte Suprema, quien á su vez la entregará al nuevo Presidente ó su 
sustituto legal, en caso de que por cualquier motivo el Presidente electo no pudie- 
re tomar posesión de su cargo, 



— i6 — 



§ único. En caso de faltas temporales ó absolutas del Presidente tomará 
posesión del Poder Ejecutivo el Consejero llamado á sucederle en el orden de 
elección ; y en defecto de éstos, el Presidente de la Corte Suprema. 

Art. 50. El Presidente del Estado, aunque no haya desempeñado su desti- 
no durante todo el período constitucional para que fué nombrado, no podrá ser 
elejido para el periodo siguiente. Tampoco podrá ser elejido Presidente pará 
el período inmediato el Consejero ó el Presidente de la Corte Suprema que hayan 
ejercido por más de tres meses la Presidencia en el último año del período 
anterior. • 

Art. 51. La ley señalará el sueldo del Presidente del Estado ; y la que lo 
modifique no regirá sino en el período constitucional siguiente. 

Art. 52. El Presidente del Estado ó el que haya hecho las veces de aquél, 
son reaponsables por traición á la Patria, por infracción de la Constitución y las 
leyes y por delitos comunes. 

SECCION III 

De las atribuciones del Presidente del Estado. 

Art. 53. El Presidente del Estado tendrá para su Despacho un Secretario 
General del Estado de su libre elección. 

Art. 54. El Presidente del Estado ejercerá las atribuciones siguientes : 

1" Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes nacionales y la Consti- 
tución y leyes del Estado. 

2!;^ Informar anualmente á la Asamblea Legislativa del Estado, y dentro de 
las cinco primeras sesiones de ésta, de cuanto, en materia de Administración Pú- 
blica, se haya ejecutado en el Estado. 

3? Vigilar la recaudación é inversión de las Rentas del Estado, para que se 
apliquen con arreglo á la Ley de Presupuesto. 

4? Visitar mensualmente la Tesorería, del Estado para notar el manejo del 
Tesoro Público y corregir cuantas faltas observe. 

5* Hacer los nombramientos que le atribuyen esta Constitución y las 
leyes. 

6?' Expedir los nombramientos de los Jefes y Oficiales de la Milicia ciuda- 
dana del Estado, con arreglo á la ley de la materia. 

7? Llamar al servicio militar á los ciudadanos que deban prestarlo para 
formar el contingente proporcional que corresponda al Estado en la formación 
del Ejército Nacional conforme á la Ley. 

8í Poner el «Cúmplase» á las leyes y decretos que expida la Asamblea Le- 
gislativa del Estado y hacerlas promulgar dentro de los ocho primeros días de ha- 
berlas recibido. 

9? Hacer publicar todas las leyes del Estado y remitir dos ejemplares de 
ellas á cada Ministro del Ejecutivo Federal, á la Corte Federal y de Casación, á 
cada uno de los Gobiernos de los demás Estados de la Unión, al Gobernador y 
al Registrador Principal del Distrito Federal y á los Gobernadores de los Territo- 
rios Federales. 

10. Promover en el Estado la más cumplida administración de justicia. 



11. Iniciar las obras públicas y vigilar su construcción y la inversión de los 
fondos que á ellas se destinen. 

12, Contratar la construcción de las obras públicas del Estado con las can- 
tidades que para cada una do ellas presuponga la Asamblea Legislativa, bajo las 
reglas y condiciones que la ley establezca. 

13 Promover y fomentar por los medios legales los intereses del Estado, 
particularmente la instrucción pública y las vías de comunicación. 

14, Visitar, por lo menos una vez en el periodo los Distritos del Estado, para 
informar á la Asamblea Legislativa sobre las faltas que note en las oficinas pú- 
blicas, é indicar los medios que, á su juicio, deban emplearse para corregirlas. 

15, Ejercer en el Estado las funciones que tenían anteriormente los Inten- 
dentes y Gobernadores en materia de Patronato Eclesiástico. 

16, Dispensar los impedimentos que se opongan á la celebración de los ma' 
trimon¡os,'^e conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. 

17, Remover los empleados de su libro elección y mandarlos suspender ó 
enjuiciar, si hubiere motivo para ello. 

18, Dar cuenta a) Ejecutivo Federal de los extranjeros residentes en el te- 
rritorio del Estado que juzgue perjudiciales á la seguridad interior ó exterior de 
éste. 

19, Ejercer la superior inspección de la policía en todos sus ramos, 

Art, 55. Además de las atribuciones anteriores, que son privativas del 
Presidente del Estado, éste, con el voto consultativo del Consejo de Gobierno, 
ejercerá las siguientes : 

1? Defender la integridad del territorio del Estado, sus fueros y sus dere- 
chos contra toda invasión. 

2* Defender la autonomía del Estado contra toda agresión y suges- 
tión de otro que comprometa su independencia, y desempeñar las demás 
funciones que le atribuyan las leyes nacionales y del Estado. 

3?- Negociar los empréstitos que decretare la Asamblea Legislativa del 
Estado, en entera conformidad con sus disposiciones, 

4? Defender contra toda violencia la independencia del Estado, y la in- 
tegridad de la Nación. 

5? Solicitar de los Gobiernos de los Estados limítrofes la internación de 
los asilados por motivos políticos, cuando lo exijan la paz y seguridad del Estado. 

6? Asumir el mando del Ejército del Estado, ó nombrar el que deba man- 
darlo, en caso de conmoción á mano armada contra el orden público y las insti- 
tuciones. En el primer caso, será reemplazado en la Presidencia, estimándose 
la separación como caso de falta temporal. 

Art. 56. Además de las anteriores atribuciones, el Presidente del Estado, 
previo el voto deliberativo del Consejo de Gobierno, ejercerá las siguientes : 

1? Convocar la Asamblea Legislativa del Estado para sesiones extraordi- 
narias en los casos en que sea indispensable considerar y resolver algún asunto 
grave, debiendo constar la convocatoria de todos los Diputados. 

2? Decretarla internación de los asilados por causas políticas, cuando, por 
fundado motivo, así lo exija el Estado vecino. 



« i 



— i8 — 



3? Hacer guardar el orden público en el Estado, llamando al servicio, 
cuando sea necesario la milicia ciudadana, y disponiendo de los fondos generales 
del Estado con dicho objeto. En los casos de guerra interior ó exterior, el Po- 
der Ejecutivo del Estado asumirá la Administración de los Distritos de su juris- 
dicción en lo económico y rentístico, con el voto de la Asamblea Legislativa, 
y si ésta no se encontrare reunida, con el voto deliberativo del Consejo de 
Gobierno. 

4? Designar árbitros para decidir las controversias que se susciten entre 
el Estado y otros Estados de la Unión cuando no sean sometidos á la Corte 
Federal y de Casación. Si la Asamblea Legislativa estuviere reunida, á ésta 
tocará hacer la designación, á solicitud del Presidente del Estado. » 

5? Celebrar convenios con los Gobiernos de los otros Esados sobre asuntos 
de interés público, ó para ejecución de obras de mutua utilidad general, 
sometiéndolos á la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

Art. 57. El Presidente del Estado podrá separarse temporalmente de su 
destino por motivos particulares, en cuyo caso se procederá conforme al pará- 
grafo único del artículo 49 de esta Constitución. 

Art. 58. El Presidente del Estado llevará la correspondencia con los altos 
íuncionarios, autoridades y corporaciones nacionales, y de los otros Estados ; y 
el Secretario General autorizará la que se dirija á los funcionarios y autoridades 
del mismo Estado. 

Art. 59. El Presidente del Estado puede tomar todas las medidas 
preventivas que crea necesarias para asegurar y conservar la paz y el orden 
públicos en cualquier parte del territorio del Estado. 

Art. 60. El Presidente del Estado ejercerá sus funciones solamente en la 
ciudad capital, excepto en los casos en que se encuentre practicando las visitas 
de los Distritos, y cuando la capital esté ocupada por fuerzas enemigas. 

V SECCION IV 

Del Secretario General del Estado. 

Art. 61. Además de las funciones y deberes que esta Constitución atribuye 
al Secretario General del Estado, la ley determinará cualesquiera otras que deba 
ejercer. 

Art. 62. Para ser Secretario General del Estado se requiere ser venezolano 
y haber cumplido veinticinco años. 

Art. 63. El Secretario General es el órgano legal y preciso del Presi- 
dente del Estado. Todos los actos de este Magistrado serán refrendados por 
aquel funcionario, y sin tal requisito, carecen de eficacia y no serán cumplidos 
ni ejecutados por las autoridades, empleados ó particulares. 

Art. 64. Los actos del Secretario del Estado deben arreglarse á esta 
Constitución y á las leyes. Su responsabilidad no se salva ni aun por la orden 
escrita del Presidente del Estado cuando obre en contrario á éllas. 

Art. 65. El Secretario General del Estado presentará á la Asamblea 
Legislativa la Memoria y cuenta anuales que á ella dirija el Presidente del Estado 
cuando éste no se reserve esta facultad. Tiene derecho de palabra en aquel 
Cuerpo y está obligado á concurrir á él cuando se llame á informar. 



• 



Art. 66. El Secretario General del Estado es responsable por las mismas 
causas que lo son el Presidente ó el funcionario que haya actuado con este 
carácter. 

SECCION V 
Del Consejo de Gobierno. 

Art, 67. Habrá un Consejo de Gobierno compuesto de tres vocales, que 
nombrará la Legislatura del Estado en los ocho primeros días de sus sesiones, 
en el primer año de cada período constitucional- También se elegirán en la 
misma forma los respectivos Suplentes, que llenarán las faltas temporales ó 
obsolutas del Principal correspondiente, en el orden de su elección. 

Art. 68. La duración del Consejo de Gobierno será la misma que la 
del Presidente del Estado. 

Art. 69. La Asamblea Legislativa al hacer la elección de miembros del 
Consejo, los numerará, á fin de que llegado el caso, suplan las fallas del 
Presidente del Estado, por el orden de su numeración. 

Art. 70. Será Presidente del Consejo de Gobierno el primer Consejero 
electo ; y el Cuerpo tendrá además un Secretario de su libre elección y los em- 
pleados subalternos que estime necesarios. 

Art. 71. El Secretario General del Estado, como órgano del Presidente 
del Estado tiene derecho de palabra en el Consejo, pudiendo concurrir á sus 
sesiones cuando lo crea conveniente, y debiendo asistir * á ellas cuando sea 
llamado á informar sobre alguna materia. 

Art. 72. El voto del Consejo de Gobierno es el de la mayoría de sus 
miembros ; pero el Consejero disidente tiene derecho de salvar su voto, pudiendo 
presentarlo por escrito en la sesión siguiente á aquella en que se haya emitido 
el dictamen. 

Art. 73. El Consejo llevará un registro de todos sus dictámenes del cual 
pasará anualmente copia autorizada á la Asamblea Legislativa dentro de los siete 
primeros días de sus sesienes. * 

Art. 74. Además de las atribuciones que le confiere esta Constitución, las' 
leyes podrán atribuir al Consejo de Gobierno funciones que sean cónsonas con 
su alto carácter. 

Art. 75. Los Consejeros de Gobierno son responsables de las mismas 
causales que el Presidente del Estado. 

SECCION VI 

Del régimen político de los Distritos. 

Art. 76. En cada Distrito habrá un Jefe Civil de libre elección y remoción 
del Presidente del Estado. 

Art. 77. Para ser Jefe Civil se requiere ser venezolano y mayor de veintiün 
años. 

Art. 78. Los Jefes Civiles de los Distritos residirán en las capitales de 
éstos. 



— 20 — 



Árt. 79. Los Jefes Civiles de Distrito son agentes inmediatos del Presidente 
del Estado, y como tales, deben cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las 
leyes nacionales, las del Estado y todas las disposiciones que aquel dicte relativas 
al orden público, y á la organización de las milicias y á la administración en el 
ramo ejecutivo. 

Art. 80. Los Jefes Civiles de los Distritos son también agentes inmediatos 
de las respectivas Municipalidades, y como tales, deben cumplir y hacer cumplir 
sus decretos, ordenanzas y resoluciones. 

Art, 81. Los Distritos se dividirán en Municipios, y en cada uno de éstos 
habrá un Jefe Civil de libre elección y remoción del Jefe Civil del Distrito. 
Dichos funcionarios tendrán las atribuciones que el Código del Régimen Político 
les señale. 

Art. 82. Para ser Jefe Civil de Municipio se requieren las mismas condi- 
diciones que para ser Jefe Civil de Distriro. 

TITULO VII 

Del Poder Municipal. 

Art. 83. El Municipio es autónomo en todo lo relativo á su régimen 
administrativo y económico. 

Art. 84. Todo lo relativo al régimen administrativo y económico de los 
Distritos, estará á cargo de un Concejo Municipal, quien tiene la facultad de 
legislar sobre la materia sujetándose á lo dispuesto en la base artículo 12 de 
la Constitución Nacional. 

Art. 85. El Concejo Municipal se compondrá de siete miembros princi- 
pales é igual número de suplentes, que llenarán las faltas de aquellos por el 
orden de su elección, elegidos todos por votación popular, directa y secreta. 

La Ley señalará sus funciones, de conformidad con lo que, sobre autonomía 
municipal, establece la Base 3? del artciulo 12 de la Constitución Nacional. 

La duración de los Concejos Municipales será de cuatro años, y tomarán 
posesión el día 20 de febrero del año en que empiece el período constitucional ; 
pero en cada año los Concejos Municipales practicarán elecciones, á fin de re- 
mover sus respectivas mesas. 

Art. 86. Para ser Concejal se requiere ser venezolono, vecino del Distrito 
y mayor de 21 años. 

Art. 87. El Poder Municipal se ejerce por los Concejos Municipales, 
Juntas Comunales y demás funcionarios que establezca la ley orgánica de este 
ramo de la Administración Pública, con las atribuciones que les señale la misma 
y las demás que tengan por leyes especiales. 

TITULO VIII 

Del Poder Judicial del Estado. 

Art. 88. El Poder Judicial del Estado se ejerce por una Corte Suprema, 
un Juez Superior y por los demás Tribunales y funcionarios que establezca el 
Código Orgánico de Tribunales. 

2 



— 21 



Art. 89. La Corte Suprema se coríipondrá de tres Ministros que deben 
ser venezolanos y mayores de 25 años. Las faltas de éstos serán llenadas por 
los suplentes respectivos, de la senaria formada por la Asamblea Legislativa al 
hacer 1^ elección de dichos Ministros. • Los suplentes deberán tenerlas mismas 
condiciones de aquéllos. 

Art. 90. El Juez Superior y el Fiscal del Ministerio Público deberán ser 
venezolanos y mayores de 25 años. Las mismas condiciones deberán tener los 
ciudadanos de las respectivas ternas de suplentes. El Código Orgánico de Tri- 
bunales determinará la manera de hacer la elección de los demás funcionarios 
judiciales y las condiciones que éstos deban tener. 

Art. 91. La duración de los empleados judiciales será la misma del 
período constitucional del Estado. 

Art. 92. La jurisdicción de la Corte Suprema y la del Juez Superior se 
extiende á todo el territorio del Estado. La jurisdicción de los demás Tribu- 
nales y Juzgados se limita á los términos que les señale el Código Orgánico de 
Tribunales. 

Art. 93. El Estado reconoce las atribuciones que sobre administración de 
justicia ejerce la Corte Federal y de Casación. 

Art. 94. Los empleados judiciales no podrán ser suspendidos de sus 
funciones sino por auto de sometimiento á juicio, ni ser destituidos de ellas sino 
en virtud de sentencia judicial ejecutoriada. 

Art. 95. El ejercicio de las funciones judiciales es incompatible con el de 
cualquier otro cargo público excepto si fuere de instrucción pública. 

Art. 96, Los cargos judiciales serán desempeñados por abogados de la 
República, y, en defecto de éstos, por Doctores en Ciencias Políticos ó Procu- 
radores, y, en último caso, por ciudadanos idóneos que reúnan las condiciones 
requeridas. 

Art. 07. De conformidad con la base 16 del artículo 12 de la Constitución 
Nacional, los Tribunales del Estado aplicarán las disposiciones de los Códigos 
Nacionales. 

TITULO IX 

DEL PROCURADOR GEENERAL DEL ESTADO 

Art. 98. Para ser Procurador General del Estado se requiere ser venezo 
lano, domiciliado en el Estado, abogado con tres años de ejercicio, 

Art. 99. El Procurador General del Estado y los suplentes que llenarán 
sus faltas por el orden de su elección, serán nombrados por la Asamblea Legisla- 
tiva del Estado. 

Art. 100. E' Procurador General del Estado ejercerá las funciones que le 
señale la ley y desempeñará el cargo por cuatro años. , 

TITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALEiS 

Art. 101. Los empleados y funcionarios del Estado son responsables por 
traición á la Patria, por soborno ó cohecho en el desempeño de sus funciones, 



— 22 



por infracción de la Constitución y las leyes, por delitos comunes y en los demás 
casos que determine la ley. 

Art. 102. . Todas las autoridades del Estado tienen el deber de garantizar 
la libertad eleccionaria como base que es de la efectividad de la República. 

Art, 103. Los Poderes Públicos no tienen otras atribuciones y facultades 
que las que le señale la ley. En consecuencia, toda autoridad usurpada es aten- 
toria y sus actos serán nulos. 

Art. 104. La autoridad militar y la civil nunca se ejercerán simultánea- 
mente por una misma persona ó corporación, excepto en los casos de perturba- 
ción del orden público. 

Art. 105. La milicia ciudadana es para conservar el orden y sostener las 
instituciones ; por lo tanto, cuando sea llamada al servicio, no delibera y es 
esencialmente obediente. 

Art. 106. Una ley especial del Estado determinará la organización de la 
milicia ciudadana y los servicios que deba prestar. 

Art. 107. La Asamblea Legislativa del. Estado, y, en receso de ella, el Po- 
der Ejecutivo, podrán pedir al Gobierno Federal la remoción de los empleados y 
fuerzas de su dependencia existentes en la jurisdicción del Estado, cuando exista 
motivo legal para ello. 

Art. 108. El ejercicio de cualquier función pública por individuos que ca- 
rezcan de la condición de ser venezolanos, de conformidad con la Constitución 
Nacional, se considerará como autoridad usurpada ; su elección es nula de de- 
recho y el que obrare en virtud de ella incurrirá en responsabilidad conforme á 
la ley. 

Art. 109 En todos los actos públicos y documentos oficiales del Estado, 
se citará la fecha de la Independencia á contar del 19 de abril de 1810 y la de 
la Federación á partir del 20 de febrero de 1859, según lo ordena el artículo 152 
de la Constitución Ncvcional 

Art. lio. Todas las controversias que surjan entre las autoridades del Es- 
tado con las del Distrito Federal ó con las de otro Estado, y entre el Poder Judi- 
cial y los demás del Estado, serán sometidas á la decisión de la Corte Federal y 
de Casación, en sus casos, y el falló se respetará y acatará como emanado de auto- 
ridad competente. 

' Art. 111. Las controversias entre derechos del Estado con otro ú otros 
de los que componen la Unión, se someterán á la decisión de la Corte Federal 
y de Casación cuando no pudieren ser resueltas pacíficamente y por medio de 
árbitros, de conformidad con la Base 25 del artículo 12 de la Constitución Na- 
cional* Se exceptúan las controversias sobre límites las cuales serán resueltas 
de conformidad con el § parágrafo único del artículo 59 y con el artículo 144 do 
la Constitución Nacional. 

Art. 112. Al declarar la Corte Federa! y de Casación la anulación de una 
ley porque colida con la Constitución ó con otra ley, dejará aquella de cumplirse 
y ejecutarse como ley del Estado. 

Art. 113. Cuando, por cualquier motivo, deje de votarse el presupuesto 
correspondiente á un período fiscal, continuará rigiendo el del período anterior. 

Art. 114. Los empleados públicos del Estado prestarán juramento de 
cumplir Y hacer cumplir la Constitución y leyes nacionales y las del Estado y de 
llenar fielmente los deberes do su cargo. 



Art. 115. Ningún cinduilauo podrá (lfsein[)Cüar más de un deslino lucra- 
tivo do nombraniionlo do la Asamblea Legislativa ó del Ejecutivo del Estado : la 
aceptación do otro equivale á la renuncia del primero. Se exceptúan los ramos 
de Instrucción Pública, 

Art. IIG. Las leyes que se dicten como complementarias á esta Constitu- 
ción han de subordinarse á lo establecido en ella. 

Art. 117. Se prohibe a toda autoridad ó corporación el ejercicio de cual- 
quier función que no le esté conferida por la Constitución y las leyes. 

• Art. 118. Ningún contrato do interés público celebrado por el Ejecutivo 
del Estado, por las Municipales ó por cualquier otro Poder Público, podrá ser 
traspasado en todo ó parte á Gobierno extranjero ; y en todos ellos se conside- 
rará incorporada,, aunque no lo esté, la cláusula siguiente : ''/a.s dudas y controver- 
sias de cualquier naturaleza que píiedan suscitarse sobre este contrato, y que no pue- 
dan ser i^esuellas aviig abléntente por las partes contratantes, serán decididas por los 
Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por nin- 
guna causa puedaii ser origen de reclamaciones c.rtran'jcrg.s.'''' Las sociedades que 
en ejercicio de dichos contratos se formen serán venezolanas, y á este efecto de- 
berán establecer su domicilio legal en el País. 

Art. 119. Guando, por trastorno grave del orden público, quede el Presiden- 
te del Estado en libertad para ejercer sus atribuciones constitucionales, el 
respectivo Consejero de Gobierno, y á falta de ('onsejeros el Presidente de la 
Corte Suprema, se encargará del Ejecutivo en cualquier punto del Estado en que 
se encuentren. En este caso, el funcionario que haya de ejercer el Ejecutivo, 
tomará posesión ante la primera autoridad del lugar dende se halle, haciéndolo 
constar debidamente y haciendo las participaciones necesarias. Este estado de 
cosas solo persistirá mientras dure el trastorno que lo haya ocasionado. 

Art. 120. El período constisucional se contará en el Estado á partir del 
20 de febrero de 1910 y durará cuatro años. 

Art, 12 L Todos los casos que puedan ocurrir no expresados en esta Cons- 
titución y que estén, en la Constitución.Nacional, se resolverán conforme á esta 
última 

Art. 122. Esta Constitución es suceptible de enmiendas ó adiciones ; pero 
ni unas ni otras se decretarán por la Asamblea Legislativa del Estado sino en 
sesiones ordinarias cuando sean solicitadas por las tres cuartas partes de los Con- 
cejos Municipales de los Distritos ; pero nunca se harán las enmiendas ó adicio- 
nes sino sobre los puntos en que coincida la mayoría de los Concejos Municipa- 
les, ni se podrán poner en vigor sino después de la renovación de los Poderes' 
Públicos del Estado que las hayan solicitado ó sancionado. 

Art. 123. Las enmiendas y adiciones constitucionales se harán por el 
mismo procedimiento establecido para sanciodar las leyes. 

Art. 124. Acordada la enmienda ó adición por la Asamblea Legislativa del 
Estado, el Presidente de ella la someterá á los Concejos Municipales para su 
.ratificación definitiva. 

Art. 125. Puede la Asamblea Legislativa del Estado tomar la iniciativa en 
las enmiendas ó adiciones y acordarlas por el procedimiento indicado en el artícu- 
lo anterior ; pero en este caso no se considerarán sancjoi'jadas sin la ratificación 
de las tres cuartas partes de los Concejos Municipales. 



— 24 — 



Art. 126. El voLo definitivo de los Concejos Municipales sobre enmiendas 
ó adiciones á la Constitución volverá siempre á la Asamblea Legislativa, quien lo 
escrutará y ordenará la promulgación de la enmienda ó adición. 

Art. 127. Esta Constitución empezará á regir desde el día de su promulga- 
ción en la capital y en cada uno de los Distritos del Estado. 

Art. 128. La presente Constitución, firmada por todos los miembros de la 
Asamblea Constituyente del Estado que se encuentren en la capital, y con el 
"Cúmplase" del Presidente Provisional, será promulgada inmediatamente en la 
capital, y en los Distritos tan luego sea recibida en ellos. 

Art. 129. Se deroga la Constitución del Estado Aragua sancionada por la 
Asamblea Constituyente con fecha 27 de julio de 1904. 

Dado en el salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Constituyente del 
Estado Aragua, en La Victoria, á nueve de noviembre de mil novecientos nueve. 
— Año 100" de la Independencia y 52° de la Federación. 

El Presidente de la Asamblea Constituyente, Diputado por el Distrito San 
Sebastián, 

G. Rodríguez Silva. 
El 1er. Vicepresidente, Diputado por el Distrito Girardot, 

Estallo Crespo. 

El 29 Vicepresidente, Diputado por el Distrito Mariño, 

Alejandro N. Jiménez. 

Diputados por el Distrito Ricaurte, 

Francisco Díaz., Donato Rivera. 

Diputados por el Distrito Zamora, 

A. Vallenilla Lanz, Francisco A. Zerpa. 

Diputado por el Distrito Mariño, 

José Angel Rodrigues, 

Diputado por el Distrito Girardot, 

José Félix Alas. 

Diputados por el Distrito San Casimiro, 

Cipriano Rodríguez, Carlos Rosales. 
Diputado por el Distrito San Sebastián, 

Francisco J. Arvelo P. 
Diputados por el Distrito Urdaneta, ' ' 

Ncri Vargas, Rosendo Durán. 

El Secretario, 

J. de J. Montesinos. 



Estados Unidos de Venezuela. — Gobierno Provisional del Estado Aragua, — La 
Victoria: 15 de noviembre de 1909.-100° y 519 
Cúmplase y cuídese de su cumplimiento. 

R. Andueza Palacio. 

El Secretario General, 

Pedro P. Montenegro, 



LEY DE DIVISION TERRITORIAL 



k Asaáia h§Mm id Estaáo Arp 

DECRETA: 
LEY DE DIVISION TERRITORIAL 

Art. 19 Los límites del Estado Aragua son : por el Norte, el mar Caribe ó 
de las Antillas ; por el Sur, el Estado Guárico ; por el Este, el Estado Miranda ; 
y por el Oeste, el Estado Oarabobo. 

§ primero. La línea divisoria del Estado Aragua con el del Guárico, es la 
siguiente : 

Desde el punto de la desembocadura del río Taguay, en el río Guárico, pa- 
sando por el Norte del pueblo ''Guásimo" en línea hacia el Occidente hasta en- 
contrar la loma de "Guamalito" y en línea recta hacia el Sur hasta la fila de 
"Campanario", quedando comprendidos en esta línea los ceros "Güesipo", "Ga- 
marra" y "Oorocito" y parte del valle y del río Guarumen. Continuando esta 
línea, siempre al Oeste, por la fila de ''San Patricio" hasta la fila de "Terrón 
Colorado", y siguiendo la fila de "Manuare'^ hasta la de "Platillón", sigue la 
línea hasta la loma de "Guamalito'', y de ahí hasta encontrar el río Ohirgua, lí- 
nea fronteriza de Carabobo. 

§ segundo. La línea divisoria del Estado Aragua con el de Miranda es la 
siguiente : 

Desde la desembocadura del río Maya en el mar, aguas arriba, hasta el Pico 
"San Carlos" ; de ahí por toda la fila hasta el Pico de "El Palmar'' ; desde este 
punto continúa el lindero, según el Laudo Arbitral de 18 de febrero de 1909, 
así : por toda la fila hasta el Alto de "Lagunazo," luego bajando por el estribo 
que va en dirección Este-Sureste hasta tropezar con el río Agua Fría, se sigue 
este río aguas abajo hasta donde lo toca por el Norte el pie de la loma "Qui- 
ripital," de este punto, directamente al Sur hasta el Alto de "Márquez" ; de 
aqui bajando por la Quebrada de "Los Patos" hasta el punto donde ésta se junta 
con la Quebrada "Araguatos" ; para formar entre los dos la Quebrada Seca de 
Tejerías y de este punto de unión de las dos quebradas una línea recta al "Por- 
tachuelo de Flores" ; de aquí línea recta á la Boca de "Cagua," luego se sigue 
por la quebrada de "Cagua," aguas arriba, y por la quebrada "Amelia," aguas 
arriba también hasta el Alto de "La Puerta" en la loma del "Hierro"; de aquí 
por ella en dirección Este, pasando por los picos "Consumidero," "Roncador" 
y "El Viento" en el punto denominado "Las Raíces," cabeceras del río Taguay 
hasta su desembocadura en el río Guárico. 

§ tercero. La línea divisoria del Estado Aragua con el de Carabobo, es la 
siguiente : 



— 28 — 



Desde la punta de Arva, entre Guyagua y Morro de Ohoroní, cortando por 
Jas cumbres de la cordillera de Ocumare, al punto del portachuelo de La Cabrera 
y atravezando la laguna de Valencia liasta la cuesta de Yuma ; desde este pun- 
to, línea recta, al Sur, hasta la desembocadura del río "Oamové" en el Manua- 
re, y de aquí, siguiendo la misma línea hasta encontrar los límites de la del Guá- 
rico con Aragua. 

Art. 2? El territorio del Estado comprendido dentro de los límites gene- 
rales fijados en el artículo anterior, se compone de los Distritos Ricaurte, Mariño, 
Girardot, Zamora, Urdaneta, San Casimiro y San Sebastián. 

Art. 39 El Distrito Ricaurte se divide en cuatro Municipios ; La Victoria, 
San Mateo, El Consejo y Tejerías. Su capital La Victoria. 

§ único. El Municipio Tejerías se compone de los vecindarios Las Te- 
jerías, su cabecera, Santo Domingo, Quebrada Seca, Guayas, Quebrada de Javillal, 
Mocundo, Boca de Cagua, Cagua Arriba, Cagüita, El Hato, La Jabonera, Que- 
brada de Morocopas, Tinapuey y Curieppe, cuyos límites son los siguientes : 
Por el Norte, con el Municipio El Consejo por la fila de "El Picacho" hacia el 
Este, hasta el punto denominado Márquez ; por el Este con el Distrito Federal, 
desde Márquez hacia el Sur, pasando por Quebrada Seca de Tejerías, El Palmar, 
Flores y Boca de Cagua, continuando al Sur por la fila de la hacienda La Mon- 
taña hasta Cagüita, pasando por Agua Blanca ; por el Sur, con el Municipio 
La Victoria partiendo de San Francisco ; por el Oeste,^ con el Municipio El Con- 
sejo desde el topo de San Francisco, línea Norte, por la quebrada de la Con^.ep- 
ción hasta terminar en el topo del "El Picacho." 

Art. 49 El Distrito Mariño se divide en tres Municipios : Turmero, Cagua 
y Santa Cruz. Su capital Turmero, 

Art. 5? El Distrito Girardot, se divide en dos Municipios : Maracay y 
Choroní. Su capital Maracay , 

Art. 69 El Distrito Zamora se divide en tres Municipios : Villa de Cura, 
San Juan de los Morros y San Francisco de Asís. Su capital Villa de Cura. 

Art. 7° El Distrito Urdaneta se divide en tres Municipios : Camatagua, 
Carmen de Cura y San Francisco de Cara. Su capital Camatagua. 

Art. 8° El Distrito San Casimiro se divide en dos Municipios : San Casimi- 
ro y Valle Morin. Su capital San Casimiro. 

Art. 99 El Distrito San Sebastián lo constituye el Municipio del mismo 
nombre. 

Art. 10. Los Distritos tienen por límites: 

19 El Distrito Ricaurte: confina al Norte y al Este con los mismos lími- 
tes del Estado Aragua con los de Miranda, determinados en el páragrafo segundo 
del artículo primero de la presente Ley. Por el Sur, «con los Distritos Zamora, 
San Sebastián y San Casimiro ; con el primero por la fila de "El Peñón" ; con 
el segundo, la linea de la sierra llamada del Sur, hasta "Casupo" y "Los Enca- 
res", y con el tercero, en el punto denominado "Puerta de Guaipó." Por el 
Oeste, con los Distritos Mariño y Zamora ; con el primero desde la "Punta de 
Tunja", en las riberas del mar de las Antillas, en línea hacia el Sur, remontando 
las filas de "Paya" viene á las de "El Calvario" y pasa por "Capino" sigue al 
cerro de "El Empalado" atravieza la cuesta de "Las Muías" hasta la margen del 
caño de "Aparo" ; y con e! segundo Distrito desde la cuesta de "Las Muías" 
hasta la fila de "El Peñón." 



3 



— 29 -— 



DISTRITO MARIÑO 

2'' Confina al Noffe con el mar de las Antillas, comprendiendo los puertos 
"Valle Seco," "Chnao," "Cepe," "Túsbua" y "Paraulata." Por el Sur, con el Distrito 
Zamora, siendo la línea divisoria toda la extensión del caño de "Aparo." Por el 
Este con el Distrito Ricaurte en la línea divisoria establecida entre ambos Distri- 
tos. Por el Oeste con el Distrito Girardot en una línea que, partiendo del mar 
de las Antillas, viene hacia el Sur, atraviesa las filas de "Santa Rosa," "Guaya- 
bita" y "Tucupido," baja á "Caño Colorado" y sigue por la orilla del lago de 
Valencia hasta la desembocadura del caño de "Aparo." 

DISTRITO GIRARDOT 

39 Confina al Norte con el mar de las Antillas, en toda la extensión com- 
prendida entre el punto donde principia la línea divisoria con Carabobo y el 
punto de la línea divisoria con el Distrito Mariño. Por el Sur con el lago de Va- 
lencia, desde la desembocadura del río "Camburito" en dicho lago, hasta "La 
Cabrera". Por el Este con el Distrito Mariño por la línea divisoria señalada en- 
tre ambos Distritos. Por el Oeste con la línea divisoria establecida por la Ley 
de División de 1856 entre los . Estados Carabobo y Aragua. 

DISTRITO ZAMORA 

49 Confina al Norte con los Distritos Mariño y Ricaurte ; con el primero, 
por toda la extensión del caño de "Aparo" y con el segundo por la fila de "El 
Peñón." Por el Sur, con parte del Distrito Roscio, del Estado Guárico. Por el 
Este con el Distrito San Sebastián, desde el punto de "El Peñón," hacia el Este, 
al punto denominado "La Lagunita" y luego hacia Suroeste, á la fila de "Cum- 
bito" y portachuelo de "Los Naranjos." Por el Oeste, con la línea de Aragua 
con Carabobo, Esta línea es la fijada por el artículo 17 de la Ley de División 
Territorial de 1855, así: con la provincia de Aragua serán sus límites los anti- 
guos hasta la cuesta de Yuma, y desde este punto, línea recta al Sur, hasta la 
desembocadura d^l río Camové en el Manuare, y de aquí siguiendo la misma lí- 
nea, hasta encontrar los límites de la del Guárico con la de Aragua. 

i 

DISTRITO SAN SEBASTIÁN 

59 Confina al Norte con los Distritos Ricaurte y Guaicaipuro (Estado Mi- 
randa) ; con el primero en el punto denominado "Puerta de Guaipó" y con el 
segundo en la fila de "Camburito". Por el Noreste con el Distrito San Casimi- 
ro en la fila denominada "La Carolina." Por el Este con el mismo Distrito des- 
de el punto denominado Bocas de la Quebrada de "El Carrizal," luego hacia el 
Sureste por la margen derecha del río Guárico, aguas abajos, á limitar con el 
Distrito Urdaneta en el alto llamado "El Rucito." Por el Sur limita con el 
Distrito Roscio del Estado Guárico, en el portachuelo de "Pinto Abajo," y de 
aquí hacia el Sureste á la Punta de "El Peñón," donde principia la línea diviso- 
ria con el Distrito Zamora. 

DISTRITO SAN CASIMIRO 

69 Confina al Este con el Distrito Urdaneta, en la línea divisoria trazada 
en los límites de este Distrito. Por el Oeste con el Distrito San Sebastián, se- 
gún la división señalada en los límites de dicho Distrito. Por el Norte con el 



— 30 — 



Distrito Guaicaipuro, en el límite señalado con el Estado Miranda ; y con el Dis- 
trito San Sebastián en el punto denominado "La Carolina". Por el Sur con 
el río Guárico en la línea divisoria de este Estado con aquél. 

DISTRITO URDANETA 

79 Confina al Norte y Noreste con la línéa divisoria entre Aragua y Mi- 
randa, por el Sur, con la línea divisoria entre este Estado y el del Guárico. Por 
el Oeste con el Distrito San Sebastián en el punto denominado "£l Rucito" y 
"La Represa" en el río Guárico, y con el Distrito San Casimiro por la fila de 
"La Gnzmana," línea recta á la qrtebrada "Los Cajones," y de este punto, línea 
recta por el alto de "Totumito," y la loma de Valle Morín se sigue á "Pozo Lar- 
go," y de ahí á "El Alto de Gorozito," buscando la fila de "Pire" y el paso de 
"El Hierro," línea recta hasta la "Fila Maestra" en donde linda con el Estado 
Miranda. 

Art. 11. Pertenece también al Estado Aragua, según los límites fijados por 
la Ley Nacional de División Territorial de 1856, el Municipio Belén en el Distri- 
to Zamora, y que no se ha incluido expresamente por controversia con el Estado 
Carabobo. 

Art. 12. El Ejecutivo del Estado continuará activando el reclamo y recu- 
peración del Municipio Belén ; quedando autorizado para fijar exactamente los 
límites de dicho Distrito ó para hacer la rectificación que convenga en los limites 
generales del Estado. 

Art. 13. Las controversias que surjan sobre los límites de los Distritos y 
Municipios serán resueltas por la Legislatura del Estado, sin perjuicio de la auto- 
rización que á la Corte Suprema confiere el Código Orgánico de Tribunales. 

Art. 14. La creación ó eliminación de Distritos ó Municipios, demarcación 
de sus límites ó su alteración y el cambio de capital de los Distritos, corresponde 
á la Legislatura del Estado. 

Art. 15. Son condiciones indispensables para la creación de nuevos Mu- 
nicipios : 

1?' Sostener una escuela de varones y otra de hembras con sus propias 
rentas. 

2* Construir y mantener debidamente una casa Municipal con sus depar- 
tamentos necesarios para Oficinas y Cárcel. 

3? Mantener en buen estado y cercado, como determine el Concejo Muni • v 
cipal, un Cementerio. 

Sostener el tren de empleados que exija la categoría del Municipio. 

Conservar en buen estado las vías de comunicación de los Municipios 
limítrofes acordándose con los Concejos y Juntas Comunales respectivas para su 
apertura, refacción y mejora. 

Art. 16. Para la creación de un nuevo Distrito ha de ser sin disminuir el 
número de Municipios de que constan los Distritos creados por esta Ley y que 
además pueden llenar las condiciones requeridas en el artículo anterior. 

Art. 17. En el Municipio La Victoria, del Distrito Ricaurte, quedan 
comprendidos, con sus respectivos límites, los vecindarios que, según leyes ante- 
riores, formaron los Municipios Candelaria y Zuata. 



— 31 — 



Art. 18. Se deroga la Ley de División Territorial dictada por la Asamblea 
Constituyente del Estado Aragua, el 5 de agosto de 1904. 

Dado en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los diez y ocho días del mes de marzo de 
1910. — Año 100? de la Independencia y 52V de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroyo. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragna. — La Victo- 
ria : 26 de marzo de 1910.-100° y 529 

Cúmplase. 

R. Andüeza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



LEY DE RÉGIMEN POLITICO Y DE SANIDAD 



La Asaáb k§iúm iú Eskio Arapa 

DECRETA: 

LEY DE RÉGIMEN POLÍTICO Y DE SANIDAD 

TITULO I 

DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

Art. 19 El Consejo de Gobierno que establece el artículo 67 de la Consti- 
tución, residirá en la capital del Estado, donde solamente podrá funcionar. 

Art. 2? El mismo día que fueren elegidos los miembros del Consejo de 
Gobierno, ó el más inmediato posible, procederán á instalarse con la asistencia 
de la totalidad de sus miembros. 

Art. 39 Cuando por cualquier causa llegare á faltar algún miembro del 
Consejo de Gobierno, ocupará su puésto el Consejero inmediato que le siga; 
' de manera que tanto los principales como los suplentes sean llamados y entren 

á ejercer sus funciones, según el orden en que fueron numerados, todo de con- 
formidad coii lo establecido por la Constitución del Estado. 

Art. 49 El Consejo de Gobierno, además de las atribuciones que le conce- 
de la Constitución, tiene las siguientes : 

1? Dictar el reglamento interior y de debates que ha de observar en sus 
trabajos, con sujeción á la Constitución y á la presente ley. 

2* Otorgar licencia á sus miembros para separarse de sus puéstos hasta 
por treinta días. Estas licencias no podrán concederse conjuntamente á dos 
miembros. 

3? Ejercer las demás atribuciones que le concedan las leyes. 

4^ El empleo de Consejero de Gobierno es incompatible con cualquiera 
otro destino público, nacional ó del Estado. 

TITULO II 

DE LOS JEFES CIVILES DE DISTRITO 

Art. 59 Los Jefes Civiles de Distrito son la primera autoridad civil y po- 
lítica en el territorio de éste, y les están subordinados los demás funcionarios 
en todo lo relativo al orden y tranquilidad públicos, á la seguridad de las per- 
sonas y propiedades de los habitantes. 



Art. 69 Los Jefes Civiles de Distrito son agentes inmediatos del Presidente 
del Estado, deben residir en el Municipio Capital y no pueden salir de él sin 
permiso del Magistrado, excepto en los casos que la Ley determina : y tendrán 
un Secretario de su libre nombramiento y remoción, que autorizará todos sus 
actos, y además un Portero. 

§ único. Las faltas de los Jefes Civiles de Distrito serán llenadas por su- 
plentes respectivos nombrados por la misma autoridad que elige aquéllos. 

Art. V Son funciones de los Jefes Civiles de Distrito además de las 
determinadas en la Constitución : 

I* Conservar el orden y tranquilidad públicos, y respetar y hacer respetar 
las garantías constitucionales. 

2* Cuidar de que se publiqueay ejecuten la Constitución y Leyes del Esta- 
do, dando aviso al Ejecutivo del día de la publicación en cada Municipio del 
Distrito. 

3* Ejecutar y hacer que se ejecuten las disposiciones legales de las autori- 
dades superiores, y las Ordenanzas, Acuerdos y Eesoluciones de los Concejos 
Municipales. 

4?- Dictar las providencias conducentes á que se verifiquen oportunamente 
las elecciones. 

Prestar apoyo á todos los funcionarios públicos en la ejecución de las 
providencias y órdenes que dictaren conforme á las leyes. 

6? Hacer cumplir las leyes y disposiciones sobre policía en todos sus ramos 
y que se ejecuten las penas que ellas imponen á los infractores. 

7? Llamar la milicia al servicio cuando así lo disponga el Presidente del 
del Estado, conforme á la ley respectiva. 

8?^ Visitar los Municipios que formen el Distrito, por lo menos una vez al 
año para informarse por sí mismo del cumplimiento de las leyes, marcha del 
servicio público y conducta de los empleados, y corregir los abusos que sean 
de su competencia é informar de todo al Presidente del Estado y al Concejo Mu- 
nicipal, para que dicten las medidas que les competa. 

O?' Eemitir al Ejecuiivo del Estado, dentro de los cinco primeros dias de 
cada mes, los cuadros estadísticos relacionados con el movimiento demográfico 
del Distrito. 

10. Tomar, oído el informe de la Junta de Sanidad, las medidas necesa- 
rias para impedir el desarrollo de cualquiera epidemia ó de enfermedades con- 
tagiosas, con cuyo fin, y el de promover la conservación y propagación de la va- 
cuna, se dirigirán al Presidente dei Estado y al Concejo Municipal respectivo. 

11. Cuidar de que no existan casas de juego y castigar á los vagos, apli- 
cándoles rigurosamente las leyes sobre la materia. 

12. Pedir á los tribunales y juzgados de Distrito, siempre que lo crean con- 
veniente, noticias é informes acerca del estado de las causas criminales, para 
dar cuenta al Presidente del Estado, y denunciar las dilaciones ó defectos que ad- 
viertan ó de que reciban quejas fundadas. 

13. Dar cuenta al Ejecutivo del Estado de sus actos é instruirle de todo 
lo que sepan, observen ó llegue á su noticia con relación al orden público. 

14. Arrestar ó decretar arrestos contra los que se hallen delinquiendo, en- 
tregándolos á la autoridad ordinaria á los fines del juicio correspondiente. 



-36- 



15. Pasar semanalmente al Ejecutivo del Estado, una relación de los presos 
que existan en la Cárcel Pública, expresando el delito porque están presos, la 
autoridad que los prendió, la fecha de su prisión y el Juzgado que conozca de 
las cansas. 

16. Hacer cumplir las penas que las leyes del Estado ó Municipales esta- 
blezcan en maieria de policía, é imponer multas hasta de ochenta bolívares ó 
arrestos hasta de tres días á los que dosobedezcan las órdenes que dictaren en' 
la esfera de sus atribuciones legales. 

17. Exigir de los Jefes Militares el castigo de las Oficiales y soldados en 
guarnición ó en marcha que violen las garantías constitucionales ó cometan exce- 
sos contra las personas y propiedades. La omisión en el cumplimiento de este 
deber será penada con destitución del empleo y multa de cien á mil bolívares, 
según la magnitud del daño causado. 

18. Desempeñar las demás funciones que les atribuyen las leyes. 

TITULO III ^ 

DE LOS JEFES CIVILES DE MUNICIPIO 

Art. 89 Los Jefes Civiles de Municipio están subordinados inmediatamente 
al Jefe Oivil del Distrito respectivo. 

§ único. Las faltas de los Jefes Civiles de Municipio las llenará el suplen- 
te respectivo, nombrado por la misma autoridad que elige aquéllos. 

Art. 9° Los Jefes Civiles de Municipio tienen :in secretario de su libre 
nombramiento y remoción. 

Art. 10. Además de los deberes que les impone la Constitución del Estado, 
ejercerán las siguientes : 

19 Cuidar de ^a conserváción del orden y tranquilidad públicos en el terri- 
, torio de su jurisdicción, y de que no se atente con vías de hecho ni de modo al- 
guno contra la vida, la libertad, propiedad y demás garantías del ciudadano, 
ejerciendo su acción protectora cada vez que descubran el intento de hacer efec- 
tivo el ataque. 

2° Cuidar así mismo de la salubridad, comodidad, ornato y aseo del Mu- 
nicipio. 

3° Hacer publicar en el territorio de su jurisdicción las leyes y decretos 
del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado, siempre que les atañen directa 
ó indirectamente, y las Ordenanzas y Acuerdos del Concejo Municipal del Distri- 
to y de la Junta Comunal del Municipio, dando aviso á su inmediato superior del 
día de la publicación. 

49 Ejercer en el Municipio de su cargo las mismas atribuciones conferidas 
al Jefe Civil del Distrito en los números 4, 5, 6, 9,10, 11, 12, 14, 15, 16 y 
17 del artículo 79 ; pero las obligaciones que al Jefe Civil del Distrito im- 
ponen los números 9, 10 y 15, respecto de su inmediato superior, las cumplirán 
con el Jefe Civil del Distrito ; y la multa ó arresto que éstos impongan en cum- 
plimiento del número 16, no podrán exceder de cuarenta bolívares la primera 
ni de cuarenta y ocho horas el segundo. 

5° Ejercer las demás atribuciones y deberes que determina la Ley. 
4 

t 



TITULO IV 



DE LOS COMISARIOS DE POLICÍA 

Art. 11. En cada Municipio habrá tantos Comisarios de Policía como lo 
exijan su extensión y población, á juicio del Jefe Civil del Distrito, previo infor- 
me del de Municipio. 

Art. 12, Los Comisarios de Policía serán nombrados por el Jefe Civil del 
Distrito, en el Municipio Capital, y en los Municipios foráneos por los Jefes Civi- 
les respectivos. 

Art. 13. Los Comisarios de Policía cuidarán de la conservación del orden 
y tranquilidad públicos en los límites de su jurisdicción ; cumplirán las órdenes 
que reciban de sus superiores, de conformidad con las ordenanzas, y llenarán los 
demás deberes que les impongan las leyes. 

TITULO V 

DE LAS JUNTAS DE SANIDAD 

Art, 14. Habrá una Junta Superior de Sanidad en la capital del Estado, 
otra Subalterna en cada una de las capitales de los Distritos y Juntas Municipales 
de Sanidad en cada uno de los Municipios foráneos. 

Art. 15. La Junta Superior de Sanidad se compondrá del Secretario Ge- 
neral de Gobierno, quien la presidirá, del Vicario ó Cura Párroco, del Presidente 
del Concejo Municipal del Distrito Capital y de tres facultativos nombrados por 
el Ejecutivo del Estado, el que designará la persona que debe desempeñar las 
funciones de Secretario. Cada Junta Subalterna se compondrá del Presidente 
del Concejo Municipal, que la presidirá, del Cura Párroco y de dos facultativos, 
haciendo las veces de Secretario el que lo sea de la expresada Corporación ; ca- 
da Junta Municipal, se compondrá del Jefe Civil, que la presidirá, del Cura Pá- 
rroco y de un facultativo, si lo hubiere ; en defecto de éste, nombrarán aquellos, 
dos vecinos del lugar, sirviendo de Secretario el que lo sea del Jefe Civil del Mu- 
nicipio. 

Art. 16, Corresponde á la Junta Superior de Sanidad formar los reglamen- 
tos sanitarios que deben observar las Subalternas y las Municipales, 

Art, 17. Las Juntas de Sanidad promoverán ante las Corporaciones y fun- 
cionarios competentes, el establecimiento de cementerios en la forma y lugar 
más convenientes, y cuidarán con especialidad de que se propague la vacuna. 

Art. 18. En los casos de epidemias ó enfermedades contajiosas, las Juntas 
de Sanidad informarán inmediatamente á las autoridades y Corporaciones corres- 
pondientes acerca de todas las medidas que deben adoptarse para impedir el 
contagio y restablecer la salubridad pública. 

Art. 19. La Junta Superior desempeñará en el Distrito capital las mismas 
atribuciones que las Subalternas ; y todas éllas así como las Municipales, se co- 
municarán frecuentemente, dependiendo unas de otras, según el orden establecido 
en el artículo 9? de esta Ley. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 20. Los Jefes Civiles de Distrito y de Municipio son responsables por 
los delitos y faltas cometidos en el ejercicio de sus funciones, en los casos y tér- 



tninos prescritos por la Ley de Responsabilidad de Empleados. 
Art. 21. Se deroga cualquiera otra Ley sobre la materia. 

Dado en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á diez de marzo de mil novecientos diez. —Año 
100° de la Independencia y 529 de la Federación. 

El Presidente, 

Pedro Arcia Avís. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ria : 10 de marzo de 1910.— 1009 y ñ2? 

Cúmplase. 

E. Andueza Palacio 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



i. 



1 



LEY DE PAPEL SELLADO 



V 



\ 




DECRETA: 

LEY DE P^PEL SELLi^DO 

TITULO I 

Art. 19 Se establece un derecho de sellos con el cual se contribuirá á la 
formación de la renta interna del Estado, al tenor de lo dispuesto en esta Ley. 

Art. 29 Habrá seis clases de papel sellado, con los valores siguientes : 



1? 




Bs. 


50, 


2? 






25, 


3? 






15, 


4? 






5, 


5» 






2, 


6* 






1,50, 



Art. 39 El sello será de forma circular de cuarenta y cinco milímetros de 
diámetro : en su centro llevará el escudo del Estado : en la parte superior de la 
orla esta inscripción : «Estado Aragua» ; y en la inferior, la clase á que pertenece, ■ 
el valor en número y el año á que corresponda, expresado en letras, 

ArL 4? Habrá una Junta compuesta del Secretario General de Gobierno, 
del Presidente de la Corte Suprema y del Tesorero General, encargada de dirigir 
y vigilar el timbre de papel. 

Art. 59 Los sellos del timbre estarán á cargo del Tesorero, que los con- 
servará en la Caja de la Tesorería bajo su responsabilidad. 

Art. 69 Cuando el Tesorero General calcule que el papel se va á agolar, 
lo avisará al Poder Ejecutivo, con todos los demás informes del caso, para que 
éste indique á la Junta la cantidad de sellos que deba timbrarse. 

Art. 79 Constituida la Junta en la Oficina de la Tesorería General del 
Estado, dispondrá la mejor manera de presenciar la operación de sellar. 

Art. 89 Todos las clases de papel determinadas en esta Ley, llevarán im- 
presas en el centro de la parte superior de cada medio pliego, el sello especifi- 
cando en el artículo 3°, excepto el de la clase 1?-, al cual corresponde un solo 
sello por medio pliego. 



— 42 — 



Art. 99 Ningún sello podrá expedirse sin que lleve en su parte superior, 
además de lo indicado en el artículo 3^ los respectivos sellos de la Corte Supre- 
ma y de la Tesorería General del Estado. 

Art. 10. Terminada la operación de sellar y timbrar todo el papel que se 
haya dispuesto emitir, se extenderá por duplicado una acta autorizada por los 
miembros de la Junta, en que se exprese el número total de sellos emitidos, 
determinando las respectivas clases. Un ejemplar de esta acta se entregará al 
Tesorero General para que le sirva de comprobante del cargo, y el otro se depo- 
sitará en el Archivo del Gobierno. 

TITULO II 

Art. 11. La primera clase servirá para los títulos, nombramientos ó des- 
pachos de toda clase de empleados, cuya dotación, renta ó comisión exceda de 
de doce mil bolívares anuales ; para los títulos de Abogados y Procuradores ; 
para la primera hoja de libros jornales de los comerciantes por mayor y cambis- 
tas; para la primera hoja de los contratos que so celebren con el Gobierno del 
Estado y para los documentos de árbitros, donaciones, ventas, permutas, funda- 
ción de dotes, cesión de derechos, contratos de sociedades, depósitos, fianzas, 
pagarés, obligaciones, cartas de pago, cancelaciones y toda clase de recibos, cuyo 
valor sea ó exceda de cuarenta mil bolívares. 

Art. 12. La segunda clase servirá para los títulos ó despachos de la misma 
clase de empleados de que habla el artículo anterior, cuya dotación, renta ó co- 
misión sea ó exceda de seis mil bolívares anuales y no llegue á doce mil ; para 
los títulos provisionales de minas y además para el título de Registrador Princi- 
pal, y para la primera hoja de los documentos expresados en el artículo anterior 
cuyo valor exceda de ocho mil bolívares y no llegue á cuarenta mil. 

Art. 13. La tercera clase servirá para los títulos, nombramientos ó despa- 
chos de la propia clase de empleados, cuya dotación renta ó comisión exceda 
de cinco mil bolívares, y no llegue á seis mil anuales ; y además, para la primera 
hoja de los documentos indicados en el artículo 11 de esta Ley, cuyo valor 
exceda de cuatro mil bolívares y no pase de ocho mil. 

Art. 14. La cuarta clase servirá para los títulos, nombramientos ó despa- 
* chos de la propia clase de empleados, cuya dotación, renta ó comisión anual sea 
ó exceda de tres mil bolívares y no pase de cinco mil ; para los documentos ex- 
presados en el artículo 11 de la presente Ley, cuyo valor exceda de tres mil bo- 
lívares y no pase de cuatro mil ; para los títulos de Registradores Subalternos y 
para obtener las patentes de industrias, cuyo monto anual sea ó exceda de tres- 
cientos bolívares. 

Art. 15. La quinta clase servirá para los títulos ó despachos de la misma 
clase de empleados, cuya dotación, renta ó comisión anual sea ó exceda de mil 
quientos bolívares y no llegue á tres mil ; para las hojas s:ibsiguientes de los 
documentos expresados en los cuatro artículos precedentes, para los mismos 
documentos cuyo valor sea ó exceda de mil bolívares, sin llegar á tres mil ; para 
las patentes de industrias cuyo monto sea exceda de ciento cincuenta bolívares 
y no llegue á trescientos bolívares anuales ; y para la licencia que debe otorgar 
la autoridad civil para el degüello de ganado vacuno. Se incluye en esta clase 
la adopción y recocimiento de hijos naturales. ^ 

Art. IG. La sexta clase servirá para los títulos ó despachos de la misma 
clase de empleados, cuya dotación, renta ó comisión anual no llegue á mil qui- 



nientos bolívares ; para los documentos referidos en los cinco artículos anteriores 
cuyo monto sea ó exceda de ciento sesenta bolívares, sin llegar á mil ; en el se- 
llo de esta clase se expedirán también las licencias para ejercer la industria de de- 
güello de cerdos y de ganado cabrío y lanar, y las patentes industriales que sean 
de sesenta bolívares y no lleguen á ciento cincuenta bolívares anuales. 

§ único. Para obtener patente industrial, el interesado consignará en la 
Administración de Rentas respectiva, el sello correspondiente ; y el Administrador 
pondrá en él la nota de inutilizado, expresando el número y el valor de la patente, 
bajo su firma, y lo agregará á la patente que expida. 

Art. 17. Los poderes generales y sustituciones se otorgarán en papel de 
la clase cuarta y los especiales y sus sustituciones, en papel de la clase quinta. 

Art. 18. Para toda representación á funcionarios públicos de cualquier or- 
den que sean, se empleará el papel de la clase quinta y también para todo docu- 
mento que no tenga señalado en esta Ley el papel en que deba extenderse. 

Art. 19. Para los protocolos de instrumentos públicos se usará el sello co- 
rrespondiente á la quinta clase. 

Art. 20. Los documentos de fianzas, hipotecas, donaciones, cesión de 
derechos ó traspaso de dominios en que los otorgantes no expresen las canti- 
dades que garantizan ó el precio de las cosas que enajenan, se extenderán en 
papel sellado de la clase cuarta. 

Art. 21. Los contratos de arrendamientos se extenderán en papel de la 
clase á que correspondan según esta Ley, y teniendo por base el monto total d e 
la cantidad que se obligue á pagar el arrendatario, por todo el tiempo del arren- 
damiento. 

§ único. Los contratos en que no haya término fijo para el arrendamiento, 
y en los que éste sea indefinido, se extenderán en papel de la clase segunda. 

Art. 22. Los testimonios ó copias certificadas de documentos sujetos al 
derecho de sellos, que expidieren los Registradores, se extenderán en papel de la 
misma clase á la en que se hubieren extendido los originales.. 

§ único. Las certificaciones sobre libertad ó gravamen de fincas y de matri- 
monios, nacimientos ó defunciones y toda otra que se solicite de algún funciona- 
rio público, así como las licencias para espectáculos públicos, se extenderán en , 
papel de la clase quinta. 

TITULO III 

uso EN LO JUDICIAL 

Art. 23. Los juicios de que conocen los Jueces de Municipio se sustancia- 
rán en papel de la clase sexta, pero las sentencias definitivas de estos juicios, se 
extenderán en papel de la clase quinta. 

Art, 24. Los juicios de que conocen los Jueces de Distrito y los de Prime- 
ra Instancia en lo Civil y Mercantil, se sustanciarán en papel de la quinta clase, 
pero las sentencias definitivas que dictaren, ^ se extenderán en la clase 
cuarta. 

Art. 25. Los juicios de que conozcan el Juzgado Superior y la Corte Su- 
prema se sustanciarán en papel de la clase cuarta, pero las sentencias firmes se 



— 44 — 



extenderán en papel de clase segunda en la Corte Suprema y en papel de la 
clase tercera en el Juzgado Superior. 

§ único. Los actos interlocutorios que dictaren en los Tribuuales. del 
Estado se extenderán en papel de la clase que cada uno emplee para la sustan- 
ciación de los juicios, 

Art. 26. Los autos de conciliación, transacción ó advenimiento entre las 
partes, se extenderán en la misma clase de papel que haya servido para la 
actuación del juicio. 

Art. 27. Las copias de libelos de demandas que se pasan á los demanda- 
dos, las copias de sentencias, autos y providencias que quedan en Secretaría 
de los Tribunales ó Juzgados, asi como la de cualquier especie que se expidan 
á solicitud de partes, se extenderán en papel de la clase quinta. 

Art. 28. Toda actuación judicial sin oposición de parte, se extenderá en 
papel de la clase sexta. 

Art; 29. Lo establecido én los artículos precedentes se aplica á los juicios 
en que intervienen árbitros arbitradores ó Jueces de Comercio. 

Art. 30. Ninguna autoridad judicial podrá dirigir á otra exhortes, despa- 
chos, requerimientos ó súplicas á petición de parte, sin que vayan estendidas 
en el sello requerido para la sustanciación de los juicios á que se refiere. 

Art. 31. En las actuaciones promovidas 'por pobres de solemnidad, que 
hayan sido declarados tales por los Tribunales, se usará de papel común ; 
pero tendrán la obligación de reponer el que se hubiere invertido en la actuación, 
si el resultado del juicio les proporciona medios de hacerlo. En este caso el 
Juez que dicte la sentencia firme, queda obligado á hacer efectiva esta disposición. 

Art. 32. En las actuaciones promovidas y demás diligencias relativas al 
lleno de los requisitos para los matrimonios civiles, se usará papel común, así 
como también en los procesos criminales de acción pública ; pero en este último 
caso, la parte condenada en costas, será obligada á reponer el común invertido. 

§ único. Igual obligación tienen las partes en los juicios y en todo asunto 
civil, de reponer con papel sellado el común habilitado, cuando hayan utilizado 
éste por no haber del otro en los expendios. 

Art. 33. También se usará del papel común por la parte fiscal, en los jui- 
cios en que tenga interés la Renta Pública, debiéndose reponer con el sellado el 
común invertido por la parte contraria, si fuere condena en costas. 

Art. 34. En los casos en que conforme á esta Ley deba reponerse el papel 
común invertido, el Juez respectivo tiene la obligación de inutilizarlos sellos en 
el acto, y agregarlos como comprobantes en el expediente. 

' TITULO IV 

EXPENDIO DE PAPEL SELLADO 

Art. 35. Terminada la operación de sellar, con los requisitos establecidos 
en esta Ley, el Secretorio General del Estado, en su carácter de Presidente de la 
Junta de Timbre, dirigirá en oficio á la Tesorería General, especificándole la clase 



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y valores de los sellos emitidos, para que este oficio sirva también de comproban- 
te en la cuenta respectiva. 

Art. 36. El Tesorero General del Estado constituirá Agencias de papel 
sellado, bajo su responsabilidad, en dondequiera que sea conveniente y cuidará 
de mantenerlas provistas de todas las especies de papel. 

Art. 37. Los agentes en los Distritos podrán también nombrar bajo su 
responsabilidad en los Municipios y Caseríos, los expendedores necesarios, según 
lo exija la conveniencia del servicio. 

Art. 38. Los agentes encargados del expendio de papel gozarán de un 
diez por ciento de comisión sobre el producto del papel que expendan en cada 
Distrito ; y de este mismo diez por ciento remunerarán á los expendedores en 
los Municipios y Caseríos. 

Art. 39. Los Registradores de los Distritos enviarán mensualmente á la 
Tesorería General los productos de papel sellado que se invierta en los proto- 
colos. 

Art. 40. Los expendedores de papel sellado enviarán mensualmente á la 
Tesorería General, junto con los productos de la venta, una relación especificada 
del movimiento de ésta. 

Art. 41. Los expendedores de sellos están en la obligación de hacer la 
venta á cualquiera hora del día ó de la noche á solicitud del interesado. 

Art. 42. Los expendedores de papel sellado cuidarán también por su 
parte de tener siempre disponible la cantidad suficiente de cada clase de papel. 

Art. 43. Los Agentes expendedores de papel sellado están exentos de 
servicio de milicias. 

Art. 44. En caso de que se agotare el papel sellado en alguna de las 
oficinas de expendio, así lo hará constar el empleado respectivo, por una nota 
que extenderá en la parte superior de cada folio de papel florete que presente 
la parte interesada, expresando la clase y valor del sello habilitado. 

§ primero. En caso de ausencia del expendedor bastará para los efectos 
do este artículo, que así lo certifique el Jefe Civil ó Municipio. 

§ segundo. Por esta anotación no se cobrará derecho alguno en ningún 

caso. 

Art. 45. Cuando por cualquiera circunstancia se dañe ó inutilice el papel 
sellado de que haya de hacerse uso, conforme á la presente Ley, el interesado lo 
^presentará ante cualquier expendedor, poniéndole antes de entregarlo la palabra 
'erróse," y debajo de ésta la firma de la parte interesada. El expendedor está 
en el deber de cambiar el sello que se le presente por otro igual, previa la con- 
signación de cincuenta céntimos de bolívar que dará el interesado; y siempre que 
se conozca que río se ha hecho uso del sello para el objeto á que se ha destinado 

TITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 46. Los Agentes que no cumplan sus obligaciones serán destituido- 
de sus destinos por el inmediato superior, quedando sujetos á todas las respon 
sabilidades legales. 



-46- 



Art. 47. El Tesorero General es responsable al erario del Estado de los 
perjuicios que sufra la renta por falta de cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones que Je impone esta Ley. La responsabilidad se hará efectiva por 
, el Ejecutivo del Estado, con multa de cincuenta á cien bolívares por la primera 
vez, según la gravedad de la falta ; y con multa de doscientos bolívares por cada 
caso de reincidencia, sin quedar por ello exento de [las mismas penas aplicables 
legalmente. 

Art. 48. Los que de algún modo traten de infringir la presente Ley, ya 
sean particulares ó funcionarios públicos, serán penados con una multa equiva- 
lente á cinco veces mayor del valor de los sellos correspondientes. 

§ único. Esta multa la impondrán las autoridades competentes que por 
cualquier medio legal tengan conocimiento del fraude. 

Art. 49. La falsificación del sello será castigada por las mismas penas 
que la Ley estoblece para la falsificación de monedas. 

Art. 50. El Tesorero General del Estado dictará oportunamente sus 
órdenes para que el día último de diciembre de cada año, ó el más inmediato 
posible, esté recogida en su poder la existencia general del papel sellado de la 
última emisión, y para la debida constancia en la misma fecha la Junta de 
Timbre de Papel Sellado levantará y suscribirá, por duplicado, una acta en que 
se especifique la cantidad, clase y valor del papel recogido. Un ejemplar de 
esta acta quedará en la Tesorería General como comprobante de cuenta, y el 
otro se pasará al Despacho del Poder Ejecutivo. 

Art. 51. En la misma fecha que señala el artículo anterior, la Junta de 
Timbre se constituirá en el local de la Tesorería General del Estado y proce- 
derá á inutilizar la existencia de papel de la última emisión, y terminada la 
operación, la Junta dará fé de ello en dos actas de un tenor, dejando una en 
la Tesorería General y la otra al Gobierno del Estado. 

Art. 52. A los efectos correspondientes, la Junta de Timbre preparará con 
la anticipación debida, la primera nueva emisión de papel sellado de cada año. 

Art. 53. Se deroga la Ley de Papel Sellado sancionada el cuatro de enero 
de mil novecientos siete. 

, Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa de 
Estado Aragua, en La Victoria, á siete de marzo de mil novecientos diez. — Año 
100° de la Independencia y 52? de la Federación. 

El Presidente, 

Pedro Arcia Avís. 
El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ria : 8 de marzo de 1910.— 1009 y 529 

Cúmplase. 

E. Andüeza Palacio 
Refrendado. , 



El Secretario General, 



Ddfín A. Aguilera, 



I 



Ley sobre Juramento de Empleados 



Ley sobre ¿Tnramento de Empleados 



Art. 19 Todo funcionario público está en el deber de prestar, antes de 
entrar en ejercicio de su cargo, juramento de cumplir y hacer cumplir la Cons- 
titución y Leyes Nacionales y del Estado, y de cumplir con fidelidad y exactitud 
los deberes de su empleo. 

Art. 29 El Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado prestará 
juramento en presencia de ésta, y los miembros lo harán colectiva ó sucesiva- 
mente ante su Presidente. 

Art. 39 El Presidente del Estado y los Consejeros de Gobierno prestarán 
juramento ante la Asamblea Legislativa, ó en presencia de la Corte Suprema en 
el caso previsto en el artículo 48 de la Constitución del Estado ; y los Ministros 
dé la Corte Suprema, el Juez Superior, los Jueces de Primera Instancia, el 
Tesorero General, el Procurador General del Estado, el Eepresentante del Mi- 
nisterio Público y el Procurador de Presos, ante el Poder Ejecutivo. 

Art. 49 Los Jefes Civiles y los Jueces de Distrito y de Municipio, presta- 
rán juramento ante la autoridad que los nombre ó ante aquella que fuere 
comisionada al efecto. 

Art. 59 Toda Corporación ó funcionario público á quien le corresponda 
elegir para el desempeño de cargos ó empleos no mencionados en la presente 
Ley, están en deber de exijir la formalidadad del juramento como acto previo 
al ejercicio de las funciones respectivas. 

Art. 69 Los Presidentes de los Concejos Municipales lo prestarán ante - 
sus respectivas Corporaciones, y los miembros de éstas ante quien las presida 

Art. 7° El juramento se hará constar en actas, de las cuales se llevará 
un libro destinado á este fin. 

Art. 89 Cuando haya de ejercerse en los Tribunales los cargos de Juez, 
Representante del Ministerio Público, Procurador de Presos, ú otros, con carác- 
ter de suplencias, el juramento se prestará ante el mismo Juez ó Tribunal 
que actúa, haciéndolo constar en el expediente que corresponda. 

Art. 99 Se deroga cualquiera otra Ley sobre la materia. 




DECRETA: 



— 50 — 



Dada en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los quihce días del mes de marzo de 
1910. — Año 1009 de la Independencia y 52? de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroyo. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragna. — La Victo- 
ria : 17 de marzo de 1910.-100° y 529 

Cúmplase. 

R. Andueza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



1 



s 



I 



Ley Orgánica del Poder Municipal 



\ 



\ 



La Asamlla Lcgisklira (Id Estado Arap 

DECRETA: 
LEY ORGANICA DEL PODER MUNICIPAL 

TITULO I 

DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

Art. 19 La Autonomía Municipal establecida por el título VII de la 
Constitución del Estado, constituye el poder público que se ejerce por los 
Concejos Municipales, Juntas Comunales y demás funcionarios de que trata esta 
Ley. 

TITULO 1 1 

DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES 

Art. 29 Los Concejos Municipales tendrán su asiento en las capitales de 
los Distritos y se compondrán de siete ciudadanos, cuyas faltas las llenará un 
número igual de Suplentes, que, como los Principales, serán elegidos on la forma 
prescrita por el artículo 85 de la Constitución del Estado. 

Art. 39 Para ser elegido Concejal se requiere : 

19 Ser venezolano, vecino del Distrito y mayor de veintiún años. 

29 Saber leer y escribir. 

3° No estar sufriendo pena corporal, por condena, ni interdicción por 
sentencia ejecutoriada de los Tribunales de Justicia. 

Art. 4° Los Concejos Municipales se instalarán el día 20 de febrero del 
año en que principia el período constitucional para el cual han sido elegidos, 
conforme está dispuesto por el artículo 85 de la Constitución del Estado. Al 
instalarse elegirán un Presidente, un primero y un segundo Vicepresidentes, un 
Síndico Procurador Municipal y un Secretario, el cual puede ser de dentro ó fue- 
ra del Cuerpo. 

Art. 59 Los miembros de los Concejos Municipales no devengarán sueldo, 
siendo un empleo gratuito y obligatorio. 

Art. 6° Cuando ocurra alguna vacante, el Concejo Municipal llamará al 
respectivo Suplente precisamenente por el orden en que hayan quedado en su 
elección, siendo nulo el llamamiento que se haga pretermitiendo esta formalidad. 
Si se agotare el número de Suplentes, se comunicará al Presidente del Estado 



— 54 — 

m 

para que éste nombre interinamente los que falten, mientras se practican las 
elecciones constitucionales. 

<^ único. Guando sin causa justificada, los miembros del Concejo Municipal 
no se reunieren en Cuerpo el día señalado per el artículo 4° de la presente Ley 
ó el más inmediato posible, el Presídante del Estado podrá penar la falta con 
multas de quinientos á mil bolívares y aún ordenar el sometimiento de los 
culpables á juicio de responsabilidad, según el caso. 

Art. 7° Para que sean válidas las elecciones y nombramientos que las 
leyes atribuyen á los Concejos Municipales, deben los candidatos ser favorecidos 
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo. 

Art. 8? Los Concejos no podrán celebrar sus sesiones sin la concurrencia 
de la mayoría absoluta de sus miembros, ni sancionar ningún acto creando 
impuestos ó contribuciones, empleos con sueldo, ó votar gastos de cualquiera 
naturaleza, ó contraer deudas contra el crédito del Distrito, sin que estos actos 
reciban tres discusiones y sean aprobados por la mayoría absoluta de los miem- 
bros presentes. 

§ único. Todo Decreto, Acuerdo ó Resolución de los Concejos Municipa- 
les se pasará al respectivo Jefe Civil del Distrito para los efectos del artículo 80 
de la Constitución del Estado. 

Art. 9? Los Concejos Municipales son independientes en sus delibera- 
ciones en el círculo de sus atribuciones, conforme á la Constitución y á la 
presente Ley. 

Art. 10. Las sesiones de los Concejos Municipales serán públicas, y en los 
debates se observará únicamento el Reglamento interior que hayan sancionado. 

Art. 11. Toda controversia que se suscite entre dos ó más Concejos Mu- 
nicipales del Estado, acerca de sus atribuciones ó sobre cualquier otro asunto, 
será sometida á la Legislatura del Estado ; no estando reunida ésta, á la Corte 
Suprema para que la dirima. 

Art. 12. Los Concejos Municicipales, además de las atribuciones que los 
señala la Constitución del Estado en su título VII, ejercerán las siguientes : 

1? Organizar el Distrito en su régimen económico y municipal, y dictar en 
consecuencia las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones que juzguen convenien- 
tes al terrritorio de su jurisdicción en todo aquello que no esté reservado al 
Poder General de la Nación ó del Estado, dando cuenta de ello en su memoria 
anual al Poder Ejecutivo. 

2? Eesolver sobre las renuncias ó excusas de sus miembros, concederles li- 
cencia hasta por noventa días con causa legal y justificada, á juicio del Cuerpo. 

3? Orear las Reptas Municipales y decretar y vigilar su inversión. 

4?' Organizar el manejo y administración de las Rentas dol Disirito, y nom- 
brar fuera de su seno el Administrador de éstas, prescribiéndole sus deberes y 
responsabilidad. 

5? Sancionar su Reglamento interior y de debatos. 

6í No permitir que de la renta de los Municip¡o.s o.Kir.iiga másale un 
diez por ciento para la renta de los Distritos. 

Inspecionar las pesas y medidas, y establecer ponas [)ara io.s qu^^ las 
empleen fallas ó alteradas. 



8* Contraer deudas sobre el crédito del Distrito sin comprometer el pre- 
supuesto. 

9? Denunciar ante el Presidente del Estado á ios curas que observen mala 
conducta, para que se pida su remoción á la autoridad eclesiástica, conforme á la 
Ley. 

10. Resolver con el voto de la mayoría alisoiuta de la totatalidad de sus 
miembros sobre adq-iisición, enajenación ó cambios de edificios públicos, tierras 
ó cualesquiera otros bienes y propiedades del Distrito. 

11. Contratar y decretar la apertura de caminos y la construcción de 
cárceles, puentes, calzadas, hospitales, cementerios y demás establecimientos de 
utilidad y ornato en el Distrito. 

12 Nombrar Juntas de Fomento en los Municipios de su jurisdicción para 
la buena administración de las obras públicas que decrete : 

13. Determinar la conveniente situación de los cement(^rios, mataderos 
públicos y otros edificios en que se interese la salubridad pública. 

14. Reglamentar el servicio de las cárceles, cementerios, mataderos, merca- 
dos, hospitales y demás edificios públicos del Distrito, determinando las penas 
que han de imponerse álos que infrinjan los Reglamentos. 

15. Formar el presupuesto anual de gastos que demanda el servicio muni- 
cipal del Distrito, de acuerdo con sus rentas. 

16. Intervenir en el ^jxámen de las cuentas- de las Mayordoraías de fábrica 
de las Iglesias del Distrito, con arreglo á la Ley de la materia, 

17. Crear, dotar y reglamentar las escuelas del Distrito. 

18. Favorecer y proteger la agricultura y demás industrias, dentro de los 
límites legales. 

19: Conservar las fuentes públicas de modo que no disminuyan las aguas, 
prohibir la tala de montes y bosques en las cabeceras de los ríos y vertientes, 
de conformidad con las ordenanzas respectivas y las disposiciones del Oódigo 
Penal ; y reglamentar la separación de las tierras pecuarías y agrícolas á la debida 
distancia, en los terrenos egidos que les compete administrar. 

20. Reglamentar el aseo y ornato de las poblaciones, el alumbrado¡de sus 
calles y la numeración de sus casas, y procurar que las aceras se conserven en 
buen estado y niveladas las calles, dictando al efecto las Ordenanzas necesarias. 

21. Velar por la salubrídad pública, disponiendo lo que sea conducente al 
cumplimiento y la observancia de las prescripciones contenidas en la Ley III, 
tílulo VII, libro II del Código Penal. Dispondrán también lo conveniente para 
salvar de epidemias y de enfermedades contagiosas á las poblaciones del Distrito. 

22. Crear Juntas de Sanidad páralos efectos de la atribución anterior. 

23. Organizar y sostener la Beneficencia pública. 

24. Ejercer todas las demás atribuciones y cumplir los deberes que se les 
señale por leyes especiales. 

25. Señalar sueldos á los empleados del Distrito. 

26. Imponer patentes á los establecimientos pecuarios, mercantiles 
é industriales, par^ ]g cjjal nombrarán anualmente las Juntas clasificadoras que 
fueren ri¡ecesar¡as. 



- 56 - 

Art. 13. No pueden loo Ooncejos Municipales expedii- Ordenanzas, Acuer- 
dos y Resoluciones sobre asuntos que invadan las facultades del Congreso 
Nacional y de la Legislatura del Estado, ó las atribuciones de otras autoridades, 
ni que infrinjan la Constitución y leyes Nacionales y del Estado ; y en su sistema 
rentístico se sujetarán estrictamente á lo dispuesto en el artículo 12, Base 3? de 
la Constitución Nacional. En consecuencia le será prohibido : 

1? Imponer peaje-en los caminos. 

2? Sujetar á contribución los artículos gravados con impuestos nacionales ó 
del Estado, excentos de gravamen por la Ley. 

3? Establecer Aduanas para el cobro de impuestos. 

4? Rcstringuir con impuestos ó de otra manera la navegación de los ríos y 
demás aguas navegables que hayan exigido canalización artificial, 

5" Acordar determinación alguna contraria á los privilegios concedidas por 
la Legislatura del Estado. 

G? Imponer contribuciones sobre ganados, efectos ó cualquiera clase de 
rnercaacías de tránsito para otro Estado ó Distrito que afecten la libertad abso- 
luta del tráfico. 

79 Prohibir el consumo de los frutos ó productos de otros Distritos, ni gra- 
varlos con impuestos mayores ó menores de los que pag^an sus similares proce- 
dentes del propio Distrito. 

8? Imponer contribuciones sobre la agricultura y campos incultos. 

Art. 14. Es deber de los Ooncejos Municipales admitir los informes, peti- 
ciones fy proyectos que se les dirijan sobre asuntos de su competencia, y resol- 
verlos de la manera más conveniente á los intereses que administran. 

Art. 15. En todo contrato de interés público que celebren los Concejos 
Municipales, observarán las reglas siguientes : 

1^ Invitar licitadorcs por carteles ó por medio de la pren.sa, donde la hu- 
biere, por espacio de quince días, sin cuyo requisito serán nulos los contratos. 

2"^ Publicar las condiciones que se exijan para la obra. 

3?- Levantar el plano y presupuesto de ella. 

4"} Señalar el día y la hora en que deba darse la buena pro al mejor pro- 
ponente y la fianza que han de i>restar los contratistas. 

5? Dictar los reglamentos que requieran la perfección y regularidad de 1^ 

obra. 

Art. 16. Ningún miembro del Concejo puede celebrar por sí ni por medio 
de apoderado ó persona interpuesta, contrato alguno con el Cuerpo á que 
pertenece, ni gestionar ante él como apoderado de otro. 

Art. 17. En el caso á que se refiérela atribución 3^, artículo 56 de la 
Constitución del Estado, el Poder Ejecutivo de éste asumirá la administración de 
de los Distritos de su jurisdicción en lo económico y rentístico, en la forma que 
se determina en dicha atribución, concordante con la Base S?, artículo 12 de 
Constitución Nacional. 



— 57 — 



TITULO III 

DEL SÍNDICO PROCUnADOR MUNICIPAL 

Art, 18. Además de los deberes que las leyes y los actos de los Concejos 
Municipales impongan especialmente á los Síndicos Procuradores Municipales, 
estos ejercerán las atribuciones que siguen : 

1* Fiscalizar la instrucción pública municipal en el Distrito. 

2* Concurrir con las Juntas de Sanidad á desempeñar los cargos que á 
éstas cometa la Ley. 

3? Formar parte de la comisión que ha de examinar las cuentas que 
presenten los Mayordomos de fábricas de las Iglesias del Distrito. 

4* Promover ante las autoridades y funcionarios públicos del Distrito, lo 
' que juzguen más conveniente á los intereses de cualquiera de los Municipios. 

5^ Representar al Concejo en los negocios en que éste sea parte. 

6* Promover el nombramiento de Tutor ó Curador á los menores que lo 
necesiten. 

7* Reclamar ante cualquiera autoridad ó funcionario público, el cumpli- 
miento de las Ordenanzas, Acuerdos ó Resoluciones del Concejo de que fueren 
parte. 

8? Obligar á los padres ó encargados de niños de ambos sexos, á que los 
hagan concurrir á las escuelas federales ó municipales á recibir la instrucción gra- 
tuita y obligatoria que dispensa la Nación á los venezolanos. 

9? Intentar denuncia en el caso previsto en el inciso 2°, artículo 50 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal. 

TITULO IV 

DE LAS JUNTAS COMUNALES 

Art. 19. En cada Municipio que no sea capital de Distrito habrá una Junta 
Comunal compuesta de cinco miembros Principales y de cinco Suplentes que 
llenarán las faltas de aquéllos. 

§ único. El nombramiento de estas Juntas se hará por los Concejos Mu- 
nicipales, en los primeros diez días siguientes al de su instalación ó el más in- 
mediato posible, comunicándolo seguidamente á los elegidos para que procedan 
á constituirse dentro de los primeros cinco días de su nombramiento. 

Art. 20. Las Juntas Comunales tendrán un Presidente, un Vicepresidente 
y un Secretario que puede ser de dentro ó fuera del seno de la Junta. 

Art. 21. Cuando ocurra alguna vacante en el personal de la Junta, ésta. 
llamará al Suplente respectivo por el orden de su nombramiento, siendo nula la 
convocatoria que se haga con pretermisión á esta formalidad. Agotado el nú- 
mero de suplentes, se dará aviso al Concejo Municipal para que haga la elección 
de los que falten. 

Art. 22 Las Juntas Comunales celebrarán sesiones dos veces al mes, 
por lo menos, siempre con la mayoría absoluta de sus miembros ; y consultarán 



-58- 



al Qoncejo del cual dependen, las dudas que ocurran sobre sus atribuciones ; le 
darán cuenta de sus actos, y comunicarán al Jefe Civil del Municipio los Acuer- 
dos y Resoluciones que dicten, para su debida ejecución y cumplimiento. 

Art. 23. Las Juntas Comunales tendrán igual duración que los Concejos 
Municipales. 

Art. 24. Las Juntas Comunales, además de las atribuciones que Ies 'confiere 
el Concejo Municipal, tendrán las siguientes : 

1^ Formar la terna para el nombramiento de Juez del Municipio. 

2? Formar la terna para el nombramiento de Recaudador de Rentas, la 
cual pasará al Concejo Municipal para que éste haga la elección de dicho em^ 
pleado. 

Vigilar la Recaudación é inversión de las Rentas del Municipio. 

TITULO V 

DE LAS RENTAS MUNICIPALES 

Art. 25. La Renta de los Municipios pertenece á éstos, sin poder ser dis- 
traída ninguna para la Renta del Distrito, 

§ único. Se consideran reíitas de los Municipios, el producto de sus im- 
puestos, después de hecha la deducción con que contribuirán á sus gastos comu- 
nes en el Distrito, la cual no excederá del diez por ciento. 

Art. 26. La recaudación y manejo del Tesoro del Distrito correrá á cargo 
de un Administrador de Rentas nomlDrado por el Concejo Municipal, quien 
recaudará y manejará igualmente el del Municipio capital. En los demás Muni- 
cipios habrá un empleado que se denominará Recaudador Municipal, quien ten- 
drá á su cargo la recaudación y manejo de las Rentas del Municipio, bajo la 
inmediata vigilancia de la Junta Comunal. 

§ primero. Ei nombramiento de Administrador no podrá recaer en nin- 
gún caso en un miembro del Concejo. 

§ segundo. El Recaudador Municipal será nombrado por el Concejo Mu- 
nicipal de una terna que formará la Junta Comunal del respectivo Municipio, no 
pudiendo en ningún caso recaer dicho uombra|m¡ento en un miembro de la 
Junta, 

§ tercero. Tanto el Administrador, en los Distritos, como el Recaudador 
en los Municipios, deben ser personas vecinas del lugar y mayores de veinte 
y un años. 

cuairto. Los Administradores de Rentas pasaráií los días últimos de ca' 
da mes, un cuadro del movimiento de las Rentas al Secretario General del Es- 
tado, uno al Concejo Municipal y otro al Jefe Civil ; y en los Municipios pasarán 
los Recaudadores uno al Concejo Municipal, uno á la Junta Comunal y el otro al 
Jefe Civil del Municipio. 

§ quinto. Tanto los Administradores de Rentas como los Recaudadores no 
pagarán ningún recibo que no vaya autorizado con el "Páguese" del Presidente 
del Concejo Municipal ó del de la Junta Comunal. 

Art. 27. Las Rentas de los Distritos se invertirán con preferencia en el 
pago del presupuesto que anualmente formará el Concejo Municipal; y el so- 



— 59 — 



brante se aplicará á obras públicas y otros objetos de pública utilidad, erí la 
forma que determine aquella Corporación. 

Art. 28. Corresponde al Concejo Municipal examinar y juzgar por sí, por 
medio do comisiones do su seno, las cuentas de recaudación de las rentas y con- 
tribuciones propias del Distrito. 

TITULO VI 



DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 29. Los Concejos Municipales están en el deber de presentar al Presi- 
dente del Estado, copia exacta de las Ordenanzas que dictaren para sus respecti- 
vos Distritos ; y además los informes que aquel funcionario les pida sobre actos 
que hubieren ejecutado en ejercicio de sus funciones. 

Art. 30. El empleo de Concejal es un cargo gratuito y honorífico de que 
ningún ciudadano puede excusarse sin causa legítima y justificada, á juicio del 
Concejo, el cual debe conocer de las excusas y previa toma de posesión. 

§ primero. Tan solo se considerará y admitirá una excusa antes de pres- 
tarse la promesa y tomarse posesión del puesto, cnando la que se presente se 
funde en causa que encierre un vicio que afecte la validez del nombramiento 
ó elección. 

§ segundo. Es causa legítima de excusa el haber servido cargo concejil en 
el período anterior. 

Art. 31. Los ciudadanos que tuvieren cargos concejiles serán compelidos 
por Jefe Civil del Distrito á solicitud del Concejo Municipal, á tomar posesión y 
desempeñar sus funciones, con multas de cien hasta cuatrocientos bolívares, las 
que se conmutarán con arresto proporcional, caso de no poder satisfacerlas. 

Art. 32. De toda multa que se imponga se dará aviso al Administrador de 
Rentas para su ejecución y se publicará por la Imprenta ó por carteles. 

Art. 33. Cada uno de los Concejales presentes en la sesión, si no salva su 
voto se hace solidariamente responsable de los Acuerdos que apruebe el Cuerpo 
sobre gastos extraordinarios, cuya necesidad ó conveniencia no esté plenamente 
justificada. 

Serán responsables también por mal proceder ó abuso en él ejercicio de sus 
funciones, conforme á la Ley, y por infracción á la Constitución y las Leyes. 

Art. 34. Los Presidentes de los Concejos ó los que hagan sus veces de- 
berán practicar semestralmente una visita oficial á los Municipios foráneos. 

Art. 35. Corresponde á la Corte Suprema del Estado resolver sobre la in- 
constitucionalidad ó ilegalidad de las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones ó 
cualquiera otro acto de los Concejos Municipales. Declarado inconstitucional ó 
ilegal cualquier acto de un Concejo, queda inmediatamente sin efecto. 

Art. 36. Se deroga la Ley sancionada y mandada á ejecutar en 2 de enero 
de 1905 y cualesquiera otras dictadas sobre la materia. 



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Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los once días del mes de marzo de mil nove- 
cientos diez. — Año 100° de la Independencia y 529 de la Federación. 

El Presidente, 

Pedro Arcia. Avís, 
El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ria : 12 de marzo de 1910.-100? y 529 

Cúmplase. 

B. Andu£za Palacio 

Refrendado. 
El Secretario Generaff 

Delfín A. Aguilera. 



7 




Ley sobre responsabilidad de Empleados 



\ 



I 

! 



LEY DE RESPONSABILIDAD DE EMPLEADOS 



Art. 1° Todos los empleados del Estado y íuncioñarios de los Distritos 
y Municipios son responsables y punibles, según las prescripciones de esta Ley. 

Art. 29 El Presidente del Estado y el Consejero que haya hecho sus veces 
lo serán en los casos prescritos en el artículo 52 de la Constitución vigente. 

Art. 39 El Secretario Ceneral del Estado es responsable en los casos 
determinados en el artículo 66 de la Constitución ; y cuando se proponga acu- 
sación ante la Asamblea Legislativa contra él, se observarán las reglas siguientes : 

1? En votación secreta se nombrará una comisión de tres Diputados. 

2? La comisión emitirá su parecer dentro del tercer día, concluyendo si 
há ó no lugar á formación de causa. 

La Cámara considerará el informe y decidirá sobre él por el voto de 
la mayoría absoluta de los miembros presentes. 

4? Si es un Diputado el que ha propuesto la acusación, se abstendrá de 
votar. ^ 

5? La declaración de há lugar suspende de hecho al acusado y le inhabilita, 
para desempeñar cualquier cargo durante el juicio. 

Art. 49 También son responsables y punibles : 

1? El Tesorero del Estado y demás empleados en rentas : 

a. Por infracción de la Constitución y Leyes Nacionales. 

h. Por infracción de la Constitución y Leyes del Estado. 

c. Por sustracción de caudales públicos. 

d. Por cobrar contribuciones no decretadas por la Ley. 



\ 




DECRETA: 



— 64 — 

e. Por no tener corriente los libros de contabilidad. 
/. Por no rendir áus cuentas oportunamente. 

g. Por retardar oi envío de las relaciones, estados y demás docamentos 
que deba pasar. 

h. Por todo delito ó falta definidos en el Código Penal ó en el Código de 
Hacienda del Estado. 

2? Los Ministros de la Corte Suprema, Juez Superior y demás empleados 
del orden judicial : 

a. Por traición á la Patria. 

b. Por infracción de la Constitución y Leyes Nacionales. 

c. Por infracción de la Constitución y Leyes del Estado. 

d. Por faltas cometidas en ejercicio de sus funciones. 

e. Por delitos comunes. 

3? Los jefes de ejército ó de fuerzas del Estado : 

a. Por traición á la Patria. 

Jj. Por infracción de la Constitución y Leyes Nacionales. 

c. Por infracción de la Constitución y Leyes del Estado. 

d. Por abuso de autoridad. 

e. Por cualquier otra falta ó delito que no esté especialmente penado como 
delito militar. 

4? Los demás empleados y funcionarios del orden político Municipal : 

a. Por traición á la Patria. 

b. Por infracción de la Constitución y Leyes Nacionales. 

c. Por infracción de la Constitución y Leyes del Estado. 

d. Por cualquier delito ó por abuso de autoridad, falta en el ejeícicio de 
sus funciones, especificadas en el Código Penal, en las leyes especiales que les 
conciernen ó en los Reglamentos de sus respectivas oficinas. 

Art. 5° Serán también responsables y punibles los empleados públicos 
que expidieren, formaren ó ejecutaren ó mandaren ejecutar decretos, órdenes 
y resoluciones que violen ó infrinjan cualquiera de las garantías acordadas en el 
artículo 14 de la Constitución. 

Art. 69 En los casos del artículo 2? la Corte de Casación aplicará las 
penas determinadas en el Código Penal, y á falta de éstas, la de destitución, inha- 
bilitación, expulsión, confinamiento ó multa, pudiendo aplicar dos ó más de élla 
al mismo tiempo. 

Art. 7? En los casos del artículo 39 cuanda conozca la Corte de Casación, 
aplicará las penas determinadas en el Código Penal ; y cuando sea la Asainblea 



-65- 



Legislativa, apiicará la destitución ó ¡nliabilitacióri, confitií^paiento y multa pu- 
dicndo aplicar dos do éllas á un tiempo, ^"^^ 

Art. 8" En los casos del número primero, artículo 4?, 1^ Corte Suprema 
ó el Tribunal competente, según el empleado de que trate, aplicará también las 
penas establecidas en el Código Penal, y cuando sea la Asamblea Legislativa 
ú otro Cuerpo, según el caso, aplicará la de destitución, inhabilitación, multa ó 
reintegro. 

Art. 99 En los demás casos del artículo 4?, el Tribunal competente apli- 
cará las penas determinadas por esta Ley, y á falta de ollas, las que señale 
cualquier Ley especial. 

Art. 10 Cuando no esté determinada por la Ley la autoridad que deba- 
conocer en los juicios de responsabilidad, y la tramitación que haya de obser- 
varse, será competente el respectivo Jaez del Crimen, y se cumplirá en el orden 
del juicio lo dispuesto en el Título I, Libro III, del Código de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Art. 11. A falta de disposición especial, las penas que deban imponerse 
en definitiva, serán las determinadas en el Código Penal para el delito ó falta de 
que se trate. 

Art. 12. Cuando el Presidente ú otro funcionario del orden público y ad- 
ministrativo recibiere queja documentada contra algún empleado de su dependen- 
cia, pasará inmediatamente las diligencias al Tribunal competente, para que éste, 
conforme á las leyes, abra el juicio correspondiente. 

Art. 13. Todo empleado del Estado enjuiciado por delito ó sometido á jui- 
cio de responsabilidad, si el hecho imputado merece pena corporal, será reem- 
plazado en su destino conforme á la Ley, previo el decreto de suspensión co- 
rrespondiente. 

Art. 14. El Tribunal ó Juez que se negare á admitir inmediatamente la 
información sumaria promovida por cualquier ciudadano, con el fin de intentar 
queja ó acusación contra algún empleado público, sufrirá una multa de cien á mil 
bolívares y suspensión del empleo, é inhabilitación temporal para desempeñar 
algún destino público, penas que hará efectivas el superior respectivo, graduándo- 
las según la naturaleza del hecho. 

Art. 15. El empleado de los comprendidos en esta Ley que continuare en 
el ejercicio de sus funciones, cuando el lugar de su destino fuere ocupado por 
fuerzas enemigas, en los casos de invasión exterior ó sublevación interior á mano 
armada, quedará inhabilitado temporalmente para ejercer su destino. 

Art. 16. Las multas que se impongan de conformidad con esta Ley, se 
aplicarán al Tesoro del Estado, ó de los Distritos ó Municipios, según el caso. 

Art. 17. La responsabilidad de que trata esta Ley no comprende la prove- 
niente de delitos ó faltas no conexionadas con el servicio ó desempeño de fun- 
ciones públicas ; pues en este caso procederán los Tribunales competentes con- 
forme á las Leyes orgánicas y las penales comunes. 

Art. 18. Se deroga cualquiera otra Ley sobre la materia. 



— 66 — 



Dada en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los diez y seis días del mes de marzo de 
1910. — Año 100? de la Independencia y 52? de la Federación. 

I |>. 

El Presidente, 

R. Tjrado Arroyo. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ria : 21 de marzo de 1910,— 100" y 529 

Cúmplase. 

; R. Andüeza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



4 



■> 



) 



LEY OE ELECCIONES 




La Asamblea Constituyente del Estado Aragua 

D E C R ET A: 

LA SIGUIENTE 

LEY DH) ELECCIOISrES 

SECCION I 

DE LA ASAMBLEA POPULAR 

Art. 1° Para hacer la elección de los Concejos Municipales del Estado, 
de Diputados á la Asamblea Legislativa y de Diputados al Congreso Nacional, las 
Juntas del Censo Electoral cerrarán la inscripción el 30 de noviembre del año 
electoral, y á este efecto lo anunciarán con la debida anticipación, á fin de que 
los que no se hubieren inscrito puedan hacerlo en la última sesión de las Juntas, 
las cuales prorrogarán la inscripción en eso día por tres horas más si fuere ne- 
cesario. 

Art. 29 El día 15 de diciembre avisará la Primera Autoridad Civil del 
Municipio por medio de carteles y por la prensa, si la hubiere, el día, la fecha y 
el lugar público donde debe efectuarse la reunión de la Asamblea Popular. 

Art. 39 A las 8 a. m. del día 19 de diciembre se reunirán en Asamblea 
Popular, en el lugar á que se refiere el artículo anterior, presididos por el Jefe 
Civil del Municipio, los ciudadanos vecinos de éste, mayores de veintiún años y, 
que consten estar inscritos en los registros del Censo Electoral, según el último 
cartel publicado ; y al estar reunidos en número de quince por lo menos, ele- 
girán en votación nominal y por mayoría de votos á uno de entro ellos para que 
dirija la Asamblea Popular, 

Art. 49 Constituida la Asamblea, procederá á elegir de su seno cinco Vo- 
cales Principales que compondrán la Junta de Sufragio, y cinco Vocales Suplen- 
tes. Esta elección se hará por votación nominal, recogida y publicada por dos 
escrutadores que designará el Director elegido. 

* 

Art. 59 El ciudadano que obtenga la mayoría relativa de votos en dicha 
Asamblea, será el primer Vocal. De segundo Vocal quedará elegido de hecho el 
ciudadano que en la elección del primero siga á éste en número de votos, y se 
observará la misma regla para la elección del tercero y cuarto Vocales Principa- 
les, del quinto Vocal Principal y del primer Vocal Suplente, del segundo y tercer 
Suplentes, y del cuarto y quinto Suplentes á fin de que tengan representación en 
la Junta de Sufragio, los grupos principales de los sufragantes. 



— 70 — 

Si en cualquiera de estas votaciones hubiere empate, se resolverá por la 
suerte, insaculando papeletas con los nombres de los que hubieren obtenido igual 
número de votos, mostrándose al público las papeletas que se insacularen. 

Art. 6? Todo lo hecho se consignará con el resultado de la votación, en 
una acta que levantará el Director de la Asamblea, acta que firmará en unión de 
los dos escrutadores y conservará el mismo Director en su poder. 

Se compulsarán tres ejemplares de esta acta : uno que será remitido á la 
Oficina Subalterna de Registro, otro al Registrador Principal y otro que será en- 
tregado por el Director á la Junta de Sufragio, en el acto de instalarse. 

En el mismo día el Director de la Asamblea comunicará á los Vocales 5u 
elección. 

SECCION II 

I 

DEL SUFRAGIO POPULAR j 

Art. 7? A las 8 a. m. del 20 de diciembre, se reunirán los Vocales en un 
local céntrico del poblado principal del Municipio, que" se distinguirá colocando 
en la puerta el pabellón nacional ; y elegirán de su seno, por mayoría de votos, 
Presidente, Vicepresidente y Secretario, instalándose en seguida la Junta de Su- 
fragio del respectivo Municipio. . 

Del acta de instalación que se levante en este caso se harán tres ejemplares, 
uno que conservará la Junta, otro que se remitirá al Registrador Subalterno del 
Distrito y otro al Registrador Principal del Estado. 

Art. 8? El Presidente de la Junta del Censo Electoral de cada Municipio 
entregará á la Junta do Sufragio, en el mismo día de la instalación de ésta, dos 
ejemplares impresos y debidamente certificados, de. las listas que hayan publi- 
cado, conforme al artículo lt> de la Ley de Censo Electoral, los cuales servirán 
(le norma para la votación que ha de verificarse. 

Art. 9° Inmediatamente después de su instalación, la Junta de Sufragio 
anunciará por carteles y por la prensa, donde fuere posible, el local de sus sesio- 
nes y las horas para recibir la votación, que serán desde las ocho a. m. hasta las 
cinco p. m., durante tres días consecutivos que se fijan para las votaciones. La 
Junta, constituida en sesión permanente durante dichas horas, no podrá funcio- 
nar con menos de cuatro de sus miembros. 

§ único. Si dentro de dichos tres días hubieren sufragado todos lós 
electores inscritos, quedarán cerradas las votaciones al votar el último de ellos. 

Art. 10. A las ocho a. m. del día siguiente á la instalación, constituida 
públicamente la Junta de Sufragio en el local fijado para sus sesiones, el Presi- 
dente anunciará en alta voz que se da principio á la votación. 

Art, 11. ^, Para depositar el voto se observarán las reglas siguientes: 

1^ El elector dirá su nombre y apellido, y presentará su boleta de inscrip- 
ción, la cual será examinada por los Vocales. 

2^ Si confrontada la boleta con el registro del Censo Electoral resultare 
conforme y que su portador es la raismá persona inscrita, se marcará su nombre 
con un breve signo en el registro alfabético y se le recibirá su voto. El Presiden- 
te de la Junta, lo tomará y depositará en la urna corrcs[)on(liente, y luego so de- 
volverá al votante su boleta de inscripción. 



3^ El sufragante presentará dos papeletas y en ellas escritos sin abreviaturas 
ni correcciones, los nombres y apelMdos de los ciudadanos por quienes sufrague. 
Una de las |)apletas contendrá los nombres d(! los siete cantlidatos principales y 
de los siete suplentes por quienes vote [¡ara formar el Concejo Munici|)al respectivo, 
y los nombtcs de ^los Iros Diputados principales y los tres suplentes en el 
Distrito capital, y de dos Diputados principales y dos suplentes en los d emás 
Distritos para componer la Asamblea Legislativa del Estado. La otra papeleta 
contendrá los nombres de sus candidatos para Diputados Principales y Suplentes 
al Congreso Nacional. 

4? Las dos papeletas, dobladas se depositarán en sendas >irnas que habrá 
al efecto en la mesa de la Junta. 

5? Las urnas serán construidas con capacidad suficiente según el número 
de electores, marcadas distintamente con el nombre del sufragio que han de 
contener, y en tal forma que puedan mostrarse al público antes de empezar la 
votación, con el objeto de que se vea que no hay nada dentro de ellas. Tendrán 
además sobre la tapa, una pequeña abertura á modo de buzón, por donde apenas 
pueda introducirse una sola papeleta. 

Art. 12. Si la .Junta de Sufragio sospechare alguna suplantación de nom- 
bre, no recibirá el voto mientras no se compruebe por dos vecinos la identidad 
de la persona votante. 

Art. 13. Ningún ciudadano podrá excusarse de desempeñar el cargo de Vo- 
cal de la Junta de Sufragio, á menos d.e tener impedimentos justos comprobados. 

Art, 14. üuando por impedimento justo y comprobado algún ciudadano 
se excusare de desempeñar el cargo de Vocal de la Junta de Sufragio, ó de con- 
tinuar asistiendo á ésta, los restantes llamarán los suplentes por el orden de su 
eleccción, y si el número de éstos se agotase, los Vocales presentes nombrarán en 
cada caso un vecino con la calidad de elector, para llenar la vacante, lo cual se 
hará constar en el acta respectiva. 

SECCION III 

DEL "escrutinio 

Art. 15. Las Juntas de Sufragio tendrán un libro de actas que abrirá con 
la de instalación, debiendo firmarse todas ellas por el Presidente y Secretario al 
cerrarse la sesión. 

Art. 16. Al suspenderse la votación en los dos primeros días, y al cerrarse 
aquella e! último, serán escrutados los votos que contenga cada una, observán- 
dose al efecto las reglas siguientes : 

1* Previo anuncio del .Presidente de que va á darse principio al escrutinio) 
y en presencia de los ciudadanos que quieran concurrir al a-^to, se abrirán suce- 
sivamente las dos urnas, y de cada una de ellas se extraerán las papeletas, colo- 
cándolas una á una en el centro de la mesa : y al extraerse la última de cada 
urna, serán puestas á disposición de los ciudadanos presentes, á fin de que se 
cercioren, por su examen, de la exactitud del escrutinio. 

2*} Ei escrutinio de los votos de cada urna se verificará por separado, y en 
cada escrutinio se cuidará, al contar las papeletas, de apartar las que por circuns- 



— 72 — 



tancias fáciles de apreciar, se presuma que contienen más de un voto, á fin de 
exainiiiarlas después y resolver lo conveniente. 

3'.' Se procederá al examen de la votación, conlrayéndolo á las papeletas 
tío apartadas. 

Al efecto, se abrirán una por una, y cerciorada la Junta del voto que conten- 
gan, el Presidente lo leerá en alta voz y los dos Vocales escrutadores llevarán la 
cuenta para cada uno de loa candidatos, en pliego separado, que confrontarán 
al terminar el examen de la votación. 

4'} Si resultare que algunas papeletas estuvieren escritas con abreviaturas, 
correcciones ó de alguna manera irregular, se mostrarán al público y serán dese- 
chadas, haciéndose lo mismo respecto de aquellas que resultaren en blanco. 

5? Abiorlas y examinadas luego las papeltas que se hubieren apartado, si 
resultare infundada la [tresunción de contener raáfe de un voto, se las computará 
en los votos válidos ; y si la presunción fuere fundada, se desecharán. 

Arl. 17. Terminado el examen do la votación de cada día, se dejará cons- 
tancia de todo lo hecho en el acta diaria en la cual se consignará el resultado, 
expresándose tanto en letras como en guarismos, , sin abreviaturas y evitando 
las correcciones, el número de votos con que haya sido favorecido cada ciudada- 
no en la respectiva votación. 

Una copia del acta á que se refiere este artículo se fijará en el mismo día 
en la puerta del local de la Junta de Sufragio. 

Art^ 18. A las ocho a. m. del día siguiente á aquel en que terminen las 
votaciones, la Junta de Sufragio procederá en sesión pública y permanente á 
j)racticar el cómputo general de ellas, resumiendo los escrutinios parciales de los 
tres días de votación ; y al efecto se levantarán- dos actas : la una contendrá el 
resultado de la votación para miembros del Concejo Municipal y Diputados Prin- 
cipales y Suplentes á la Asamblea Legislativa del Estado ; y la otra, el de la 
votación para Diputados Principales y Suplentes al Congreso Nacional. El acta 

primera será del tenor siguiente : "En el Municipio á los del 

mes y año (todo en letras) nosotros, los infrascritos, 

miembros de la Junta de Sufragio, procedimos á hacer el resumen general de las 
votaciones de este Municipio para miembros del Concejo Municipal, en los días 
lijados por la ley; y resulta que han sufragado (tantos) ciudadanos, número com- 
prendido dentro del respectivo registro de electores que es el de (tantos), y qne 
lianresultado favorecidos los ciudadanos siguientes : para miembros principales 
del Concejo Municipí^l, N. N. con (tantos) votos ; y para suplentes, N. N. con 
(tantos) votos, etc., etc. 

Para Diputados Principales á la Asamblea Legislativa del Estado : 

N. N. con (tantos) votos, 

N. con (tantos) votos, ctc, etc ; y para Suplentes : 

N. N. con (tantos) votos. , 

N. N. con (tantos) votos. 

Se nombra al ciudadano Delegado de la Junta de Sufragio 

ante la la Junta Escrutadora del Distrito." 

En los mismos términos se redactará el acta para los Diputados Principales 
y Suplentes al Congreso Nacional, 



— 73 — 



De la primera de estas actas se harán tres ejemplares : uno que llevará el 
Delegado de la Junta de Sufragio; otro que se remitirá al Registrador Subalter- 
no, y otro que se remitirá á la Corte Suprema del Estado. De la segunda acta 
se harán también cuatro ejemplares ; uno que se entregará al Delegado de la 
Junta de Sufragio ; otro que se enviará á la Legislatura ; otro á la Corte Su- 
prema del Estado, y otro al Registrador Subalterno del Distrito. 

Art. 19. Terminados Sus trabajos, la Junta de Sufragio remitirá al Re- 
gistrador Principal del Estado, el libro de actas y demás documentos de su 
archivo. 

Art. 20. El libro de actas y demás documentos do que habla el artículo 
anterior, se remitirán por correo, cerrados, sellados y certificados, de manera que 
su contenido no pueda ser extraído sin ruptura ó alteración de la cubierta, la 
cual será firmada por los miembros de la Junta de Sufragio. El Presidente de 
la Junta cuidará de obtener recibo de la estafeta de correos de cada pliego que 
entregare, para su su resguardo personal. 

SECCION IV 

DEL ESCRUTINIO GENERAL 

Art. 21. El día cinco de enero del año electoral, á las 3 p. m. se reunirá 
en la cabecera de cada Distrito y en el local del Concejo Municipal, la Junta 
Escrutadora de los Delegados de la Junta de Sufragio de cada Municipio, para 
hacer el escrutinio general de las votaciones del Distrito. 

Art. 22. Si á la hora fijada no estuvieren reunidos todos los Delegados, 
los presentes dictarán las providencias necesarias con el fin de lograr la con- 
currencia de los ausentes, para el día siguiente á la hora señalada. Si en este 
día no estuvieren reunidos todos, bastarán las dos terceras partes de la totalidad 
de los Delegados para instalarse como Junta Escrutadora ; y, previa el cange de 
credenciales, nombrarán de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario. 

Art. 23. Inmediatamente después de instalada la Junta, cada Delegado 
consignará en Secretaría el registro de que es portador ; y si estuvieren todos 
los de los Distritos, se procederá al escrutinio en sesión permanente. 

Si faltaren algunos registros, el Presidente los pedirá al Registro Subalterno, 
y al obtenerlos, se procederá al escrutinio. 

Si trascurrido tres días no se hubieren recibido todos los registros, se pro- 
cederá al escrutinio con los registros existentes, el nueve de enero á las 3 p. m. 

Art. 24. Para dar comienzo al escrutinio se dará lectura á los registros 
por el Secretario, llevando los escrutadores la cuenta de los votos que cada cual 
obtenga para miembros del Concejo Municipal, para Diputado á la Asamblea 
Legislativa del Estado, ó para Diputado al Congreso Nacional. 

Art. 25. Los escrutadores sumarán con la mayor escrupulosidad, los votos 
que cada cual haya obtenido en los Municipios ; y el Presidente declarará electos 
miembros Principales y Suplentes del Concejo Municipal, y Diputados Principa- 
les y Suplentes á la Asamblea {jcglslativa del Estado, á los ciudadanos que 



— 74 — 



hubieren obtenido mayor número de votos. En caso de empate se decidirá por 
el voto de la mayoría absoluta de los Delegados, si ésta no se obtuviere, se 
decidirá por la suerte. 

Art. 26. Practicado lo dispuesto en el artículo anterior, se levantarán dos 
actas ; una en que se registre con precisión y exactitud, en letras, sin abreviatu- 
ras ni correcciones y también en guarismos, sacados á la columna de la derecha, 
el número de votos que en todo el Distrito haya obtenido cada uno de los ciuda- 
danos por quienes se haya sufragado para miembros Principales y Suplentes 
del Concejo Municipal, y para Diputados Principales y Suplentes á la Legislatura 
del Estado, con expresión de lo que se hubiere practicado en caso de empate ; 
y otra, en que conste, en la misma forma, el resumen de las votaciones efectua- 
das en los Municipios para Diputados Principales y Suplentes al Congreso 
Nacional. 

Art. 27. De cada una de las actas á que se refiere el articulo anterior, se 
harán cuatro ejemplares, los cuales serán remitidos : uno á la Asamblea Legis- 
lativa del Estado por órgano del Presidente del mismo ; otro á este Magistrado ; 
otro á la Corte Suprema del Esttido ; y el último á la Oficina Principal de Regis- 
tro, para su archivo. 

El Director de la Junta Escrutadora, enviará inmediatamente las creden- 
ciales á los ciudadanos electos para miembros del Concejo Municipal y para 
Diputados á la Asamblea Legislativa del Estado, haciendo las participaciones 
correspondientes, para que puedan tomar posesión de sus cargos respectivos en 
el día señalado por la la ley. 

SECCION V. 



DEL ESCRUTINIO DE LAS VOTACIONES DE LOS DISTRITOS PARA DIPUTADOS 
AL CONGRESO NACIONAL 

Art. 28. La Asamblea Legislativa en el año respectivo y dentro de los 
quince primeros días de sus sesiones ordinarias, escrutará los votos de los ciu- 
dadanos del Estado para Diputados Principales y Suplentes al Congreso Nacio- 
nal. Cuando haya de procederse á cada uno 'de los escrutinios, el Presidente 
del Cuerpo dará cuenta á éste del número de registros electorales recibidos y al 
estar completos se procederá al escrutinio, nombrando cuatro escrutadores. Si 
para el séptimo día no se hubieren recibido todos los registros, la Asamblea dic- 
tará las medidas conducentes para obtenerlos, difiriéndose el acto hasta por diez 
días, si fuere necesario. Pasado este término, podrá efectuarse el escrutinio con 
un número de registros que no baje de las dos terceras partes del número total 
de ellos. Del acta del escrutinio se compulsarán tres ejemplares, que serán re- 
mitidos, uno á la Cámara de Diputados, otro al Ministro de Relaciones Interio- 
res y otro al Presidente del Estado. 

Art. 29. Los ciudadanos que hubieren sido favorecidos con la mayoría 
absoluta de los votos de todos los Distritos, para Diputados al Congreso Nacio- 
nal, se decía rarán electos y se le pasará á cada uno la respectiva credencial 
firmada por el Presidente de la Asamblea Legislativa. 



— 75 — 



Art. 30. Los actos á que se refiere el artículo 28 de esta Ley, deben qüe- 
dar terminados en la misma sesión en que se inicien, y durante ella no será 
permitido á ningún Diputado de la Asamblea Legislativa,, separarse del local 
sin previojpermiso del Presidente. 

stíCCION VI 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES 

Art. 3L Hay nulidad en las elecciones : 

19 Cuando los actos electorales no se practiquen en los días y lapsos pres- 
critos por esta Ley. 

29 Guando las Juntas de Sufragio, las Juntas Escrutadoras y Ja Asamblea 
Legislativa del Estado funcionen con menos de líis dos terceras partes de sus 
miembros. 

3? Cuando los actos electorales se hayan practicado fuera del local seña- 
lado al efecto. 

49 Cuando el número de sufragantes exceda. al de los inscritos en el Censo 
Electoral del respectivo Municipio. 

59 Cuando se pruebe que las votaciones ó los escrutinios son falsos ó 
apócrifos. 

6° Quando se haya empleado la coacción contra la^Corporación encargada 
de practicar el acto electoral. 

Art. 3'2. Para intentar la nulidad de los casos mencionados en el artículo 
31 se ocurrirá con la documentación que compruebe el hecho, ante la Corte 
Suprema del Estado. 

Art. 33. Todo ciudadano hábil puede intentar la nulidad de las elecciones. 

Art. 34. Es nula también y de ningún valor la elección recaída en indi- 
viduo en que no concurran las condiciones requeridas por la Constitución ; pero 
la nulidad debe solicitarse ante la Corte Suprema del Estado. 

Art. 35. No apareja nulidad en las votaciones de los escrutinios ni de 
ningún otro acto los que se practiquen fuera de los días y lapsos que la ley señala, 
cuando ellos hayan sido interrumpidos por los motivos que expresa el artículo 
55 de esta Ley, por ser indispensable prorrogar el lapso legal por el tiempo de 
inlorrupción ó su.spensión ocurrida. 

SECCION VII 

DE LAS PENAS 

Art. 36. En los casos no previstos por el Código Penal se observarán las 
prescripciones siguientes : 



i 



-76- 



1? Los que sobornaren á los Miembros de las Asambleas Populares, Jun- 
tas de Sufragio y demás funcionarios electorales, serán penados por la autoridad 
judicial competente, con multas de cien á quinientos bolívares, ó arresto en la 
proporción indicada por el Código Penal. 

2? Los funcionarios públicos que emplearen su autoridad ó carácter oficial 
en actos que tengan por objeto coaccionar ó cohechar á los funcionarios elec- 
torales ó á los ciudadanos ó favorecer algún bando político ó algún candidato, 
serán penados con multas de cien á quinientos bolívares ó prisión proporcional, 
y quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier destino público durante el 
período constitucional para el cual se estén practicando las elecciones. 

Art. 37. Serán juzgados como falsarios de conformidad con el Código 
Penal : 

1° Los que concurratí á votar con nombre supuesto ó con cédulas de ins- 
cripción falsas ó adulteradas. 

2° Los miembros de las Juntas de Sufragio que borraren ó enmendaren 
los nombres de los ciudadanos por quienes se haya sufragado. 

3? Los miembros de las mismas Juntas que alteraren de alguna manera 
ios escrutinios diarios ó los resúmenes de las votaciones ó actas respectivas. 

49 Los miembros de Juntas Escrutadoras, que resulten culpables de ha- 
ber retenido los registros de los escrutinios, ó el resumen de los Distritos, ó de 
haber omitido, sin justa causa, el escrutinio de alguno 4e estos. ^ 

Art. 38. Tanto las Juntas de Sufragio como las Juntas Escrutadoras que 
no remitan oportunamente los escrutinios, resúmenes y registros electorales, su- 
frirán colectivamente una multa de mil bolívares ; y si el culpable fuere sólo 
el Presidente ó el Director, éste sufrirá la pena establecida. 

Art. 39. Si las votaciones de algún Municipio se practicaren fuera del 
lugar señalado á este fin, sufrirá cada miembro de la Junta de Sufragio la mul- 
ta de doscientos bolívares ; y en esta misma pena incurrirán si practicaren las 
votaciones ó los escrutinios fuera de los días señalados por la ley sin causa 
justificada. 

Art, 40. Las Asambleas Populares, Juntas de Sufragio y demás Cuerpos 
Electorales del Estado, podrán imponer penas correccionales á los ciudadanos que 
interrumpan sus actos con arrestos que no excedan de tres días, previa diligen- 
cia sumaria en que conste la falta cometida, testificada por dos ó más individuos 
que gocen de buen concepto público. 

Art. 41. Cuando por virtud de requerirse juicio criminal se practiquen di- 
ligencias sumarias, se pasarán éstas, sin la menor dilación, al Juez ó á quien 
competa su reconocimiento. 

9 ' 



— 77 — 



Árt. 42. Los Presidentes ó Directores de las Corporaciones, Juntas, ó 
Asambleas expresadas, compelerán á los miembros de ellas á cumplir süs de- 
beres con multas de veinticinco á cien bolívares. 

Art. 43. Toda otra falta ó infracción no prevista, cometida por funcionarios 
en materia de elecciones, será penada, según el caso, con multas de cincuenta á 
quinientos bolívares, ó con arresto proporcional. 

Art. 44. Cualffuier ciudadano hábil pu^de acusar ante los jueces competen- 
tes, á los que cometieren faltas ó delitos en materia electoral ; y las multas que 
se impongan se aplicarán á los gastos de Instrucción Popular del Estado. 

SECCION VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 45. Los actos electorales á que se refiere la presente Ley, son funcio- 
nes esenciales al orden público, por lo que liabrá en ellos la mayor circunspec- 
ción, así de pai te de todos los funcionarios como de los demás ciudadanos, 

Art. 46. Las Juntas de Sufragio tienen derecho de dictar todas las medi- 
das de policía, para guardar el orden y garantizar la más amplia libertad á los 
electores, en sus respectivas localidades y en sus inmediaciones. 

Este mismo derecho se concede á las Juntas Escrutadoras en las capitales 
de los Distritos, para resguardar los actos que deben practicar de todo hecho que 
perturbe el ejercicio de sus funciones. 

Art. 47. Las órdenes que dictaren los Cuerpos Electorales, serán inmedia- 
tamente obedecidas por todos los empleados públicos, civiles ó militares residen- 
tes en el lugar en que actúen dichos Cuerpos. 

Art. 4S. Ningún ciudadano podrá llevar armas de ninguna especie á los 
actos electorales, y al llevarlas, cualesquiera que sean, serán decomisadas por 
orden del Presidente ó Director deUGuerpo Electoral. 

Art. 49. Ningún funcionario podrá emplear su autoridad ó carácter públi- 
co para adulterar las elecciones ó impedir la libre expresión de la voluntad po- 
pular. 

Art. 50. Será calificada de rebelión toda amenaza ó demostración alar- 
mante qué se hiciere, sea con armas ó sin ellas, para disolver los Cuerpos 
Electorales ó impedir las elecciones. 

Art. 5L Será juzgado conforme al Código Penal, todo el que en el lugar 
designado para las Asambleas Populares, pretenda disolverlas con pendencia, 
algazaras ó de algún otro modo. 

Art. 52. Se establece, por regla general, que para los delitos, faltas ó in- 
fracciones que se cometieren en asuntos éJéctorales, se aplicarán las disposiciones 
del Código Penal. 

Art. 53. La competencia para conocer de los juicios que hayan de seguirse 
por los motivos expresados en el artículo precedente, se determinarán en el 
Código Orgánico de Tribunales del Estado. 

Art. 54. Los funcionarios públicos que negaren á las Asambleas y demás 
Corporaciones Electorales, el auxilio necesario para remover los obstáculos 
que se opongan al ejercicio de sus funciones, incurrirán en las responsabilidades 



y penas establecidas en esta ley y en el Código Penal, para los que trataren dé 
alguna manera de coartar el libre ejercicio de las funciones electorales. 

Art. 55. Sí por amenazas, demostración alarmante ó cualquiera otro mo- 
tivo idéntico llegare á interrumpirse un acto electoral, quedará subsistente lo que 
se haya practicado hasta el momento mismo de la interrupción, y asi se hará 
constar en el acta con los pormenores indispensables para fijar los hechos, 
hasta ese instante, continuando el acto tan luego como desaparezca el motivo de 
la interrupción. • 

Art. 56. Los gastos de las Corporaciones Electorales por alquileres del 
local, urnas, papeles y demás enseres de escritorio y cualesquiera otros que sean 
indispensables, se erogarán de la renta de las respectivas localidades, siendo 
deber de las autoridades públicas, dictar las medidas necesarias al efécto. 

Art. 57. Se deroga la Ley de Elecciones sancionada por la Asamblea 
Legislativa del Estado con fecha 30 de diciembre de 1904. 

Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Constituyente del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los once días del mes de noviembre de mil no- 
vecientos nueve. —Año 100" de la Independencia y 529 de la Federación. 

El Presidente, 

G. Rodríguez Silva. 
El Secretario, 

J. de J. Montesinos. 

Estados Unidos de Venezuela. — Gobierno Provisional del Estado Aragua. — La 
Victoria : 15 de noviembre de 1910.— 1009 y 51? 

Cúmplase y cuídase de su cumplimiento. 

B. ANDUEZá Palacio 

El Secretario General, 

Pedro Pablo Montenegro. 



LEY DE MILICIAS 





La Asamblea 



Legislativa del Estado Aragua 



D E C R ET A: 



LEY 



DE MILICIAS 



Art. 19 El servicio do la Milicia es obligatorio en el Estado, conforme á 
las disposiciones de este Código y á las del Decreto en que lo reglamentará el 
Ejecutivo del Estado. 

Art. 29 La Milicia se divide : en activa y de reserva. 

Art. 39 La Milicia activa suministrará el servicio de la infantería, caballe- 
ría de la Armada Nacional. 

Art. 49 Todos los ciudadanos residentes en el Estado, de veintiuno á 
cuarenta y cinco años de edad, están obligados al alistamiento, servicio y demás 
deberes que esta Ley prescribe, para la organización de la Milicia en sus respec- 
tivas localidades. 

Art. 5° Se exceptúan del alistamiento y servicio de la Milicia : 

19 Los que tengan grados militares y se hallen inscritos en la lista militar 
de la República, desde alférez en adelante. 

2° Los ministros de los cultos religiosos y adscritos al servicio de las igle- 
sias, siempre que estos últimos tengan un año de servicio por lo menos. 

3° Los directores, profesores y alumnos de los establecimientos de 
enseñanza. 

4° Los abogados y procuradores titulares, y los médicos y boticarios igual- 
mente titulados. 

59 Los practicantes y sirvientes de los establecimientos públicos de Bene- 
ficencia, siempre que tengan seis meses de servicio en ellos. 

69 Los que estén físicamente impedidos para el servicio de las armas, por 
defectos orgánicos ó por enfermedades incurables. 

79 Los padres de familia que tengan más de cuatro hijos legítimos bajo su 
potestad. 

Art. 69 Se exceptúan temporalmente del servicio y ejercicios doctrinales, 
pero no del alistamiento : 



1? Los empleados públicos por el tiempo que sirvan sus destinos. 

29 Los representantes al Congreso Nacional y á la Legislatura del Estado 
durante el periodo para que fueron elegidos, 

39 Los hijos únicos de padres ó madres ancianos. 

49 Los viudos con hijos menores. 

5° Los hermanos varones únicos q^ue tengan hermanos menores á su 
cargo. 

6° Los mayordomos de haciendas agrícolas ó pecuarias. 

79 Los oficiales al servicio de las imprentas, siempre que tengan por lo 
menos seis meses prestándolo. 

8° Los empleados y trabajadores en las obras públicas. 

99 Los socios y procuradores mercantiles que como únicos directores ten- 
gan á su cargo establecimientos al por mayor. 

§ único. Los exceptuados por los números 69 y 9° de este artículo, deben 
obtener una boleta expedida por el Jefe Civil respectivo del lugar en que resi- 
dan, extendida en papel sellado de la clase quinta y registrada en un libro desti- 
nado para este efecto, del cual se enviará copia al Jefe Civil del Distrito. 

Art. 7° Las excepciones que establecen los artículos anteriores no eximen 
á los exceptuados de presentarse en los casos de alarma, sedición, tumulto, aso- 
nada ó guerra, á la primera autoridad civil del lugar en que residan, á prestar 
aquellos servicios que sean compatibles con su estado, carácter ó circunstancias. 
La omisión de este deber para con la Patria ó su Gobierno, los hace reos de 
atentado contra el orden y seguridad públicos. 

Art. 8° Los Jefes y Oficiales del Ejército Nacional podrán ser empleados 
en la Milicia del Estado, en su grado ú otro superior. 

Art. 99 Ningún individuo alistado en la Milicia dejará de asistir sin causa 
justificada á los ejercicios doctrinales y de instrucción óá cualquiera otro acto 
del servicio á que esté obligado por virtud de esta Ley ó cuando sea convocado 
por sus Jefes ó clases. 

Art. 10. El miliciano que en el turno que le corresponda servir en el Ejér- 
Nacionol ponga en su lugar otro libre por haber cumplido su servicio, que sea 
útil, quedará exceptuado de prestarlo. 

Art. 11. El alistamiento en la Milicia no priva á ningún ciudadano de au- 
sentarse ó cambiar de domicilio, debiendo al verificarlo dar parte á su Jefe inme- 
diato, quedando obligado á prestar el servicio en el lugar de su nueva residencia, 
si fuere territorio de la República. 

Art. 12. Todos los mandos y destinos en la Milicia se considerarán en 
comisión, á juicio del Ejecutivo del Estado. 

Art. 13. La Milicia acuartelada recibiendo prez y paga, estará sujeta á las 
disposiciones del Código Militar. 

Art. 14. Cuando el Estado deba dar el contingente que le corresponda 
para componer la fuerza pública, en tiempo de paz ó de guerra, el Ejecutivo 
lo extraerá de los Distritos en proporción de la población de cada uno. 



\ 

-83- 

Árt. 15. Corresponde al Ejecutivo reglamentar y designar la parte de Milí^ 
cia que deba destinarse para el contingente que ha de dar el Estado con el obje- 
to de formar el Ejército Nacional, proporcionándolo en la forma y oportunidad 
que determine la Ley correspondiente, 

Art. 16. El Presidente del Estado es el Jefe Supremo de todas las Milicias, 
y como tal reglamentará la presente Ley. Habrá una Inspectoría General de 
las Milicias del Estado, y además, los Inspectores y Sub-inspectores que el Eje- 
cutivo juzgue necesarios. 

Tanto el Inspector General como los Inspectores y Sub-inspectores serán 
nombrados por el Ejecutivo del Estado, quien le señalará sus atribuciones en el 
Decreto reglamentario que al efecto dictare. 

§ único En el caso previsto por la atribución 6? del artículo 55 de la 
Constitución del Estado, el Inspector General y los Inspectores y Sub-inspectores 
asumirán en sus respectivas circunscripciones el mando de la Milicia con el ca- 
rácter de Jefes de Operaciones. 

Art. 17 El tiempo de servicio para los milicianos en la fuerza pública á cargo 
de la Unión, será de dos años, y el Presidente del Estado dictará sus medidas en 
el sentido de que la Milicia en servicio activo sea reemplazada oportunamente. 

Art. 18. Las multas que se impusieren por virtud de esta Ley y del Begla- 
mento que dicte el Ejecutivo del Estado, se recaudarán por un Tesorero nombra- 
do por los Jefes, Oficiales de plana mayor de cada cuerpo y por los capitanes 
de compañías con aprobación del Presidente del Estado, y se invertirán en los 
gastos económicos de aquél y en socorrer á los milicianos que se enfermen en 
los actos del servicio. 

^ único. Mensualmente rendirá el Tesorero su cuenta de ingreso y 
de gastos. 

Art. 19. Si por cualquier motivo fuere interrumpido en el ejercicio de sus 
funciones el Ejecutivo del Estado, y los llamados á sucederle perdieren, por efec- 
to de la fuerza, la vida ó libertad, ó no residieren en el territorio del Estado, de 
manera que no puedan dictar medidas para el restablecimiento del orden cons- 
titucional, los Inspectores y Sub-inspectores, en su caso, llamarán al servicio la 
Milicia y obrarán de la misma manera que lo hará el Ejecutivo para recuperar 
y restablecer el orden público. 

Art. 20. El Ejecutivo del Estado reglamentará el presente Código, determi- 
nando el uniforme de la Milicia, sus servicios y sus deberes y las penas á que ha 
de sujetarse. 

Art. 21. En el mes de enero de cada año los Comandantes de Milicias pa- 
sarán al respectivo Inspector un estado numérico de los milicianos, con expresión 
de las altas y bajas que haya tenido cada compañía ; y cada Inspector lo remiti- 
rá al Inspector General, quien de todos ellos formará uno que enviará al Presi- 
dente del Estado, para saber en todo tiempo la Milicia organizada con que el Es« 
tado puede contar para su seguridad y defensa. 

Art. 22. La Milicia se formará por Municipios y Distritos y se organizará 
según las listas que se formen, del modo que lo disponga el Decreto Reglamenta- 
rio que dicte el Ejecutivo del Estado. 

Art. 23- Los Inspectores respectivos en vista de las listas de los Municipios 
que les pasarán los Jefes Civiles, formarán compañías, procurando en cuanto sea 



-84- 



posible, se organicen en los Municipios una ó más compañías, formarán también 
los batallones que constarán de seis compañías. 

Art. 24, Corresponde al Ejecutivo del Estado determinar donde deben or- 
ganizarse las Milicias de infantería, caballería, artillería y marinera. 

Art. 25. La Milicia activa se organizará conforme á lo prescripto en los 
artículos 79 al 24 del Código Militar vigente y tomará el nombre de los Distritos 
á que pertenezca. 

La Milicia marinera se organizará en los puntos litorales, del Estado, confor- 
me lo determina el Ejecutivo en su Reglamento, de los hombres ejercitados en la 
pesca y en la navegación. 

La Milicia de reserva se organizará por compañías en cada Municipio» 
sobre el mismo pié y fuerza que se determina para la activa. 

§ único. Si hubiere en algún Distrito ó Municipio más de un batallón ó 
compañía, se distinguiaán por numéricos, sin que esta circunstancia dé preferen- 
cia alguna. 

Art. 26. El Presidente del Estado hará los nombramientos de Jefes y 
Oficiales de la Milicia de entre las ternas que para este efecto y para cada 
puesto le presentarán los Inspectores para su respectivas jurisdicciones, debiendo 
ser los nombrados vecinos del Distrito ó Municipio á que corresponda el bata- 
llón ó compañía, y adictos además, al sistema que actualmente rige en la Repú- 
blica. 

§ único. Los nombramientos de sargentos y cabos serán hechos por los 
respectivos Jefes y Oficiales. 

Art. 27. La Milicia está obligada á defender la independencia, integridad y 
libertad de la Nación y del Estado contra todo ataque exterior ó sublevación á 
mano armada, y á desempeñar todos los demás actos del servicio á que la llama- 
ren la Constitución y la Ley. 

Art. 28. La Milicia activa hará el servicio de campaña dentro ó fuera del 
Estado ; contribuirá con el contingente para la fuerza pública á cargo do la 
Unión ; saldrá en los casos previstos por la Constitución y las leyes, y hará la 
conducción y custodia de presos, caudales públicos y efectos de guerra. 

La Milicia de reserva no saldrá del territorio del Estado, donde hará el ser- 
vicio de campaña, la conducción y custodia de presos, caudales públicos y efec- 
tos de guerra. 

La Milicia marinera servirá en la Escuadra Nacional, en los casos y del 
modo que disponga esta Ley y el Reglamento que dicte el Ejecutivo. 

Art. 29. Ningún funcionario público ni Jefe ú oficial do la Milicia piiede 
reunir ésta fuera de los casos prescritos por la Ley ó señalados para la instruc- 
ción ó ejercicios doctrinales, sin que preceda la orden del Presidente del Estado 
ó de quien haga sus veces. 

Art. 30. Las penas aplicables á las faltas de los milicianos son correccio- 
nales y en ningún caso serán el tormento ni ninguna otra cruel, sino multas ó 
arrestos. 



Son faltas las omisiones menos graves cometidas en todo acto del servicio, 
bien sean provenientes de inexactitud, ignorancia, precipitación ó negligencia. 

Art. 31. Las faltas en la Milicia serán castigadas prudencialmente por los 
respectivos superiores con las penas correccionales que establece esta Ley ó es- 
tablezca el Decreto reglamentario dictado por el Ejecutivo, dentro del máximun 
y el mínimun que esta Ley prefija. 

Art. 32. Los delitos y faltas graves cometidas en el servicio por los mili- 
cianos que estén al servicio en el Ejército Nacional serán juzgados por los Tri- 
bunales Militares, conforme á lo establecido en el Código Militar, vigente. 

Art 33. Todo miliciano de Oficial á soldado inclusive, debe á sus superio- 
res respeto y subordinación en todos los actos del servicio, y está sujeto á las reglas 
dictadas por el mismo servicio, y á concurrir á los ejercicios doctrinales, revistas 
ó paradas, y demás citaciones que para prestar servicios propios de la Milicia le 
hagan sus superiores. 

Art. 34. Los infractores de las disposiciones de esta Ley se castigarán con 
las penas siguientes : 

1^ Con multas de cuatro á ocho bolívares ó arresto hasta por tres días en 
los casos de simple desobediencia, de falta al ejercicio ó citación para revista, y de 
negación á custodiar ó conducir presos, caudales públicos, efectos de guerra, asis- 
tencia á guardias, á patrullas y persecución de desertores ó malhechores. 

2í Con arresto hasta por veinte días ó prisión hasta por diez en los casos 
de injurias de palabras á sus susperiores ; abandono de centinela ó dormirse es- 
tando en élla ; dejarse relevar por otro que no sea su cabo ó no dar aviso de 
cualquier novedad estando de centinela ; por separación de la guardia sin licencia 
del Comandante ; ó estando de facción ; por poner manos á las armas para ofen- 
der á otro á quien no esté subordinado, y por excitar la insubordinación ó la de- 
serción, aunque sea sin resultado. 

3? Con arresto ó sumario, poniéndolo á disposición de la Autoridad Qivil 
para que lo juzgue y castigue por desacato ó resistencia á la justicicia ; por to- 
mar armas estando de facción para ofender á su superior, por dar voces tumul- 
tuosas contra alguno de sus Jefes y Oficiales de cuerpo estando formado para re- 
vistas, ejercicios doctrinales ú otro acto del servicio, en el caso de ocultarse el 
miliciono, ó de faltar cuando se le llame al servicio con motivo de perturbación 
del orden público ó invasión exterior, ó para cubrir plazas, fortalezas y puntos 
militares, ó cuando tuviere resultado la insubordinación que hubiere promovido 
estando de facción ó cuando por causa de aquella sobreviniese desorden. 

Art. 36. Si la infracción la hubiere cometido un Oficial, sufrirá^doble pena, 
con la cual se castigará también la reincidencia. 

Art. 37. Las penas serán impuestas por los respectivos Jefes y Oficiales de 
la fuerza empleada en el acto del servicio, dándose siempre cuenta al Superior. 
Cuando se penare con multa se avisará al Tesorero del Cuerpo ó Compañía para 
que la recaude. 

Art. 38. Todo miliciano está obligado á cumplir la pena que se le impon- 
ga ; pero puede reclamar ante el Superior respectivo, sin que se le pueda impo- 
ner otra por su aclamación, aun cuando ésta sea infundada. El Superior la 
resolverá como la crea justiciera, su resolucón se llevará á efecto. 



86 — 



Árt. á9. Todo delito civil cometido por los milicianos, que merezca mayor 
pena que las correccionales establecidas será sometido al conocimiento de la 
jurisdicción ordinaria, que lo jugará conforme á la ley. 

Art. 40. Las penas impuestas ó señaladas en esta Ley son para el caso en 
que la Milicia sin recibir paga del Estado ó de la Nación, preste sus servicios, 
pués si la recibiere, quedará por mero hecho sujeta al Código Militar. 

Art, 41. Los Jefes y Oficiales de la Milicia que observaren una conducta 
notoriamente mala, ó falten tres veces consecutivas á los ejercicios, revistas y de- 
más servicios legales sin motivo justificado, á juicio del Superior, pueden ser 
destituidos por el Ejecutivo del Estado, comprobada que sea ante éste cualquie- 
ra de aquellas circunstancias. 

Art. 42. Las penas que impone el Código Militar á los que insultaren ó 
burlaren la fuerza pública al servicio de la Unión, son aplicables á los que insul- 
taren ó burlaren la Milicia en servicio de centinela ó de patrulla, en marcha ó en 
cuerpo de guardia. 

Art. 43. La Milicia sin paga al servicio del Estado, estará sujeta á la auto- 
ridad, á la autoridad, á sus Jefes y á las disposiciones de esta Ley y del Regla- 
mento que dicte el Ejecutivo del Estado. 

Art. 44. Se derogán las leyes de Milicia del Estado anteriores á la 
presente. 

Dada en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los catorce días del mes de marzo de 
1910. — Año 100? de la Independencia y 52? de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroyo. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ria : 17 de marzo de 1910.-100° y 52? 

Cúmplase. 

R. Andueza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



LEY DE ARANCEL JUDICIAL 



La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 

DECRETA: 

LEY DE A.ISrCEL JTJDICI A.L 



TITULO I 



DISPOSICIONES GENERALES 

Art, 1? Los Magistrados, Jueces, Secretarios y cualesquiera otros emplea- 
dos del orden judicial, no podrán exigir otros derechos que los designados en 
esta Ley. La infracción de esta disposición será castigada con una multa equiva- 
lente al doble de la cantidad exigida de más, ó de la cobrada por quien no ten- 
ga derecho. 

§ primero. Guando los empleados á que se refiere el presenta artículo, go- 
cen de sueldo, no podrán cobrar emolumento alguno. 

§ segundo. La multa de que trata este artículo será aplicada á la instruc^ 
ción Pública del Estado. 

§ tercero, El superior inmediato, de "oficio ó á solicitud de parte, im- 
pondrá, procediendo breve y sumariamente, dicha multa, y avisará inmediata- 
mente al Administrador de Rentas del respectivo Distrito ó Municipio, para que 
proceda á su cobro. 

En el caso de no ser satisfecha la multa dentro de ocho días, se procederá 
ejecutivamente contra aquel á quien se le ha impuesto, de acuerdo con las leyes 
sobre la materia. 

Art. 29 No se exigirá ningún derecho á los pobres admitidos á reserva, 
conforme al Código de Procedimiento Civil. 

Art. 3? Los derechos de que habla esta Ley serán satisfechos por la per- 
sona que promueva ó á quien interese la diligencia que se practica, á reserva de 
ser integrado por la parte que fuere condenada en costas. 



~ 90 — 



Si no hubiere condenatoria en costas, los gastos comunes se dividirán pror 
porcionalmente entre las partes. 

Art. 49 Cuando haya de evacuarse alguna diligencia fuera de la población 
en que resida el Tribunal, la parte promoventc, ó á quien interese, proporciona- 
rá al Tribunal ó personas que hayan de practicarla, pasaje en vía férrea, si la hu- 
biere, ó carruaje si el camino fuere carretero, ó caballería, según el caso, á reser- 
va de ser indemnizada en el todo ó en la parte correspondiente, conforme se de- 
cidiere en definitiva, sobre costas. También deberán proporcionar el hospedaje 
respectivo. 

Art. 5° Todo pago de derechos se anotará en el expediente, con expresión 
de la persona que lo hace y de la cantidad pagada. 

Art. 69 Cada ' plana de las hojas de que se habla en este Arancel, debe 
contener por lo menos treinta renglones, y cada renglón ocho palabras, con un 
solo margen de tres centímetros. 

Art. 7° Las tasaciones de costas se harán por el Secretario del Tribunal 
respectivo, y por impedimento de éste, por un inteligente nombrado por el Juez 
ó Presidente del Tribunal, si este fuere colegiado. 

Art. 8° A solicitud de parte, ó de oficio, se mandará reformar la tasación 
practicada, cuando en ella se advierta errores ú omisiones.' 

La reclamación de la parte debe ser hecha dentro de tres días después de 
practicada la tasación ; y la reforma de oficio debe ser acordada antes del pago 
del monto de la tasación. 

Art. 99 La parte tendrá tres días para considerar la suma, contando desde 
la fecha de la tasación, ó de la reforma si la hubiere. 

El abogado ó procurador que hubiere intervenido en el pleito, presentará 
en un pliego la estimación de sus honorarios, expresando los trabajos ordinarios y 
extraordinarios que hubiere practicado. 

La parte que debiere satisfacer el monto de los honorarios, podrá pedir den- 
tro de los diez días de retasa, y el Juez, asociado con dos abogados, y en su de- 
fecto procuradores, ó inteligentes, harán la fijación definitiva, siempre que estu- 
vieren de acuerdo ; y en caso contrario, seguirá la opinión que crean más justa y 
equitativa, teniendo en cuenta las dificultades de la causa, la importancia de ésta 
y de los trabajos de la defensa, sin poder exceder nunca de la mitad de lo li- 
tigado. 

Las disposiciones de este artículo no impide á los abogados estipular con la 
parte la remuneración que deban darle. 

De la 'fijación no habrá recurso. 

Art. 11. Respecto de los honorarios de los médicos, cirujanos, químicos, 
ingenieros y agrimensores, los derechos fijados en este Arancel se entiende que 
son los relativos á los trabajos, operaciones y diligencias practicadas en los autos 
ó por orden de la autoridad judicial, sin perjuicios de que puedan pactar con los 
interesados su remuneración ; y en caso de no haber pacto, de que sean fijados 
á juicio de peritos. 



TITULO II 



DERECHOS DE LOS JUECES DE DISTRITO Y DE MUNICIPIO 

Art. 12. Los Jueces de Distrito y de Municipio cobrarán : 

1*^ Por cada hora de ocupación en una demanda, tres bolívares: 

2° Por cada hora do ocupación en cualquiera dih'gencia que evacuaren den- 
tro del Tribunal, inclusive las relativas á poderes, tres bolívares ; y fuera de él, 
cinco bolívares. 

3° Por cada legua de ida y vuelta, cuando la diligencia sea fuera de la po- 
blación donde resida, cinco bolívares. 

4° En las sentencias definitivas cobrarán doce bolívares, cualquiera que 
sea el tiempo que inviertan para dictarlas ; y en las interlocutnries, cinco bolíva- 
res, cuando tengan fuerza de definitivas. 

Llevarán siempre los mismos derechos expresados en los Húmeros 19 y 2<», 
aunque no inviertan una hora ; pero nada cobrarán por el tiempo empleado en 
dictar auto de sustanciación, firmar boletas de citación, y en oir las peticiones de 
las partes para hacer cursar los negocios. 

TITULO III 

DE LOS CONJUECES EN LA CORTE SUPREMA Y DE LOS ASOCIADOS EN EL JUZGADO SUPERIOR 
T EN EL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL 

Art. 13. Los Conjueces llamados para suphr algún vocal, en cualquiera de 
los Tribunales dichos, devengarán : 

19 Cincuenta bolívares por la relación de la causa que no exceda de cien 
folios, y por el exceso en proporción. 

2° Cuarenta bolívares por sentencias interlocutorias. 

39 Ochenta bolívares por sentencia definitiva ó firme. 

Nada cobrarán por asistencias, con excepción de la en que deben aceptar ú 
oir algún recurco, por lo cual cobrarán diez bolívares por cada una. 

Art. 14. Los asociados para cualquier instancia devengarán los siguientes 
derechos : 

19 Por relación que no exceda de cien folios, cincuenta bolívares, y por las 
que excedan, en proporción. 

2° Por sentencia interlocutoria, cuarenta bolívares ; y por sentencia defi- 
nitiva, ochenta bolívares. 

39 Por asistencia á oir algún recurso y á aceptarlo, diez bolívares por 
cada una. 

TITULO IV 

DELOSASESORES 

Art. 15, Los asesores que se nombraren en los Juzgados inferiores ó en el 
de Primera Instancia conforme á la Ley, devengarán : 



_92 — 



19 Por estudio de expediente hasta cincuenta folios, veinticinco bolívares} 
y por el exceso, cincuenta céntimos por folio. 

29 Por informe para sentencia definitiva, ochenta bolívares ; y para senten- 
cia interlocutoria, cuarenta bolívares. 

TITULO V 

DE LOS SECRETARIOS 

Art. 16. Los Secretarios que no tengan sueldo, cobrarán los mismos de- 
rechos asignados á los Jueces de Distrito y Municipio ; pero en las sentencias 
definitivas cobrarán seis bolívares, y en las interlocutorias, tres bolívares. 

También cobrarán : 

1° Por el mandamiento de ejecución, cuatro bolívares. 

29 Por suplicatorias, exhortos ó despachos, cuatro bolívares, por la prime- 
ra hoja y un bolívar por cada plana más. 

3? Por las certificicaciones que expidan de orden del Juez, de oficio ó á 
solicitud de partes, si no pasaren de un folio, cuatro bolívares, y un bolívar por 
cada plana más. 

49 Por compulsa ó testimonio de autos ú otros docurpentos del expediente 
ó de otro que esté en su archivo, cuatro bolívares por la primera hoja y un bo- 
lívar por cada plana más. 

59 Por cualquier diligencia de alguna parte interponiendo recurso ó 
haciendo alguna reclamación, un bolívar por cada plana. 

69 Por cada nota de desglose, un bolívar. 

7° Por busca de expediente ó documento en su archivo, si fuere de su 
tiempo, nada cobrarán ; por los de época anterior, dos bolívares por el año que 
indique la parte, y medio bolívar por cada año más á que se extendiere la busca. 

89 En las tasaciones cobrarán el derecho fijado á los tasadores. 

99 Por los autos ó providencias de mera sustanciación, nada cobrarán ; pe- 
ro por su actuación en los juicios verbales, sobrarán los mismos derechos que 
los Jueces. 

10. El Secretario de la Corte Suprema cobrará por cada título de abogado, 
veinticinco bolívares ; y quince por el de procurador. 

TITULO VI 

DERECHOS DE LOS ALGUACILES 

Art. 17. Los Alguaciles de los Tribunales, tengan ó no sueldos, cobrarán : 

19 Por cada citación que hagan de día dentro de la residencia del Tribunal, 
un bolívar veinticinco céntimos ; y tres bolívares si fuere de noche. 

2° Por las citaciones que practiquen fuera de la residencia del Tribunal, 
cobrarán además de lo arriba determinado, un bolívar y cincuenta céntimos por 
cada legua de ida y vuelta, fuera de los gastos de caballería. 



II 



§ único. Los que acompañaren á los Alguaciles cuando fuero necesario 
para las citaciones, cobrarán los mismos derechos de óslos. 

TITULO VII 



ÜE LOS EXPERTOS, PERITOS Y PRACTICOS 

Art. 18. Los expertos llamados á decidir puntos de hechos, cobrarán : 

1? Por vista de lo conducente de los autos, veinticinco bolívares por folio. 

2? Por reconocimiento de los objetos ó cosas sobre que verse la experticia, 
cinco bolívares por cada hora. 

3° Por las operaciones científicas que deban practicarse para llegar á con- 
clusiones, veinte bolívares por cada hora invertida, suministrando la parte intere- 
sada los gastos en reactivos y cualquiera otra materia necesaria. 

4'^ Por el informe, diez bolívares por hoja. 
Art. 19. Los peritos valuadores cobrarán : 

19 Uno por ciento sobre el monto de prendas ú otros objetos de oro ó pla- 
ta, con ó sin pedrerías, que excedan de cinco mil bolívares ; tres por ciento si el 
monto es de mil á cinco mil bolívares ; y cinco por ciento, cuando no llegare á 
mil bolívares. 

2° Dos por ciento sobre el monto de los objetos muebles y de los semo- 
vientes. 

3° Uno por ciento sobre el monto de los inmuebles cuando no excedan de 
veinte mil bolívares, y medio por ciento sobre exceso. 

Art. 20. Los peritos tasadores devengarán uno por ciento sobre el monto 
de la tasación. 

Art. 21. Los peritos contadores cobrarán : 

1° Veinticinco céntimos de bolívar por vista de cada foja de la cuenta y de 
cada comprobante acompañado. 

2? Veinte bolívares por cada foja de las observaciones, explicaciones ó in- 
formes que debieren dar, é igual cantidad por cada foja de cualquier cuenta que 
tuvieren que formular para presentar el compendio ó extracto de las cuentas. 

Si las cuentas comprendieren toda la contabilidad de algún negocio mercan- 
til ó industrial, ó de -un caudal considerable, el honorario de los peritos contado- 
res lo fijará el Juez acompañado de dos inteligentes, teniendo en cuenta el trabajo 
y la complicación de los negocios ó de las cuentas. 

Art. 22. Los partidores cobrarán .sobre el monto total de ios bienes parti- 
dos que no excedan de doce mil bolívares, el cinco por ciento de esta suma á 
cincuenta mil bolívares, el tres por ciento ; do esta suma á doscientos mil bolíva- 
res, el dos por ciento ; por todo exceso hasta cuatrocientos mil bolívares, el tres 
cuarto por ciento ; y si el exceso pasare de cuatrocientos mil bolívares, medio por 
ciento más sobre este último exceso. 

Art. 23. Los prácticos cobrarán ocho bolívares por día. 



TITULO VIII 



DE LOS DEPOSITARIOS 

Art. 24. Los depositarios cobrarán : ' 

1? Por depósito de dinero y alhajas y otros muebles que no necesiten admi 
nistración, el uno por ciento de su importe. 

2? Por el depósito de toda especie de ganado y otros animales, seis por 
ciento de su valor; y además el valor délos alimentos que se acostumbrare 
pagar. 

39 Por el depósito de casas el ocho por ciento de sus alquileres. 

4? Por el depósito de haciendas de café, cacao, coco, añil y otros plantíos 
semejantes, el diez por ciento de lo que producirían en arrendamiento en el 
tiempo del depósito ; y en las haciendas de cañas y frutos menores, el veiníe por 
ciento del mismo arrendamiento, aparte de la indemnización de expensas hechas, 
lodo á juicio de expertos. 

TITULO IX ' 

DE LOS INTERPRETES 

Art. 25. Los intérpretes devengarán : 

19 Por cada plana de traducción de cualquier documento, ocho bolívares. 

29 Por una hora de ocupación como intérpretes en las posiciones, jura- 
mentos, declaracienes ó cualquiera otro acto de esa especie, ocho bolívares ; y 
cuatro bolívares por cada hora excedente. Llevarán siempre los ocho bolívares, 
aunque la ocupación no haya durado una hora. 

TITULO X 

DE LOS MÉñiCOS Y CIRUJANOS 

Art. 26. Los médicos y cirujanos devengarán : 

1° Por cada certificación ó declaración que como facultativos den para 
hacer prueba, ocho bolívares. 

2° Por el reconocimiento de un cádaver y la consiguiente certificación ó 
declaración, doce bolívares si el reconocimiento fuere de día y diez y ocho bolíva- 
res si fuere de noche. 

Los mismos derechos llevarán por el reconocimiento y declaración sobre to- 
da especie de lesión ó enfermedad causada violentamente. 

único. Cuando' para practicar algún reconocimiento, fuere necesario 
hacer la autopsia de un cadáver, devengará cada facullalivo treinta bolívares. 
Si el reconocimiento se hiciere en un cadáver exhumado, devengará cada uno 
sesenta bolívares. 

Si los médicos y cirujanos tuvieren que salir fuera de! lugar de su residen- 
cia á practicar un reconocimirnto ordenado por el Juez, de oficio ó á petición de 
parte, porque así lo exija alguna circunstancia, se les abonará además de los 



— 95 — 



derechos especificados, cinco bolívares por cada cinco kilómetros de ida y 
vuelta. 

Art. 27. Los médicos y cirujanos en el ejercicio do su proíeslón, devenga- 
rán en los casos expresados en el artículo 11 : 

19 Por las visitas ordinarias, siendo de día ó antes de las diez de la noche, 
cuatro bolívares ; y de esta hora en adelante, doce bolívares. 

29 Por cada cinco kilómetros de ida y vuelta fuera de poblado, cinco bolí- 
res además de los gastos de caballería, 

Art. 28. Los médicos y cirujanos pueden estipular previamente los hono- 
rarios que hayan de devengar por la asistencia á los enfermos ú operaciones 
quirúrgicas. 

ArL 29. Toda cuenta de honorarios se hará circunstanciadamente, desig- 
nándose los de visitas, operaciones, viajes, tiempo y asistencia y cualesquiera 
otros. 

TITULO XI 

DE LOS INGENIEROS Y AGRIMENSORES 

Art. 30. Los ingenieros, agrimensores y peritos que suplan su falta, co- 
brarán : 

19 Por cada diligencia para informes ú otros actos diez bolívares si no pasa 
de una hora, y cinco bolívares por las demás, sin perjuicio de sus derechos en 
caso de peritaje. 

29 Por la mensura de un terreno llano, cultivado, que no exceda de diez 
hectáreas, ciento sesenta bolívares f y por cada hectárea más, veinte bolívares. 

3° Por la mensura de un terreno plano cultivable, que no exceda de diez 
hectáreas, ciento veinte bolívares y diez y seis por cada una de las demás. 

49 Por la mensura de terrenos quebrados cultivados, que no excedan de 
cincuenta hectáreas, doscientos bolívares, y veinte bolívares más por cada lote de 
diez hectáreas de exceso. 

• 5° Por mensura de terrenos quebrados cultivables, que no excedan de 

cincuenta hectáreas, ciento cincuenta bolívares ; y doce bolívares, por cada lote 
de diez hectáreas de exceso. 

69 Por la mensura de terrenos delicados ó delicables á la cría, doscientos 
bolívares, cuando no excedan de media legua, y el exceso, hasta una legua en la 
misma proporción. Si exceden de una legua, trescientos veinte bolívares por la 
primera, y el exceso hasta dos, en proporción. Si exceden de dos, sobre el ex- 
ceso se cobrará á razón de trescientos bolívares por legua. 

Art. 31. Lo dispuesto en este título no impide que los ingenieros, agrimen- 
sores y peritos que suplan su falta, estipulen previamente con los interesados los 
honorarios que éstos deban pagarles. 

Art. 32. En los casos en que por esta Ley se permite la previa estipula- 
ción de honorarios, se estará á la que se haya convenido. 2n los demás casos 
puede pedirse la retasa por los interesados, siguiendo para ello el procedimiento 
indicado para el caso. 



-96- 
TITULO XII 



DISPOSICIONES FINALES 

Art. 33. Los defensores, apoderados, agrimensores, peritos, prácticos 
médicos, cirujanos y cualesquiera otras personas cuyos oficios profesionales ó 
conocimientos se necesiten en las causas criminales y en toda otra que se siga de 
oficio ó para auxiliar á los pobres de solemnidad en los juicios que éstos tengan, 
prestarán sus servicios sin remuneración inmediata, pudiendo cobrarlas en lo su- 
cesivo de las personas que deban satisfacerlas, si éstas se encontraren en capaci- 
dad de hacerlo, mientras aquellos derechos no estén prescritos. Esto no autoriza 
excusa de parte de los que sean llamados á prestar sus servicios, á menos que 
tenga grave inconveniente comprobado ante el Juez competente. 

Art. 34. Cuando no haya profesores titulados, los que fueren llamados á 
suplirlos, devengarán los mismos derechos que aquéllos. 

Art. 35, En cualquier caso no previsto en esta Ley, en que se llame á al- 
gunas personas á prestar sus servicios, la indemnización de su trabajo será fijada 
por el Juez de la causa ó negocio ó por el que según la cuantía debiera conocer 
de él, oyendo previamente á dos inteligentes, cuya opinión seguirá si estuvieren de 
acuerdo, y si discordaren, se adherirá á la que crea más racional. 

En estos casos se procederá breve y sumariamente, nombrando á los inteli- 
gentes por las partes dentro del término que señale el Juez ; y si aquéllas ó algu- 
na de éllas no convinieren ó no quisieren nombrar, entonces el Juez nombrará 
á los dos inteligentes ó al que corresponda á la parte que no haya concurrido ó 
que no quisiere elegir. 

Art. 36. Se deroga la Ley de Arancel Judicial sancionada el día veinte de 
diciembre de mil novecientos seis. 

Dada en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en ^ La Victoria, á los catorce días del mes de marzo de 
1910. — Año 1009 de la Independencia y 529 de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroyo. 

El Secretario, ' 

José Mamón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victos 
ria: 17 de marzo de 1910.-100" y 529 

^ Cúmplase. 

R. Andueza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera, 



I 



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4 

■ * 
« 

CODIGO ORGANICO DEL PODER JUDICIAL 



La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 



D E C R ET A: 

Código Orgánico del IPoder ¿Tiadicial 

CAPITULO I 

DE LOS TRIBUNALES 

Art. 1° La Justicia en el Estado Aragua se •administrará por una Corte 
Suprema, un Juzgado Superior, un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Mercantil, un Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal, Juzgado de Distrito 
y Juzgados de Municipio. 

Se adopta en la organización judicial del Estado Aragua el juicio por Jura- 
dos, conformándose en un todo á las disposiciones contenidas en el Libro V del 
Código de Enjuiciamiento Criminal. 

Art. 29 La Corte Suprema se compondrá de tres Ministros elegidos por la 
Legislatura en la primera década de sus sesiones del primer año de cada período 
constitucional. Este Tribunal se constituirá con Presidente, Relator y Canciller, 
dentro de los tres días siguientes de su elección. En el mismo acto la Cámara 
elegirá una senaria de Suplentes que serán llamados en la oportunidad legal, por 
el orden de su elección. 

Art. 3° El nombramiento de Juez Superior y el de la respectiva terna de 
suplentes, los hará también la Asamblea Legislativa. 

Art. 49 El Estado tendrá un Fiscal del Ministerio Público. Este funciona- 
rio y la terna de suplentes los nombrará la Legislatura. 

Art. 59 En la misma sesión que la Cámara elija los Ministros de la Corte 
Suprema, el Juez Superior y el Fiscal del Ministerio. Público, elegirá también el 
Procurador General del Estado y la respectiva terna de suplentes para suplir su 
falta. 

Art. 6° Habrá un Procurador de Presos, de libre elección del Ejecutivo del 
Estado, el cual formará una terna de suplentes para las faltas que ocurran, de- 
biendo renovar dicha terna cuando llegare á agotarse. 



§ primero: ^ Los Ministros de la Corte Suprema, el Juez Superior, los'Jueces 
de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y en lo Criminal, el Fiscal del Mi- 
nisterio Público y el Procurador de Presos, deberán ser abogados, procuradores 
ó persanas versadas en el foro. 

§ segundo. El Procurador General del Estado deberá ser abogado con tres 
años de ejercicio. 

Art. 7° Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y en lo Cri- 
minal, los nombrará el Poder Ejecutivo del Estado. El mismo Poder Ejecutivo 
designará las ternas para suplir las faltas de estos funcionarios, las cuales renova- 
rá en cada caso cuando llegaren á agotarse. 

Art. 8" Los Jueces de Distrito serán nombrados por el Presidente del Esta- 
do de las ternas que formarán los Concejos Municipales respectivos^ y los Jueces 
de Municipio, por los Jefes Civiles de cada Distrito, de una terna que al efecto 
formará la Junta Comunal respectiva. 

Art. 9? Si llegaren á agotarse la senaria y las ternas á que es refieren los 
artículos 2°, 3°, 4° y5° de la presente Ley, serán renovadas sucesivamente 
por el Presidente del Estado, siempre que esté en receso la Asamblea Legislativa. 

Los Concejos Municipales y Juntas Comunales, renovarán las ternas para 
Jueces de Distrito y de Municipio, cuando llegaren á agotarse. 

§ único. En las taitas temporales ó accidentales que ocurran, el mismo 
Tribunal ó Juez, llamará á los de la lista respectiva de suplentes, por el orden 
que ocupen en ella, en los término^ que determina el Título IV, libro primero 
del Código de Procedimiénto Civil. 

Art. 10. Las faltas accidentales del Presidente de la Corte Suprema serán 
suplidas por el Relator, llenando el Caciller, en todo caso, las funciones de éste. 
En defecto del Canciller suplirá su falta el suplente respectivo de la senaria co- 
rrespondiente. 

Art. 11. La falta absoluta de algún Ministro de la Corte Suprema, será 
llenada en la forma establecida en el artículo anterior para las faltas accidentales ; 
debiendo hacer la convocatoria del suplente respectivo el Ministro de mayor 
categoría participándolo al Presidente del. Estado. Caso de falta absoluta de Iqs 
tres funcionarios de dicha Corte, el Ejecutivo llamará de la senaria co- 
rrespondiente, según el orden de su elección, los suplentes que han de 
constituir dicho Tribunal. 

§ único. Las faltas absolutas del Juez Superior y Procurador General del 
Estado se llenarán por el Presidente del mismo, designando el suplente respec- 
tivo de las ternas correspondientes. También designará, libremente, de las 
respectivas ternas el suplente que ha de llenar las faltas absolutas de los Jueces 
de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y en lo Criminal, Procurador de 
Presos y Jueces de Distrito. Las mismas faltas en los Jueces de Municipio las 
llenará el Jefe Civil del Distrito, de las ternas formadas por las Juntas Comunales 
respectivas. 

Art. 12. La Corte Suprema, el Juzgado Superior y los Jueces de Primera 
Instancia en lo Civil y Mercantil y en lo Crimina), tendrán su asiento en la capi- 
tal del Estado. 

•Art. 13. En las faltas temporales ó accidentales del Fiscal del Ministerio 
Público,, el Juez del Crimen ó el Tribunal, que esté conociendo de la causa, 
llamará al suplente correspondiente de la terna según el orden que ocupe en ella. 



I 



— loi — 
CAPITULO II 

DE LA CORTE SUPREMA 

Art. 14. Son atribuciones de la. Corle Saproma : 

1'? Conocer de las causas de responsabilidad contra el Juez Superior y Te- 
sorero del Estado, acordando en ambos casos la responsabilidad cuando lo pres- 
criba la ley. 

2* Conocer en segunda instancia en los términos que establece la ley de 
los juicios que se instauren contra el Tesorero General. , 

3? Conocer en segunda instancia de los juicios relativos á los delitos y 
faltas en materia de elecciones. 

4^ Resolver á excitación del Presidente del Estado ó en virtud de recla- 
mación de cualquier otro funcionario, ó de parle interesada, sobre la constitu- 
ción de los actos, resoluciones ó acuerdos de los Concejos Municipales. 

5'.^ Dirimir, previo informe de los Concejos Municipales, las controversias 
que se susciten entre Distritos y Municipios sobre sus límites ; sin perjuicio de 
la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa para dictar la resolu- 
ción final. 

6? Dirimir las competencias que se susciten entre el Juez Superior y otro 
Tribunal del Estado, como también entre las autoridades que ejercen jurisdicción 
en un ramo determinado, ya sea civil, administrativo, judicial, militar ú otro 
cualquiera en el Estado. 

Conocer de las controversias en que el Estado sea parte. 

8? Conocer de las causas que le atribuye la Ley de Patronato Eclesiástico. 

9? Conocer de las reclamaciones sobre invalidación de los juicios en los 
casos determinados en los Códigos de Procedimiento. 

10. Conocer de los recursos de hecho en las apelaciones negadas por el 
Juez Superior ú oídas en un solo efecto. 

11. Conocer en segunda instancia de las sentencias definitivas ó interlo- 
cutorias con fuerza de definitivas que dicte el Juez Superior en las causas de 
que conozca en primera instancia y en las mismas interloculorias que dictare el 
mismo Juez en las causas de que esté conociendo en segunda. 

12. Conocer en tercera instancia, por apelación ó consulla, según el*caso 
de las sentencias definitivas que pronunciare el Juez Superior en segunda 
instancia. 

13. Conocer de los juicios llamados jurídicamente interdictos, en los casos 
permitidos en el Código de Procedimiento Civil. 

14. Pedir cada cuatro meses al Juez Superior, listas de las causas pendien- 
tes civiles y criminales, debiendo á este fin hacer las reconvenciones que fueren 
necesarias é imponer multas de doscientos cincuenta á mil bolívares, haciendo 
publicar lo que acordare á este respecto. 

15. Pasar anualmente á la Asamblea Legislativa, una memoria sobre el 
estado de la administración de justicia y las mejoras que puedan hacerse en ella. 

16. Dictar las disposiciones convenientes para la Estadística Judicial del 
Estado que presentará á la Asamblea Legislativa en la Memoria á que se contrae 



**** 



la atribución anterior. Con tal fin reniitirá oportunamente á los Jueces inferio- 
res los modelos que deben seguir, pudiendo compelerlos con multas desdo cien 
hasta mil bolívares. 

17. Promover lo conveniente para la más pronta y efitaz administración de 
justicia en el Estado; pudiendo imponer con tal objeto multas desde cien hasla 
mil bolívares, publicando por la imprenta las disposiciones sobre el particular. 

18. Expedir los títulos de abogados y procuradores, conforme á la ley so- 
bre la materia. 

19. Oiry decidir en el grado legal correspondiente las solicitudes por omi- 
sión, retardo ó denegación de justicia por los Tribunales inferiores. 

CAPITULO III 

DEL -PRESmENTE DE LA CORTE SUPREMA 

Art. 15. Son atribuciones y deberes del Presidente de la Corte Suprema: 
lí Presidir la Corte. 

2^ Sustanciar por ante el Oficial Mayor las causas de que conozca la Corte 
en primera instancia, y de las incidencias y articulaciones que ocurran en las que 
conozca en segunda y tercera instancia; pudiendo apelarse dentro de cuarenta y 
ocho horas de sus autos para ante la Corte plena, supliéndose el Presidente con- 
forme á lo prescrito por el artículo 10 para las faltas accidentales, debiendo hacer 
la convocatoria del suplente respectivo el Ministro Relator. 

3'} Llevar el diario de los trabajos y el de la Corte en libros destinados al 
efecto. . 

4? Convocar extraordinariamente la Corte, anticipar y prorrogar las horas 
de despacho, habilitar los días feriados y horas de la noche, siempre que así lo 
exija algún asunto urgente ó de gravedad. 

5'^ Decidir verbalmente las quejas ie\ Oficial Mayor contra las partes y de 
éstas contra aquél. 

Practicar el examen que debe rendir el Registrador Principal del Esta- 
do, según lo dispuesto en al artículo 4° de la Ley de Registro. 

7? Hacer guardar el orden en el local donde la Corte tiene su Despacho, 
pudiendo con tal objeto imponer multas hasta de mil bolívares ó arresto por diez 
días, según la gravedad de la falta, extendiendo al efecto una acta que firmará 
junto con el Oficial mayor. 

8" Dirigir á nombre de la Corte las comunicaciones que se ofrecieren con 
cualquiera autoridad ó funcionario público y autorizar su despacho. 

9? Oir y decidir en el grado legal correspondiente, las solicitudes de las 
partes sobre omisión, retardo ó denegación de justicia en el Juzgado Superior y 
en los Tribunales inferioriores. 

10. Hacer al Juez Superior las debidas observaciones con relación á las 
faltas del diario de sus trabajos, que debe remitir mensualmente. 

11. Tomar anualmente la matrícula á los abogados y procuradores vecinos 
del Estado, con expresión de su residencia, para publicarla en la Gaceta Oficial. 

12. Penar discipinariamente á los Registradores y empleados de su depen- 
dencia conforme al artículo 14 de la Ley de Registro. 



— I03 — 



13. Abrir y cerrar al principio y Lóniiino de caiUi Iririieslre lo.s protocolos 
que se lleven en la Oficina Principal de Registro. 

14. Visitar al fin de cada trimestre la Oficina Principal de l^egistro 6 im- 
poner mullas y acordar juicio de responsabilidad según la gravedad de la íalla, 
,conforme al artículo 108 de la expresada Ley. 

CAPITULO IV 

DE LOS MhViSTROS RELATOR Y 'CANCILLER 

Art, 16. Son atribuciones y deberes del Ministro Eelator : 

1^ Formar relación concordada de los autos, cuatro días antes por lo me- 
nos del fijado para la vista ó relación de la causa, según lo cual dará lectura al 
expediente en audiencia pública. De esta relación podrán imponerse las partes 
ó sus defensores ; pudiendo hacer en pliegos separados las objeciones ó adver- 
tencias que creyeren necesarias y aún indicar la lectura de .cualquier otro docu- 
mento que se hubiere omitido en la relación, bien en el acto en que ésta se efec- 
túa ó bien cuando se instruyan de ellas ; y 

2'^ Redactar las sentencias y acuerdos conforme á la mayoría de votos. 

Art. 17, Son funciones del Ministro Canciller : 

1* Dirigir la Secretaría bajo su responsabilidad. 

2^ Autorizar todas las solicitudes que por diligencia hagan las partes. 

3í Recibir los documentos escritos que las partes presentaren, lo cual 
puede hacerse aún después de cerrado el Tribunal, anotándose en este caso el 
lugar, la hora y la fecha do la presentación. 

4? Autorizar todos los testimonios y cBrtificaciones que deban quedar en 
el Tribunal. 

5'} Autorizar y sellar los testimonios y certificaciones que "se dieren á las 
partes y que sólo expedirá cuando se acuerde conforme á la ley. 

6? Custodiar el sello de Tribunal. 

§ único. En las funciones atribuidas por los dos artículos anteriores á los 
Ministros Relator y Canciller, cada uno de éllos suplirá las faltas temporales y 
accidentales del otro. 

CAPITULO V 

DEL JUEZ SUPERIOR 

Art. 18. Son atribuciones y deberes del Juez Superior : 

1? Conocer de los recursos de fuerza con arreglo á la ley. 

2^ Conocer en primera instancia de las causas por responsabilidad en los 
juicios de cuenta que se formen contra el Tesorero General y Registrador Prin- 
cipal del Estado; y en segunda instancia, de los que se sigan á los Administra- 
dores de Rentas de los Distritos, en los términos que establece la ley. 

3í Conocer en primera instancia de los juicios relativos á los delitos y fal- 
tas en materia de elecciones. 



4? Conocer de las causas de responsabilidad que se formen contra los 
Jueces de Primera Instancia. 

5?^ Conocer de las reclamaciones sobre invalidación de los juicios en los 
casos determinados por la Ley. 

6'? Conocer de las causas que le atribuye la ley de Patronato Eclesiástico 

7? Conocer en segunda instancia de las sentencias interloculorias ó defini- 
tivas libradas en primera por los Jueces de Primera Instancia. 

8? Conocer en tercera y última instancia de las sentencias definitivas ó in- 
terloculorias con fuerza de definitivas que dicten en segunda instancia los Jueces 
de Primera Instancia, ó en los casos en que sea procedente el recurso. 

9? Conocer en segunda instancia de los juicios llamados jurídicamente in- 
terdictos, en los casos permitidos por la ley. 

10. Formar la senaria á que se refiere el artículo 389 del Código de En- 
juiciamiento Criminal, en el caso de que se adopte en el Estado el procedimiento 
por jurado. 

11. Conocer de los recursos de hecho en las apelaciones negadas por los 
Jueces de Primera Instancia, ú oídas en un solo efecto. 

12. Conocer en el grado legal de las solicitudes sobre omisión, retardo ó 
denegación de justicia en los Tribunales inferiores. 

13. Visitar una vez cada cuatro meses, por lo n;ienos, las oficinas de Regis- 
tro Subalternas del lugar en que resida el Juzgado, para inquirir si los funciona- 
rios de éllas cumplen bien todas las prescripciones legales ; corregir- la faltas le- 
ves que advierta, y en las que juzgue graves, excitar al Juez de Primera Instan- 
cia respectivo para que proceda conforme á la Ley. 

14. Remitir á la Corte Suprema cada tres meses listas de las causas civiles 
y criminales pendientes. y 

15. ^ Cumplir y hacer cumplir las diposiciones de la Corte Suprema sobre 
Ja formación de la estadística judicial y sobre administración de justicia. 

Ib'. Hacer á los Jueces de Primera Instancia las debidas observaciones 
respeto á la certificación del diario de .sus trabaios, que deben remitir mensual- 
mente. 

17. Hacer al fin de cada semana la visita de Cárcel en la forma preceptua- 
da en la Ley IX, Título I, Libro III del Código de Enjuiciamiento Criminal. 

18. Hacer visita general de Cárcel el día catorce de agosto de cada año. 

19. Llevar el diario de los trabajos en un libro destinado al efecto, y re- 
mitir á la Corte Suprema dentro de los primeros quince días de cada mes, una 
copia certificada de aquéllos. 

20. Promover lo conveniente á la más pronta y cabal administración de 
justicia en los juzgados inferiores, pudiendo con tal objeto imponer multas de 
cincuenta á ochocientos bolívares. 

21. Anticipar ó prorrogar las horas de despacho y habilitar los días 
feriados y horas de la noche, siempre que así lo exija algún negocio urgente ó 
de gravedad. 

22. Hacer guardar el orden en el local donde el Juzgado tengajsu asiento, 
pudiendo imponer multas hasta de ochocientos bolívares, ó arresto] hasta por 



— I05 — 



ocho días, según la gravedad de la falta, extendiendo al efecto una acta que 
firmará con el Secretario. 

23. Decidir verbaitnente las quejas del Secretario contra las partes y de 
éstas contra aquél. 

Art. 19. Son atribuciones del Juez Crimen : 

1? Conocer en primera instancia, de conformidad con lo que previene el 
Código de Enjuiciamiento Criminal, de todas las causas ó asuntos criminales 
cuyo conocimiento no esté atribuido especialmente por la ley á otros Jueces. 

2? Conocer de las causaí; de responsabilidad que se promuevan contra 
los funcionarios ó empleados i)úblicos en su jurisdicción; por mal . desempeño 
de sus funciones, de conformidad con la Ley III, Título I. Libro III del Código 
de Enjuiciamiento Criminal y cuyo procedimiento no esté atribuido á otro Tri- 
bunal. 

Pedir á los. funcionarios de instrucción el sumario que estuvieren for- 
mando, de oficio ó á petición de parte, siempre que lo juzgue conveniente. 

4? Acompíiñar al Juez Superior á las visitas de Cárcel que se practicaren 
con arreglo á la Ley. 

5^ Conocer del juicio por Jurado, cuando las partes opten por él, confor- 
mándose en todo á lo dispuesto por el artículo 383 del Código de Enjuiciamiento 
Criminal. 

6? Conocer en segunda instancia de las causas sentenciadas en primera por 
los Jueces de Distrito; y en tercera instancia de las que conozcan en primera los 
Jueces de Municipio. 

7?" Procurarla mejor y más pronta administración de justicia en los Juz- 
gados inferiores, ¡judiendo pedir con tal fin los avisos é informes convenientes 
y conocer de las solicitudes sobre omisión, retardo ó denegación de justicia en 
los Jusgados Subalternos, imponiendo multas de cien á quinientos botívares á los 
que desobedezcan sus órdenes. , 

8* Conocer del recurso de hecho conforme á la ley. ' 

9? Hacer guardar el orden en el Tribunal, pudiendo con tal fin imponer 
multas hasta de cien bolívares ó arresto hasta de cinco días. 

10. Prorrogar las horas de despacho ó habilitar 'los días de fiesta en los 
casos en que lo determina el Código de Procedimiento Civil. 

11. Pasar en el mes de octubre de cada año á /la Corte Suprema un informe 
respecto á las observaciones qne haya hecho durante él, de la administración de 
justicia. 

12. Fjercer las demás funciones que le atribuyen las leyes. 

CAPITULO VII 

DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL 

Art. 20, Las atribuciones del Juez de Primera instancia en lo Civil y 
Mercantil, son : 

1* Presidir el Tribunal en los casos á que se refiere el Capítulo VIII de 
este Código, que trata de los asociados. 



2* Qonocer' en primera instancia de todas las causas civiles cuyo conoci- 
miento no esté atribuido especialmente por la ley á otros Tribunales, y de las 
mercantiles conforme al Código de Comercio. 

3? Conocer en el grado legal correspondiente, conforme al Código de 
Procedimiento Civil, de las sentencias definitivas ó interlocutorias dictadas por 
los Juzgados de Distrito. 

4* Conocer de las quejas contra los Tribunales inferiores por infracciones 
de la Ley de Aracel Judicial, debiendo, con el fin de corregir las faltas, impo- 
ner multas hasta de doscientos bolívares ; y si la falta fuere reiterada deberá 
decretar la destitución, 

5^ Conocer de todas las causas y negocios que en materia de jurisdicción 
contenciosa ó voluntaria le atribuyan las leyes especiales; y cuando no se deter- 
mine el Juez que deba conocer, se entenderá que el competente es el de Primera 
Instancia en lo Civil. 

6^ Resolver lo conveniente para la mejor y más pronta administración de 
justicia en los Juzgados subaiternoá y conocer de las solicitudes sobre omisión, 
retardo ó denegación de justicia en los propios Juzgados, imponiendo multas hasta 
de doscientos bolívares. 

??• Hacer guardar el orden en el Tribunal, pudiendo con tal objeto imponer 
multas hasta de cien bolívares ó arresto hasta de cinco días. 

8^ Prorrogar las horas de despacho y habilitar los días de fiesta en los casos 
que lo determina el Código de Procedimiento Civil. 

9? Pasar en el mes de octubre de cada año á la Corte Suprema, un in- 
forme respecto de las observaciones que haya hecho durante él, de la Adminis- 
tración de Justicia. 

CAPITULO VIII 

DE LOSASO CIADOS 

Art. 21. En los juicios meramente civiles de que conozcan los Jueces de 
Primera Instancia, podrá cualquiera de las partes pedir hasta un día antes de 
aquél en que haya de comenzar la relación de la causa, la concurrencia de dos 
asociados, quienes junto con el Juez, sentenciarán por mayoría de votos, con- 
forme á las disposiciones relativas á los Tribunales colegiados. 

único. No ha lugar á la concurrencia de asociados sino para las senten- 
cias definitivas y para las interlacutorias con faerza de definitivas. 

Art. 22. Pedida la concurrencia de asociados es obligatoria y se procederá 
á su elección dentro de los tres días siguientes al de la solicitud, á la hora 
previamente señalada por el Juez. 

Art. 23. Los asociados serán elegidos : uno por la parte demandante, 
y otro por la parte demandada, cualquiera que sea el número de interesados que 
forme una-y otra parte. 

Art. 2-t. En la audiencia y á la hora señalada para hacer la elección, 
cada una de las partes presentará una Hsta de tres abogados ó procuradores 
titulares en ejercicio, vecinos del Estado, de la cual la contraria escogerá el 
asociado. 



107 



§ único. Cuando haya dos ó más interesados, ya conlo demandantes, ya 
tomo demandados, con derechos semejantes, si no se acordare por mayoría rela- 
tiva por lo menos, sobre quién de ellos debe hacer la presentación de la terna y 
la elección, practicará una y otra cosa el que fuere designado por la suerte. Si no 
tuvieren derechos semejantes, se insacularán los nombres de la terna que cada 
uno propondrá y por la suerte se sacará la terna de donde debe elegir la parte 
contraria, sacando también por la suerte de la terna que ésta presentará, el otro 
asociado. - • 

Art. 25. Si una de las partes dejare de concurrir al acto de la elección, ó si 
estando presente se rtegare á hacerlo ó á^presentar su lista,el Juez formará la terna 
ó las ternas que falten, y sacará por la suerte el asociado correspondiente. Guando 
falten ó se nieguen á cumplir las formalidades dichas, uno ó mas interesados que 
no tengan derechos semejantes, el Juez formará las respectivas ternas; y si tuvie- 
ren derechos semejantes, los comparecientes, procederán á la presentación y elec- 
ción referidas, con prescindencia de los que falten; siguiéndose desde luego en 
ambos casos, las prescripciones del artículo anterior. 

Art. 26. Antes de proceder al ejercicio de sus funciones, los asociados pres- 
tarán aceptación y juramento ante el Juez de la causa de que son llamados á 
conocer. 

Art. 27. Los honorarios de los asociados serán satisfechos por la parte que 
solicitare su concurrencia, á reserva de lo que se decidá por sentencia definitiva. 

Art. 28. Dentro de los dos días siguientes al de la solicitud, la parte que 
pide asociados consignará los honorarios de éstos, correspondiente al número de 
audienciatS que prudencialmente señalare ei Juez; y si así no lo hiciere, incurrirá 
en una multa de cien á quinientos bolívares, según la importancia del caso, y el 
Juez procederá por sí solo á la vista y sentencia. 

CAPITULO IX 

DE LOS JUECES DE DISTRITO 

Art. 29. Son atribuciones del Juez de Distrito : 

1* Conocer en segunda instancia de las seténelas definitivas ó interlocuto - 
i-ias libradas en primera por los Jueces de Municipio ; y de las que libre como 
Juez de Municipio cabecera, conocerá en segunda instancia, como Juez de 
Distrito, el suplente respectivo. 

2? Procederá prevención con el respectivo Juez de Primera Instancia á la 
formación de los sumarios como funcionarios de instrucción, á la detención de 
los delincuentes con arreglo á la ley, pasando aquellos sumarios al Juzgado de 
Crimen para la prosecusión del juicio. Al iniciar el sumario lo avisará al Juzga- 
do Superior y al ^Juez del Crimen. 

3'> Instruir las justificaciones promovidas sin oposición de parte, abste- 
niéndose de dar resolución cualquiera que sea su naturaleza, pues para 
ello deberá remitir la actuación al Juez de Primera Instancia respectivo ó de- 
volverla al interesado, según lo solicite éste. 

4? Conocer de todas las causas civiles y mercantiles que, pasando de cua- 
trocientos bolívares, no excedan do cinco mil. 

5'.' Conocer de los demás negocios que le atribuyen las leyes. 
. G?* Hacer guardar el orden en el Tribunal, pudiendo al efecto imponer mul- 



— io8 — 



tas hasta de cíen bolívares ó arresto hasta por veinticuatro horas. 

7? Visitar mensualmente la Oficina dé Registro del Distrito y pasar al Su- 
perior inmediato y al Secretario General, copia del acta que levante. 

8? Informar anualmente en el mes de octubre á la Corte Suprema respecto 
á las observaciones que hubiere hecho relativas á la mejor administración de 
justicia. 

CAPITULO X ' ' ' 

DE LOS JÜECES DE MUNICIPIO 

Art. 30. Son atribuciones de los Jueces de Municipio : 

1? Proceder como funcionarios de instrucción á la formación del sumario 
y á la detención de los delincuentes con arreglo al Código de Enjuiciamiento 
Criminal, pasando el '¡sumario al Juez competente á los efectos del procedi- 
miento, conforme á la ley. Al proceder avisará al luez Superior y al Juez del 
Crimen. 

2? Instruir las justificaciones en que no haya oposición de parte, pero para 
su aprobación ó resolución deberá remitir las diligencias al Tribunal de Primera 
Instancia ó devolverlas al interesado, según lo solicite éste. 

S?- Conocer de las demás causas y negocios civiles y mercantiles cuya ac- 
ción principal no exceda de cuatrocientos bolívares; y de las criminales, de acuer- 
do con las facultades que le concedan las leyes. 

4? Hacer guardar el orden en el Tribunal pudiendo al efecto imponer mul- 
tas hasta de treinta bolívares ó arresto hasta por diez horas, según la grávedad 
de la falta. 

CAPITULO XI 

DEL FISCAL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PROCURADOR DE PRESOS 

Art. 31. El Fiscal Representante del Ministerio Público á que se refiere el 
artículo 13 del presente Código, tiene los deberes siguientes : 

19 Cumplir las obligaciones que impone á los Fiscales Representantes del 
Ministerio Público el Código de Enjuiciamiento Criminal, 

29 Concurrir coií los funcionarios de instrucción á la formación del suma- 
rio promoviendo todo lo conveniente á este fin con arreglo á las leyes. 

39 Promover pruebas para el esclarecimiento de la verdad y asistir á la 
evacuación de todas las que se promuevan en el juicio. 

49 Denunciar al Tribunal por escrito, en la forma determinada por el in- 
ciso 2°, artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el hecho punible de 
acción pública que llegare á su conocimiento. 

5° Informar al Tribunal en el caso que juzgue procedente, el corte en pro- 
videncia; expresando los motivos en que funde su dictámen, después de haber 
dictado el Juez el auto en que se declara estar concluido el sumario. 

G° Expresar con precisión en el informe para los cargos, los motivos en 
que ellos se tundan ó aquellos por los cuales no encuentre méritos para hacerlos 
y también por los que considere procedente el sobreseimiento. 

13 



— 1Ó9 — 



7? Informar verbalmente ó por escricO, después de termioada la relación 
de la causa, dando los motivos en que se funden sus conclusiones finales, para 
declarar la responsabilidad penal del reo ó la necesidad de su absolución. 

Art. 32. El Fiscal solicitará cuando fuere necesario el nombramiento de 
Fiscales uxiliares que intervengan en las diligencias que cursen en los Tribunales, 
fuera del asiento de' Juzgado del Crimen. 

Art. 33. El Fiscal es respansable conforme al Código Penal por soborno ó 
cohecho, por negligencia, retardo ú omisión en el desempeño de sus deberes. 

Art. 34. Son deberes del Procurador de Presos : 

19 Inspeccionar el tratamiento que se les dé á los detenidos informando al 
Juez de la causa lo que crea conveniente, y al que preside la visita de la Cárcel' 
cada vez que ésta se verifique. 

2^ Procurar que los encausados sean provistos de defensor en la oportu- 
nidad legal. 

39 Defender solamente á los encausados declarados pobres por los Tribu- 
nales. 

49 Asistir á las visitas semanales de Cárcel y hacer en ellas las peticiones 
que juzgue conveniente. 

Art. 35. El Procurador de Presos podrá pedir el nombramiento de defen- 
sores cuando las pruebas se instruyan fuera del lugar del juicio. 

Art. 36. El Procurador de Presos es responsable conforme al Código Pe- 
nal por negligencia, retardo, omisión ó culpa en el desempeño de sus funciones. 

CAPITULO XII 

D E LO S S E G KET A R 1 o S 

Art. 37. La Corte Suprema tendrá un Oficial Mayor de su libre nombra- 
miento y remoción ; y así mismo el Juez Superior y cada uno de los Jue- 
ces de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y en lo Criminal, y los Jueces 
de Distrito y de Municipio tendrán un Secretario que nombrarán y removerán li- 
bremente y que autorizará todos los actos del Tribunal. 

Art. 38. Los Secretarios tendrán por atribuciones ; 

1? Dirigir la Secretaría bajo su responsabilidad. 

2* Autorizar las solicitudes que por diligencia hagan las partes. 

3* Recibir los documentos y escritos que estas presentaren, lo cual puede 
hacerse aún después de cerrado el Tribunal, debiendo anotar en este caso, el 
lugar, la fecha y la hora de la presentación. 

4* Autorizar los testimonios y certificaciones que deben quedar en el 
Tribunal. 

5* Autorizar todos los testimonios y cerliñcaciones que soliciten las partes 
y que sólo expedirán cuando así lo acordare el Juez ó el Presidente del 
Tribunal. 

6? Formar relación concordada de los autos para el día de la vista de la 
causa, relación según la cual darán lectura al expediente en la audiencia pública 



de aquel día, sin perjuicio de que puedan las partes pedir la lectura de cualquier 
otro documento ó auto en el momento de la relación. 

7? Coleccionar todos los Códigos y leyes vigentes, ordenar y custodiar el 
archivo y guardar el sello del Tribunal. 

Art. 39. El Oficial Mayor de la Corte Suprema recogerá y organizará lodos 
los datos que para la Estadística carcelaria deberán remimitir á la Corte todos 
los Tribunales del Estado, conforme á los modelos que ella debe pasarles, 
y con ellos formará anualmente la Estadística General que remitirá al Presidente 
del Estado el de la Corte. 

Art. 40. El Oficial Mayor de la Corte Suprema formará anualmente las 
matrículas de los abogados y procuradores residentes en el Estado, las que remi- 
tirá el Presidente de la Corte al Secretario General para su publicación. 

Art. 41. El Oficial Mayor es el Secretario del Presidente de la Corte Su- 
prema, cuando éste actúe por sí sólo, 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 42. Es incompatible con la judicatura el ejercicio de la profesión de 
abogado y el desempeño de cualquier empleo público excepto el de profesor ó 
de catedrático en los planteles de enseñanza y el de los cargos concejiles ó que 
carecen de sueldo. 

Art. 43. Todos los funcionarios de que trata este Código Orgánico durarán 
en el ejercicio de sus funciones el cuatrienio constitucional que fija el período 
del Presidente del Estado ; debiendo continuar en el desempeño de sus desti- 
nos hasta que tomen posesión, respectivamente, los que deben reemplazarlos, so 
pena de la multa de quinientos bolívares que Ies impondrá el superior. 

Art. 44. Sin perjuicios de los demás requisitos exigidos por las leyes, no 
podrán ser empleados del orden judicial los que no sean venezolanos y no ten- 
gan xeintiún años cumplidos, salve lo establecido por leyes especiales. Tam- 
poco podrán ser al mismo tiempo Jueces y Conjueces en un mismo Tribunal ni 
en distintos Tribunales los Secretarios de éllos, ni los entre sí, parientes en 
cuarto grado de consanguidad ó segundo de afinidad. No pueden ser Secreta- 
rios los parientes del Juez dentro de los mismos grados. 

Art. 45, Los Secretarios darán fe pública en todos los actos que autori- 
cen como tales. 

Art. 46. El Canciller de la Corte Suprema y los Secretarios de los Tri- 
bunales, no podrán certificar sino al pié de la letra, y no expedirán certificacio- 
nes de ninguna especie fuera de los casos en que la ley lo permita expresa- 
mente. 

Art. 47. Todos los Tribunales remiticán mensualmente un diario de sus 
trabajos á su inmediato superior, quien incluirá esos datos en el diario que él de- 
berá pasar. 

Art. 48. Cada Tribunal tendrá un Portero de su libre nombramiento y 
remoción, el cual será ejecutor inmediato de sus órdenes, y por cuya mediación 
se harán las citaciones y llamamientos á que den lugar las causas en curso. 

Art. 49. En la Corte Suprema y demás Tribunales del Estado se dará 
audiencia cuatro horas por lo menos en todos los días hábiles. No son hábiles. 



los días feriados á que se refiere el artículo 162 del Código de Procedmiiento 
Civil ni los de las vacaciones dispuestas por el mismo artículo. 

Art. 50. Los Tribunales deberán fijar en el lugar más público de su Des- 
pacho, un cartel en que se exprese las horas que hayan señalado para audien- 
cia, las que no podrán variar sin avisarlo al público dos días antes por lo me- 
nos. En el mismo cartel se expresarán las horas de Secretaría que no podrán 
ser menos de dos diarias. 

Art. 51. Las sesiones de los Tribunales serán públicas, fuera de los casos 
en que se ocupen de conferenciar para pronunciar sentencia, en las diligencias 
de sumarios que deben ser secretas y en otros casos previstos por la ley. 

Art. 52. Los Tribunales de justicia del Estado darán entera fe á los actos 
públicos y de procedimiento judicial de los otros Estados, y los cumplirán en su 
jurisdicción ; y desempeñarán las diligencias que les cometan los Tribunales 
Nacionales, los del Distrito Federal y los de los Territorios Federales. 

Art. 53, De toda multa que impongan los Tribunales del Estado se dará 
aviso al Tesorero General ; las que impongan los Jueces del Distrito y de Munici- 
pio se participarán al Administrador de Rentas Municipales de la jurisdicción á 
fin de que se haga efectivo el cobro de ellas. 

Art. 54. La sala del Despacho de los Tribunales no tendrá otro uso, y se 
dividirá con una barandilla el Ingar que en ella deban ocuparlos Jueces, sus Se- 
cretarios y los defensores de las partes, del resto en que se calocacán los demás 
concurrentes. 

Art. 55. Nadie podrá concurrir con armas á los Tribunales, y si lo hi- 
cieren les serán decomisadas. Toda manifestación de aplauso, aprobación ó 
disgusto queda terminantemente prohibida y el trasgresor podrá ser expulsado, 
y en caso de reincidencia, penado conforme á este Código. 

Art. 56. Las partes, sus representantes y abogados, gozarán de toda liber- 
tad en la defensa de sus derechos, pero deberán abstenerse de palabras inde- 
centes é injuriosas y de calificativos á las personas. 

El Tribunal llamará al orden al que en discurso ó exposición verbal contra- 
venga á esta disposición, y aún podrá imponérsele la multa ó arresto que éste 
Código establece. 

Art. 57. Si la concontravención fuere en exposición escrita, se harán tex- 
tar todas las palabras y calificativos injuriosos y se apercibirá al infractor pudien- 
do también imponérse la multa ó arresto señalada en este Código. 

Art. 58. Los tribunales compelerán á los ciudadanos que resulten nom- 
brados Coujueces, con multas de cincuenta á ochenta bolívares, á entrar entrar 
en el desempeño de su cargo, siempre que no justifiquen algún impedimento 
físico ú otro grave á juicio del Tribunal para no concurrir. 

Art. 59. Los Gonjueces y suplentes ganarán por cada|[audiencia la cuota 
proporcional al sueldo del Juez, que pagará la parte jque agita, á reserva de lo 
que se resuelva en definitiva. 

Art. 60. Los Alcaides de la Cárcel Pública del Estado cumplirán las ór- 
denes de detención, arresto ó libertad que por escrito les comunique el Juez del 
primen. Juez Superior y Corte Suprema, sin que para^ello sea necesario obtener 
o' cúmplase ó visto bueno de ninguna otra autoridad. 



— 112 



Art. 61. Les Ministros de la Corte Suprema, Juez Superior y Jueces de 
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y en lo Criminal, no dejarán de asistir 
á su Despacho, sin motivo justificado, por más de ocho días ; pasado este térmi- 
no solo podrán hacerlo si han obtenido del Presidente del Estado la respectiva 
licencia, quien podrá concederla hasta por treinta días. 

§ primero. Cuando algún grave motivo obligue al Juez á separarse sin ha- 
ber recibido la licencia, llamará precisamente al suplente respectivo, participán- 
dolo al Presidente del Estado. 

§ segundo. Los Jueces de Distrito y de Municipio tampoco podrán dejar 
de asistir al Despacho sin previa licencia, que podrá conceder el Jefe Civil del 
Distrito y el del Municipio en su caso respectivo, por el mismo tiempo que se 
permite por este aitículo si hubiere motivos fundados. 

Art. 62. El funcionario judicial, salvo el caso previsto en el artículo ante- 
rior, que por más de ocho días se separe de su destino sin la correspondiente li- 
cencia, ó deje de concurrir al Despacho sin causa justificado será sometido á jui- 
cio de responsabilidad ante el Tribunal correspondiente, conforme á la ley. 

Art. 63. Los Jueces de Distritos y de Municipio mientras no gocen de 
sueldo, devengarán en el ejercicio de sus funciones las ovenciones que la Ley de 
Arancel Judicial determina : debiendo anotarse por el Secretario al margen de 
las actuaciones, los derechos que se causaren y poner constancia de la parte que 
los satisfaga. 

Art. 64. Los Tribunales y Jueces con jurisdicción en materia civil cono- 
cerán de las causas mercantiles con arreglo á las disposiciones del Código de 
Comercio. 

§ único. Los Conjueces y suplentes mercantiles serán nombrados de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Pi'imero, Libro cuarto 
del Código de Comercio. 

Art. 65. Ninguno de los funcionarios de que trata este Código, puede 
aceptar directa ni indirectamente de los litigantes, dádivas ó regalos traducidos 
en hechos que obliguen la gratitud durante el ejercicio de sus funciones, y los 
que contravinieren esta disposición serán juzgados conforme al Código Penal. 

Art. 66. El Poder Judicial es enteramente independiente en el Estado, y 
ningún funcionario puede ser destituido de su destino sino por sentencia ejecu- 
toriada del Tribunal competente, ni suspendido si no es de conformidad con la 
Ley de Responsabilidad de Empleados. 

Art. 67. Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y los de 
Distrito ó Municipio que no fueren letrados, están obligados á pedir el dictámen 
de abogados en las causas civiles cuan así lo solicite alguna de las. partes, con- 
signando los derechos de asesoría al acto de hacer la petición, sin cuyo requisito 
no habrá lugar á esta consulta. Los Jueces deben preferir para la asesoría á 
^ los abogados que residan en el lugar del juicio, los que podrán concurrir á la 
vista y decisión de la causa ó incidencia, dando en todo caso su opinión por 
escrito. Si este no concurriere al Tribunal, -se le pasarán los autos bajo co- 
nocimiento para que extienda su dictámen dentro del tercer día de recibibos. 
Cuando resida fuera del lugar del juicio se le enviará el expediente por el correo 
á costa del interesado. 

Art. 68. Para los efectos del artículo anterior, el Presidente de la Corte 
. Suprema hará publicar cada seis meses en h Gaceta Oficial, la lista de los abo- 



— lla- 



gados residentes en el Estado, con expresión de su domicilio. También hará 
publicar la de los residentes en el Distrito Federal. 

Art. 69. Cada una de las partes podrá rechazar sin causa justificada, tres 
abogados, debiendo hacer su manifestación dentro de los dos dias siguientes al 
del nombramiento del asesor. Esto no basta para que después recuse con cau- 
sa, de la manera que se permite en la Ley de recusación. 

Art. 70. El Secretario anotará siempre al margen de toda actuación, los 
derechos que se causaren, haciendo constar la parte que los satisfaga. 

Art. 71. El funcionario judicial á quien se compruebe que ha exigido de 
las partes mayor emolumento que el prescrito en la Ley de Arancel, perderá los 
honorarios que haya percibido ; y en los casos graves se procederá de conformi- 
dad con lo dispuesto en el articulo 189, Ley IV, Título III, Libro II del Código 
Penal. 

Art. 72. Los asesores cobrarán los derechos que les sigue la Ley de Aran- 
cel, pero si tuvieren que concurrir al Tribunal desde un lugar distinto al en que 
residan, se les pagarán cinco bolívares por cada cinco kilómetros de ida y vuelta. 

Art. 73. Los vocales de la Corte Suprema y demás Jueces que actúen 
en asuntos civiles durante las vacaciones, serán pagados por las partes. En los 
asuntos criminales de carácter urgentes las audiencias se pagarán á los suplentes 
por el Tesorero del Estado, en proporción del sueldo que devengan los principa- 
les, sin serles á estos imputable. A este efecto, se participará previamente ai 
Presidente del Estado el llamamiento que se hiciese de los suplentes, por el prin- 
cipal. 

Art. 74. En ningún caso se procederá á comenzar la relación para la vista 
y sentencia de una causa, antes de estar terminadas las que le anteceden y que 
se hallen pendientes en el mismo estado. 

Art. 75. Todas la? sentencias, acuerdos y resoluciones y demás [actos que 
redacten la Corte Suprema y demás actos que redacten la Corte Suprema y de- 
más Tribunales de Justicia, en ejercicio de sus funciones, se remitirán al Secre- 
tario General del Estado en copia autorizada para que ordene su publicación en 
la Gaceta Oficial. 

Art. 76. Se deroga el Código Orgánico del Poder Judicial decretado por 
la Asamblea Legislativa el veinte y nueve de diciembre de mil novecientos siete. 

Dada en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los 18 días del mes de marzo de 
1910. — Año 100? de la Independencia y 529 de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroyo. 

El Secretario, 

José Mamón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ría : 26 de marzo de 1910.-100° y 529 

Cúmplase. 

R. Andüeza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



Ley sobre Procurador General del Estado 



La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 

DEC RETA: 

LEY SOBRE PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

Art. único. El Procurador General del Estado tendrá las siguientes atri- 
buciones : 

1? Promover la ejecución de las leyes y de las disposiciones administra- 
tivas. 

2i Evacuar los informes jurídicos y todos los demás que se ordenen por 
el Presidente del Estado. 

3? Cuidar de que todos los empleados llenen cumplidamente bus de- 
beres. 

4* Promover á excitación del Presidente del Estado, acusación de los em- 
pleados por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, ante las autorídadea 
competentes. 

5* Dar cuenta al Presidente del Estado de sus gestiones en el desempeño 
de sus funciones. 

6* Promover y sostener los juicios en que esté interesado el Estado, y 
defender los derechos de éste en las acciones ó reclamaciones que contra él se 
intenten, ciñéndose á las instrucciones que en uno ú otro caso le comunique el 
Presidente del Estado, 

7? Intervenir en los procesos que cursen en los Tribunales, cuando á jui- 
cio del Presidente del Estado, lo creyere conveniente. 

8? Velar por el cumplimiento de las leyes fiscales del Estado y requerir 
á los contribuyentes morosos, demandándolos en caso necesario. 

9í Cumplir los demás deberes que le señalen las leyes. 



V 



— ii8 — 



Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los quince días del mes de marzo de mil no- 
vecientos diez.— Año 100° de la Independencia y 52° de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroto. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua, — La 
Victoria : 17 de marzo de 1910.— 100? y 52» 

Cúmplase, ' 

B. Andueza Palacio 

El Secretario General, 



Delfín A. Aguilera. 



La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 



Decreta : 

Lej p establece y reglamenta 'el servicio de la Secretaría General 

Art. 19 Para el Despacho de los diversos ramos de la Administración Eje- 
cutiva, el Presidente del Estado, además de su Se3retario General, tendrá los 
empleados de las Secciones que se crean por esta Ley. 

Art. 2° Habrá dos Secciones en'la Secretaría General, que se denomi- 
narán : Sección Política y Administrativa y Sección de Fomento y Estadística. 

Art. 39 La Sección^Política y Administrativa tendrá para [elf despaoho de 
sus respectivos asuntos, un Director, un Oficial Mayor y dos Escribientes, pu- 
diendo aumentarse su número si lo exigieren así las necesidades del servicio. 
La sesión de Fomento y Estadística tendrá para el despacho^ de sus asuntos un 
Director, un Oficial Mayor y un Escribiente. 

Art. 49 Corresponde á la Sección Política y Administrativa los siguientes 
asuntos : Poder Legislativo, Poder Judicial, Orden Público, Concejos Municipa- 
les, Jefaturas Civiles, Impresiones Oficiales, Privilegios, Salubridad Públicas, 
Hospitales, Policía, Fiestas Nacionales y del Estado, Registro Público, Milicias y 
Fuerzas del Estado, Mayordomías de Fábrica, Presupuesto, Contabilidad y exá- 
men de cuentas, Papel Sellado,|^Rtínta General y Crédito Público del _^Estado y 
Pensiones. 

Art. 5? Corresponde á la Sección de Fomento y Estadística el despacho 
de todo lo concernienta á la Instrucción Pública, Biblioteca del Estado, Bandas 
Marciales, Inmigración, Vías de Comunicación, Telégrafos, Minas y Tierras Bal- 
días, Obras Públicas en general, todo lo relativo á 'riqueza Agrícola y Pecuaria, 
Movimiento de Población, Artes y Oficios, Movimiento Industrial [y ^Mercantil y 
todo lo demás referente á Estadística en general. 

Art. 6o Los Directores de Sección son subalternos inmediatosjj[del Secre- 
tario General ; así como el Oficial y Escribientes de la Sección Política y Ad- 
ministrativa y el Oficial y Escribiente de la Sección de Fomento y Estadística lo 
son de sus respectivos Directores. 



122 — 



7° Las dudas que ocurran acerca de cuál sea la Sección á que correspon- 
da un asunto no previsto en esta Ley, serán decididas por el Secretario General 
con aprobación del Presidente del Estado. 

Art. 8° Corresponde á cada Director de Sección reunir y formular los da- 
tos relativos á los ramos que desempeñen, para la formación de la Memoria 
anual de la Secretaria General, y las copias para las publicaciones oficiales de 
los documentos referentes á los asuntos de su respectiva incumbencia. 

Art. 9° Habrá además, en la Secretaría General, un Archivero, á cuyo 
cargo estará la organización y manejo del Archivo, correrá con los materiales 
para la impresión de la Gaceta Oficial y desempeñará también el oficio de Escri- 
biente, cuando sea necesario. 

Art. 10, De acuerdo con este Decreto, el Secretario General dictará un Re- 
glamento para el régimen interior de su Oficina, previa la aprobación del Pre- 
sidente del Estado. 

Art. n. La Secretaría General tendrá también un Portero para su 
servicio. 

Art. 12. Queda derogada cualquier otro Ley sobre la materia. 

Dada en el Salón donde celebra sus sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los quince días del raes de marzo de 
mil novecientos diez . — Año 100? de la Independencia y 52? de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroyo. 

El Secretario, 

José llamón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La Victo- 
ria : 17 de marzo de 1910.-100° y 529 

Cúmplase. 

R. Andueza Palacio. 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



— :2í€^— 



Ley que organiza el servicio de tareas 



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La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 



D E C R ET A : 



LEY QUE ORGANIZA EL SERVICIO DE TAREAS 



ArL 1? Los Concejos Municipales nombrarán cada año en los Municipios 
urbanos una Junta Inspectora de caminos trasversales, y las Juntas Comunales de 
los Municipios foráneos harán igual nombramiento en sus respectivas jurisdiccio- 
nes. Estas Juntas ejercerán las funciones que les confiere la presente Ley. 

Art. 29 Las Juntas á que se refiere el artículo anterior se compondrán de 
tres ciudadanos presididos por el primero de los nombrados, eligiendo además 
un Secretario de su propio seno. 

Art. 39 Los Concejos Municipales determinarán la época del año más con- 
veniente para la apertura y conservación de los caminos. 

Art, 4° Queda á cargo de las Juntas todo lo relativo á la apertura y con- 
servación de los caminos trasversales, bajo la superior vigilancia de los Jefes Ci- 
viles respectivos. 

Art. 5? Dentro de los primeros cuatro meses después de nombrados, las 
Juntas darán cada año cuenta del desempeño de sus funciones, á los Concejos 
Municipales en los Municipios urbanos, y á las Juntas Comunales en los fo- 
ráneos. 

§ único. Corresponde á los Jefes Civiles dar cuenta á las respectivas Mu- 
nicipalidades, de las funciones desempeñadas por las Juntas, en su carácter de 
Inspectores natos. 



126 — 



Art. 6° Las Juntas se dirigirán á las Municipalidades y Jefes Civiles respec- 
tivamente, cada vez que juzguen de utilidad la apertura de alguna nueva vía de 
comunicación, para solicitar de aquéllos su aquiescencia y de éstos, el apoyo ne- 
cesario. 

Art. 79 Las Juntas ejercerán las funciones siguientes : 

1?^ Fijar el número de días de trabajo con que cada ciudadano deba con- 
tribuir á la reparación de las vías trasversales, de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley ; 

2? Fijar el número de trabajadores que haya de concurrir á la reparación 
de cada vía ; y 

3?^ Solicitar de los Jefes Civiles resp/Bctivos su intervención, siempre que se 
haga necesaria para el buen desempeño de sus funciones. 

Art, 8? Quedan sujetos á contribuir á la composición de los caminos 
trasversales todos los ciudadanos residentes en el lugar por donde haya de 
componerse la vía, así nacionales como extranjeros, desde la edad de diez y ocho 
años hasta la de sesenta, con excepción de los que ejerzan cargo concejiles 
ó se hallen físicamente impedidos, lo cual comprobarán legalmente. 

Art. 9? No se exigirá más de dos tareas de trabajo en cada año á la parte 
proletaria, de tres á cinco á los industriales y de diez á cincuenta á los propieta- 
rios de fincas rurales, según sea la importancia de éstas, cuya clasificación queda 
ajuicio de la Junta respectiva. 

Art. 10. Se prohibe pagar en dinero el servicio que prescribe la presente 

Ley. 

§ único. Los ciudadanos que no puedan prestar dicho servicio personal- 
mente quedan obligados á hacerlo por medio de sustitutos. 

Art. 11. Las Juntas que contravinieren á lo dispuesto por el artículo an- 
terior, serán penadas con multas de cien bolívares, y en, caso de reincidencia 
hasta el triple de esta suma. Estas multas las harán efectivas los Jefes Civiles, 
quienes las pondrán á disposición de los Concejos Municipales ó Juntas Comu- 
nales respectivas, para ser invertidas en el ramo de fomento de cada localidad. 

Art. 12. Los Jefes Civiles de Distrito y demás autoridades de su depen- 
dencia, según el caso, prestarán á las respectivas Juntas todo el apoyo necesorio 
para el buen desempeño de sus funciones. 

Art. 13. Los ciudadanos que se negaren á prestar los servicios de que tra- 
ta esta Ley, sin alegar causa justificada, serán penados con el duplo de las tareas 
á que estaban obligados, á jucio del Presidente de la Junta. 

Art. 14. Se deroga toda otra ley que contradiga la presente, y tan luego 
sea aprobada ésta, se hará imprimir para repartirla entre los ciudadanos del Esta- 
do con el fin de que se tenga conocimiento de ella, 



— 127 — 



Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, a los quince días del mes de marzo de mil no- 
Yccientos diez. — Año 100° de la Independencia y 52° de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroto. 

El Secretario, 

Joné Ramón Linde. 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La 
Victoria : 17 de marzo de 1910.-100" y 52° 

Cúmpláse, 

R. Andueza Palacio 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera. 



Código de Hacienda del Estado 

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La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 

Decreta : 

coüiao DE E[A,ciE]srr>j^ 

CAPITULO I 

DE LA HACIENDA ( DEL ESTADO 

í 

Art. 19 La Hacienda del Estado la constituye la parte que le corresponde ' 
conforme á la Constitución Nacional por renta de tránsito, los biennes que ad- 
quiera y las contribuciones que se establezcan de conformidad con la Constitu- 
ción y las Leyes. 

CAPITULO II 

DE LOS BIENES DBL ESTADO 

Art. 2° Son bienes del Estado : las fincas, acreencias, muebles, derechos y 
acciones que tenga adquiridos ó pueda adquirir por compra, permuta, ó por 
cualquier otro título. 

Art. 39 Los bienes raíces del Estado no podrán ser enagenados sino por 
la Asamblea Legislativa, y los muebles por el Ejecutivo, que podrá también 
arrendar los inmuebles, acordando siempre la buena pro al que ofrezca mayores 
ventajas al Estado, observando para ello las formalidades prescritas por la Ley 
sobre remates. 

CAPITULO III 

DE LAS RENTAS DEL ESTADO 

Art. 4*^ Son Rentas del Estado : 

1? * Los productos de los bienes que le pertenezcan» 



29 La renta propia que le corresponde de conformidad con el inciso 27, 
números 1? y 2° del artículo 12 de la Constitución Nacional. 

3° La cuota parte que corresponde al Estado de la Renta de Tabaco y 
Aguardiente, según el número 3° del mismo inciso 27 del citado artículo 12 de 
la Constitución Nacional. 

4° Las acreencias del Tesoro, reconocidas y establecidas por la leyes. 

59 El producto de las contribuciones creadas por la Asamblea Legislativa 
del Estado. 

69 El producto de las multas y demás ingresos que le pertenezcan con 
arreglo á las leyes. 

Art. 59 Sólo el Cuerpo Legislativo del Estado puede crear rentas y decretar 
contribuciones ; en consecuencia, serán nulos y de ningún valor los decretos y 
resoluciones que se dictaren creando rentas ó contribuciones por cualquiera otra 
autoridad, con destino á la renta del Estado. 

^ CAPITULO IV 

DE LOS EMPLEADOS DE HACIENDA 

69 La recaudación y administración de las Rentas estará á cargo de un em- 
pleado con la denominación de Tesorero General del Estado, quien residirá en 
la capital y tendrá bajo sus inmediatas órdenes los Recaudadores Subalternos que 
el Ejecutivo juzgue necesario nombrar en los Distritos, 

§ primero. Tanto el Tesorero General como los Recaudadores serán de 
libre nombramiento y remosión del Presidente del Estado. 

§ segundo. El Tesorero General tendrá para su despacho los empleados 
necesarios, á juicio del Ejecutivo del Estado. 

Art. 79 Son funciones del Tesorero : 

1? Recibir y distribuir bajo su responsabilidad, todos los caudales del 
Estado que recaude por sí ó por medio de sus Agentes, á invertirlos con arre- 
glo á la Ley de Presupuesto y á los demás que con ellas se relacionen. 

2^ Comunicar á los Recaudadores Subalternos las leyes y resoluciones que 
haya recibido para su observancia y ejecución, remitiéndolas en pliego certificado 
y exigiendo de ellos el recibo correspondiente. 

3* Denunciar al Presidente del Estado los peligros, dificultades y dudas que 
se presenten en la administración ó recaudación de cualquier ramo del 
Tesoro. 

4^ Presentar á la Asamblea Legislativa en los cinco primeros días de sus 
sesiones, un inventario de los muebles é inmuebles, acreencias, derechos y ac- 
ciones de propiedad del Estado, y una memoria detallada de la administración, 
recaudación é inversión de los productos de los bienes y rentas de su manejo, in- 
dicando las dificultades que haya encontrado en la práctica de las leyes fiscales 
y el medio de evitarlas. 

l6 



^ 133 — 



5? Prestar fianza ante el Presidente del Estado por ocho mil holívares. 

6? Pasar al Presidente del Estado mensualmente y cada vez que este 
funcionario se lo ordene, un cuadro del ingreso y egreso de la Tesorería. 

7? Llevar los libros por partida doble, según el método más adelantado y 
conforme á la unidad monetaria decretada por el Gobierno Nacional. 

Art. 89 Son deberes de los Recaudadores Subalternos : 

19 Recaudar los impuestos y rentas con arreglo á la Ley, en los Distritos 
para que hayan sido nombrados. 

29 Avisar al Tesorero las dificultades que encuentren en el cobro de la 
renta y cumplir las órdenes que éste les trasmitiere en el ejercicio de sus fun- 
ciones. 

3? Llevar correctamente las cuentas de los fondos que manejan, enviando 
al fin de cada mes al Tesorero General, una relación de ingreso y egreso junto 
con el saldo líquido de las sumas recaudadas. 

49 Prestar fianza á satisfacción del Tesorero General por la suma de dos 
mil bolívares. t 

CAPITULO V ^ 

DEL FISGO 

Art. 9° El Fisco es la Hacienda del Estado con acción personal para com- 
parecer en juicio como actor ó corno reo. 

Art. 10. La fiscalización de las Rentas del Estado corresponde al Procura- 
dor General con arreglo á la Ley sobre la materia. 

Art. 11. El Fisco goza de los privilegios que le acuerdan las leyes, y su 
representante debe hacerlos valer en la oportunidad legal, so pena de responer 
personalmente de los perjuicios que la falta ocasione á la Hacienda del Estado. 

Art. 12. ÜTo se admitirá en ningún caso la compensación respecto al 
Fisco. 

Art, 13. En las causas fiscales no podrá desistirse, convenir en las deman- 
das ni celebrar transacciones, sin la autorización previa del Presidente del 
Estado. 

Art. 14. Las liquidaciones de las oficinas de Hacienda, los alcances 
de cuentas y las multas impuestas por funcionarios competentes son bastante 
para proceder ejecutivamente y aumentan el embargo de belenes antes de la 
contestación do la demanda. 

Art. 15. Los Tribunales y autoridades despacharán de oficio en papel co- 
mún y en los términos más breves, los juicios en que gestione el Estado ; y no 
]es será lícito ampliarlos nunca, apremiando por el contrario á las partes para ob- 
tener el pronto curso y la terminación de ellos. 

Art. 16. Cuando se haya dictado sentencia contra el Fisco, se entenderán 
interpuestos siempre, por ministerio de la ley, todos los recursos ordinarios y 
extraordinarios, aun cuando el representante del Fisco no haya hecho uso de di- 
chos recursos. 

\ 



— 134 — 



Art. 17. En ningún caso podrán ser hipotecados ni embargados los bienes 
del Estado. El juicio terminará en el mandamiento de ejecución, dándose parte 
á la Asamblea Legislativa para que fije el modo y término del pago. 

Art. 18. Las oficinas de Registro están en el deber de ejercer gratis sus 
funciones en las causas y contratos fiscales, siempre que sean requeridos oficial- 
mente por el Ejecutivo, la Corte Suprema, los Tribunales que estén conociendo 
de algún asunto fiscal, ó el representante de la Hacienda. 

Art. 19. En los primeros 8' días de cada mes, el Presidente del Esíado, 
acompañdo del Secretario General y del Procurador General, pasará tanteo de 
caja é la Tesorería, de cuya diligencia se levantará una acta firmada por los fun- 
cionarios nombrados junto con el Tesorero General, en un libro destinado al 
efecto. 

CAPITULO VI 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS DE HACIENDA 

Art. 20. El Tesorero del Estado y demás empleados en rentas, incurre- 
en responsabilidad y están sujetos á las penas que señalan los artículos sin 
guientes. 

Art. 21. El empleado que sustrajere alguna cantidad por pequeña que sea, 
de los caudales que maneja, ó que por conveniencia ó tolerancia consintiere con 
ó sin provecho propio, en la defraudación de las rentas, ó que cobrare contribu- 
ciones no decretadas por la Ley, será destituido de su empleo, inhabilitado para 
servir otro de honor ó de confianza, obligado al reintegro y entregado á los Tri- 
bunales para las demás , penas á que haya lugar con arreglo á las leyes comunes 

Art. 22. El empleado que no tenga corrientes los libros de su cuenta y 
existencia de caja, será distituido y quedará sujeto á las demás penas á que haya 
lugar con arreglo á las leyes comunes.' 

Art. 23. El empleado que haga un pago no comprendido en el Presu- 
puesto, ó que no cobre las contribuciones establecidas por la Ley, ó no las re- 
caude oportunamente, será condenado al reintegro, y á la destitución en caso de 
reincidencia. 

Art. 24. El empleado que no lleve sus libros en la forma y modos preve- 
nidos, ó que en la recaudación ó inversión de las rentas, favorezca á uno con 
perjuicio de otro, será destituido de su destino. 

Art. 25. El empleado que no dé recibo á los contribuyentes de toda can- 
tidad que paguen á ¡as rentas, ó que perjudiquen á los mismos con su morosidad 
ó retardo, pagará una multa de cien bolívares porcada falta; y si resultare que 
tampoco asienta la partida correspondiente en sus libros, sufrirá además las pe- 
nas que se señalan en el artículo 14. 

Art. 26. El empleado que no rinda sus cuentas oportunamente, será sus- 
pendido de su destino ha.sta que las rinda en el modo y forma debidos, quedan- 
do sujeto á las otras penas á que hubiere lugar según lo que resultan del exá- 
men de las cuentas. 

Art. 27. El empleado que retarde el envío de las relaciones, estado ó de- 
más documentos que deba pasar, sufrirá una multa de ochenta holivarés; en ca- 
so de reincidencia pagará una multa doble, y por la tercera vez será destituido de 
su empleo. 



— 135 — 



Art. 28. Corresponde á los Tribunales de justicia aplicar la pena de inlia- 
bilitación y las que por las leyes comunes hayan do imponerse a un empleado en 
los casos de los artículos anteriores. La Asamblea Legislativa como resultado de 
las cuentas y mala conducta del Tesorero, aplicará á éste las penas á que haya 
lugar según la ley de resposabilidad de empleados. 

Art. 29. En los ca^os de suspensión ó destitución, se llenará la vacante 
conforme á la Ley. 

CAPITULO VII 

DEL PRESUPUESTO 

Art. 30, El Presupuesto de gastos públicos se hará annalmente por la 
Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta el montante de la renta y los gastos 
probables del Estado. 

Art. 31. Para la formación del presupuesto se atenderán á las reglas si- 
guientes : 

!?• La primera parte que se denominará presupuesto de rentas, debe con- 
tener las rentas, contribuciones y demás ingresos creados por las leyes, calculan - 
do su producto en globo, con las modificaciones que, sobre las existentes, haya 
hecho la Asamblea en sus sesiones del mismo año. La segunda qne se denomi- 
nará presupuesto de gastos, contendrá clasificadamente todos los gastos que de- 
ban hacerse en cada uno de los ramos del servicio público. 

2? No habrá en el presupuesto partida alguna de egreso ni de ingreso in- 
definida ó que no esté expresada por alguna cifra numérica. 

3* Para los gastos ordinarios de cada uno de los ramos del servicio público, 
se presupondrá la cantidad necesaria según las leyes preexistentes; y para los 
extraordinarios que puedan causarse en los mismos, se votará una suma suficiente 
bajo la denominación de Rectificaciones del Presupuesto. 

Art. 32. Toda partida del presupuesto de gastos será considerada como 
máximun que no podrá excederse en las órdenes del pago. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 33. Ningún empleado eu rentas podrá entrar en el desempeño de sus 
funciones sin haber obtenido el título de su nombramiento y otorgado la caución 
legal. 

Att. 84. Toca al Ejecutivo exigir que se renueve la fianza prestada por el 
Tesorero General, cuando á su juicio llegue á ser insuficientemente por cualquier 
motivo. 

Art. 35. Para ser Tesorero, Recaudador ó Administrador de Rentas se re- 
quiere ser venezolano, gozar de buen concepto público, ser mayor de veintiún 
años de edad y tener los conocimientos necesarios en el ramo de contabilidad. 

Art. 36. Quedan vacantes los destinos de Tesorero General del Estado, de 
Administrador y Recaudador de Rentas por el hecho de aceptar quienes los de- 
sempeñen, el cargo de miembro de la Asamblea Legislativa. 



— 136 — 



Art. 37. No podrá imponerse en el Estado ninguna contribución que esté . 
en contradición con la Constitución Nacional ó del Estado. 

Art. 38. Los documentos que contengan títulos ó derechos sobre bienes 
inmuebles á favor del Estado, y los expedientes que de algún modo acrediten pro- 
piedad, dominio ó acción del mismo, se conservarán ciudadosamente en la Ofici- 
na de la Tesorería General del Estado. 

Hecho un inventario de dichos documentos, según lo disponga el Ejecutivo, 
serán éstos copiaios y certificados en un libro con la firma del Presidente del 
Estado y del Secretario General. 

Art. 39. El presente Código empeziárá á regir inmediatamente después de 
su publicación y queda derogada toda otra que contradiga el presente. 

Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los diez y seis días del mes de marzo de mil 
novecientos diez. — Año 100° de la Independencia y 52° de la Federación, 

El Presidente, 

R. Tirado Arboto, 

El Secretario, 

José Ramón Linden 



Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua. — La 
Victoria: 21 de marzo de 1910.-100^ y 52° 

Cúmplase, 

R. Andueza Palacio 

Refrendado. 
El Secretario General, 

Delfín A. Aguilera, 



1 



Código de Policía del Estado 



La Asamblea Legislativa del Estado Aragua 

Decreta : 

Código de Policía del Estado 

TITULO I 

L E Y I 

De la Policía en General 

Art. 19 La Policía es una institución que tiene por objeto conservar el 
orden público, defender la libertad, la propiedad y la seguridad individual, con- 
trayéndose ante todo á evitar la comisión de los delitos y faltas y aprender á los 
delincuentes. 

Art. 29 La policía se divide en administrativa y municipal, y ésta en ur- 
bana y rural. 

% único. La policía rural se divide en agrícola y pecuaria. 

Art. 39 Las funciones de la policía administrativa se refieren especialmente 
á la conservación del orden público y seguridad de los ciudadanos, y á la salu- 
bridad general y buenas costumbres. 

Art. 4° La policía municipal comprende los ramos siguientes : orden público 
decencia pública y buenas costumbres, salubridad general, comodidad y aseo 
público, calles, mercados, abastos de carne y cementerios. 

Art. 5? La policía rural comprende los ramos siguientes : acequias de 
riego, vertientes de rgua pura, cortes de madera y leña, desechos y estacadas 
de ríos, quema de rosas, compra-venta de animales, perjuicios que causen ani- 
males en los terrenos agrícolas cultivados, empadronamientos de hierros, hierra 
de animales, tránsito y cerca de los potreros, quemas de sabanas, servicios de 
caporales, pesca, y lo relativo á los colonos de las posesiones pecuarias. 



— Í40 — 



LEY II 

De la jurisdiccién de la Policía, su organización y deberes. 

Art. 6? La policía administrativa es de la jurisdicción del Estado. 

Art. 7? Son autoridades de policía : el Presidente del Estado, que la dirige 
y vigila en todo el territorio ; los Jefes Civiles de Distrito, en sus respectivos 
Distritos, como agentes inmediatos del Presidente del Estado ; los Jefes Civiles 
de Municipio, como subalternos de los de Distritos y los comisarios de Policía. 

Art. 8° Las autoridades referidas ejercen las atribuciones que les da este 
Código, sin perjuicio de los deberes que les imponen la Ley de Régimen Político 
y demás leyes vigentes. 

Art. 9° Para desempeñar el cargo de ronda de policía se requiere : tener 
veintiún años cumplidos, fortaleza física, buena conducta, y saber leer y escribir. 

Art. 10. El servicio de policía es obligatorio y se prestará como el de la 
milicia, pero ningún ciudadano estará obligado á servir por más de seis meses en 
el lapso de cuatro años. 

Art. 11. Los Concejos Municipales, de acuerdo con el Jefe Civil del res- 
pectivo Distrito, determinarán el número de agentes que han de componer el 
Cuerpo de policía que reclame su respectiva jurisdicción, proporcionado á su po- 
blación y necesidades, designarán su sueldo, las armas que deben llevar, el dis- 
tintivo para ser reconocidos, y determinarán así todos los demás deberes que es- 
tén obligados á cumplir. 

§ único. Los Jefes, oficiales y agentes de policía, son de libre elección y 
remoción del Jefe Civil respectivo. 

Art. 1 2. Son deberes de los Cuerpos de Policía : 

I" Estar pronto á la voz de marcha y ejecutar las órdenes de la autoridad. 

2° Perseguir y aprehender á las personas halladas en infraganti delito, á los 
prófugos de las Cárceles y á los contrabandistas, conduciéndolos sin demora á la 
autoridad más inmediata. 

39 Recorrer durante el día y la noche las calles y salidas públicas de las 
poblaciones, los caminos, campos y despoblados. 

49 Impedir y perseguir los robos, incendios, asesinatos, riñas, juegos pro- 
hibidos, bullicios y cualquiera violencia y desórdenes reprobados por las leyes, 

59 Prestar mano fuerte á las autoridades, ejecutando las providencias y 
órdenes que dictaren conforme á las leyes y en ejercicio de sus funciones. 

69 Protejer toda persona que reclame su auxilio contra alguna agresión ó 
espontáneamente si el hecho se ejecuta en su presencia ó tiene conocimiento de 
que el hecho va á ejecutarse. 

Art. 13. Son deberes de los Jefes de los Cuerpos de Policía. ^ 

1° Mantener el orden y la disciplina de su respectivo Cuerpo. 



17 



-- 141 — 



2° Obedecer las disposiciones de las autoridades rcspoclivasy ejecutar por 
sí mismo las funciones que están atribuidas á los Cuerpos de policía. 

3° Hacer que sus subalternos tengan en su vestido y persona el aseo po- 
sible. 

49 Guardar y hacer que sus subalternos guarden la mayor circunspección y 
reserva en el trato con los ciudadanos. 

5? No permitir el. uso del licor ni las chanzas inmoderadas de las rondas 
entre sí, procurando que los ratos de ocio los dediquen al aprendizaje y práctica 
de la esgrima y limpieza de las armas. 

6? Presentarse diariamente ante su inmediato superior á recibir órdenes 
aún cuando no sean llamados por él; y 

7° Dar de baja de orden de su Superior, á los subalternos que hayan in- 
currido en falta, que calificará según naturaleza; ó aprehenderlos y entregarlos á 
la autoridad respectiva, si cometen delitos que merezcan pena corporal. 

L E Y 1 1 1 

Del orden y seguridad públicos 

Art. 14. El primer funcionario de policía de un lugar deberá tener conoci- 
miento de todos los habitantes de su jurisdicción, tanto nacionales como extran- 
jeros, sus oficios y profesiones. 

Art. 15. Los empleados de policía se esforzarán por descubrir las tramas ó 
maquinaciones que se formen contra el orden público y seguridad "interior del 
Estado. 

Art. 16. Es deber de todo funcionario de policía auxiliar á las autoridades 
de Distrito ó Municipio, proveyendo á la seguridad pública por todos los medios 
necesarios para precaver los delitos que comprometan á aquéllos. En el mismo 
caso están los ciudadanos de prestar auxilio á las autoridades cuando se les exija 
para impedir un desorden ó la comisión de un delito. Con tal fin toca á la 
policía prevenir la ociosidad, los escándalos, el uso de armas prohibidas, los pas- 
quines, caricaturas y figuguras deshonestas ó injuriosas, los tumultos y asona- 
nadas y todo aquello que indirectamente pueda alterar la tranquilidad pública. 

Art. 17. Es también objeto de la policía, vigilar los que con hecho 
manifiesto de fuerza quisieran impedir la libertad de las elecciones, ó reuniones 
de la Legislatura, y de las demás Corporaciones creadas por la Constitución, leyes, 
decretos ó resoluciones del Estado. 

Art. 18. Donde quiera que existan tumultos, alborotos ó desórdenes, acu- 
dirá la policía é intimará á los causantes que se disuelvan, aprehendiéndolos si 
resisten, para conducirlos ante la autoridad respectiva. 

Art. 19. El que turbare el ejercicio de algún culto faltando al orden y re- 
verencia debidos, queda bajo la acción de la n3licía, quien le impondrá la pena 
correspondiente. 

Art. 20. Es deber de la policía defender á toda persona contra las vías de 
hecho y protejerla espontáneamente tan luego como se descubra que hay inten- 
ción manifiesta ó propósito de atacarla. 



142 — 



Art. 21. Es también del3er de la policía quitar ó barrer los letreros, pas- 
quines, caricaturas ó pinturas deshonestas ó injuriosas que se fijen en sitios pú- 
blicos, en que se insulte ó amenace á los ciudadanos ó autoridades, ó se ofenda 
la moral. 

Art. 22. También impedirá la policía que anden por las calles y caminos 
personas privadas de la razón, disponiendo sean conducidas á poder de sus deu- 
dos ó á los hospitales, si los hubiere. 

Art. 23. Así mismo impedirá que se tengan en las casas ó solares, sin las 
precauciones necesarias, animales feroces, venenosos ó dañinos ni mucho menos 
que anden por las calles y caminos. 

Art. 24. Se prohibe estrictamente llevar armas de cualquiera especie en 
las poblaciones, so pena de perderlas y pagar una multa de cinco á quince bolí- 
vares ó arresto de uno á tres días. 

Art. 25. Le exceptúan de esta disposición los militares en servicio que 
podrán llevar las armas de ordenanza ; los arrieros que podrán llevar sus cu- 
chillos mientras conducen sus recuas, y los que van de tránsito por el poblado. 

Art. 26. Ninguna persona podrá andar disfrazada ó con vestiduras ó in- 
signias que no le correspondan, bajo la multa de cinco á quince bolívares, ó 
arresto de uno á tres días. 

§ único. En la época establecida por la costumbre, las autoridades podrái, 
permitir los disfraces, si lo juzgaren conveniente. 

Art. 27. Los que rompieren ó arrancaren los edictos públicos serán pena- 
dos con multas de cinco á quince bolívares ó arresto de uno á tres días. 

Art. 28. Ninguna persona podrá dar espectáculos de fuegos artificiales sin 
permiso de la autoridad superior de policía existente en el lugar ; y ésta no lo 
concederá en las poblaciones donde las casas, ó la mayor parte de ellas, tengan el 
techo de paja. 

Art. 29. La policía velará incesantemente y hará uso de todas las precau- 
ciones para evitar los incendios y tomará las medidas para apagar los que sobre- 
vengan, llamando en su auxilio álos ciudadanos más inmediatos al lugar del su- 
ceso, los cuales no pueden excusarse sin impedimento legítimo, 

Art. 30. Con el mismo interés evitará la policía las inundaciones y de- 
rrumbes en poblados ó en el campo, dando curso á las aguas estancadas, levan- 
tando diques ó estacadas, cuando fuere necesario. 

Art. 31 Para todo espectáculo público se necesita previo permiso de 1^ 
primera autoridad de policía, quien lo negará ó mandará suspender las funciones 
cuando en ellas se ofenda al pudor ó buenas costumbres, ó se trate de estafar ó 
engañar al público. 

Art. 32. Ninguna persona mayor de edad podrá negociar ó contratar, bajo 
ningún respecto con hijos de familias menores de edad, sin licencia de sus pa- 
dres ó tutores, ó de la autoridad llamada por la ley á representar los menores 
que no tienen representación. Los que infrinjieren esfa disposición, incurrirán 
en la pena de cinco á quince bolívares de multa, ó arresto de uno á tres días; 
y en los casos de acción penal, serán sometidos á los Tribunales ordinarios. 

§ único. En las mismas penas incurrirrán los que compraren á los .sol- 
dados ó rondas de policía sus armas, vestidos ó municiones de guerra, con 
más la pena á que por el delito se hagan acreedores ante los tribunales ordina- 
rios. 



i 



— 143 — 



Art. 33. Los herreros ó armeros no podrán hacer llaves por modelos, es- 
tampas ó por otras llaves sin tpner á la visla la cerradura á que deban servir, 
ni fabricar las llamadas llaves maestras, ganzúas ú otros instrumentos propios pa- 
ra falsear cerraduras de puertas, baúles, arcas ó cajas, bajo la pena de diez días 
de arresto ó cien bolívares de mulla y perjuicio de ser sometidos á los tribuna- 
les competentes, 

Art. 34, Todo habitante está en el deber de dar parte inmediatamente al 
funcionario de policía de su jurisdicción, de a'gún delito que se haya cometido 
ó que se trate de cometer en su vecindario. 

Art. 35. Es deber del primer funcionarle de policía de un lugar, indagar 
las personas que no tengan industrias ni ocupación conocidas, para ponerlas en 
la obligación de ocuparse en el termino de tres días ; y las que no cumplieren 
esta obligación quedarán sujetas á ser juzgadas como vagos, según las reglas 
siguientes : 

Son vagos : 

1? Los que viviendo sin oficio ni beneficio ; sin hacienda ó renta, no 
comprueben los medios honestos de donde les viene la subsistencia, cuando se 
•es exija por la autoridad. 

2? Los que sin lesión bastante ó vejez manifiesta, que les impida trabajar 
anden pidiendo limosna. 

39 Los que teniendo algún destino útil lo abandonaren para dedicarse á la 
ociosidad. 

4? Los que transiten por las calles ó calles ó caminos promoviendo la 
ociosidad, y los que se ocupen de agencias y tráficos deshonestos. 

5® Los que pidan limosnas para imágenes y santuarios sin permiso de la 
autoridad. 

69 Los ebrios consuetudinarios. 

7° Las mujeres prostitutas. 

89 Los patrocinantes de las casas de juegos prohibidos. 

99 Los hijos de famiha, pupilos ó sirvientes que concurran á las casas de 
juego. 

10. Los que frecuentan las casas de juegos permitidos, antes de las cinco 
de la tarde. 

11. Los que escandalicen las casas de familia con sus malas costumbres. 

12. Los petardistas consuetudinarios, 

Art. 36. Los vagos calificados en el artículo anterior, serán penados con 
arresto por tres días, si notificados por la autoridad no se ocuparen, en el térmi- 
no que se les fija, en algún trabajo útil y honesto. 

Art. 37. Las personas menores de edad que no tengan padres, tutores ó 
encardos que vivan en la ociosidad, serán entregados por la primera autoridad 
civil del lugar, á vecinos de notoria honradez para que las dediquen al trabajo 
y adquieran buenas costumbres, hasta que cumplan la edad de veintiún años. 

Art. 38. Los Jefes Civiles de Distrito ó de Municipio, cada uno en su caso, 
darán destino conforme á la atribución anterior, á aquellos hijos de familia que 
por incorregibles sean puestos á su disposición por su padre ó representante legal. 



— 144 — 



Alt. 39. Lo? agentes ;le policía impedirán las reuniones de muchachos vo- 
cingleros, eii las calles ú oíros lugares públicos. 

Art. 40. Los agentes de policía al tener conociniienio de epidemia ó mal 
contagioso, ó que alguna persona se encuentre atacada de elefancía, de enagena- 
ción mental, darán parte á la autoridad competente para qne tome las medidas 
del caso. 

Art. 41. Los que tiznaren los frenleá de las casas ó edificios ó causaren 
daños á los cl^jetos de servicio y ornato públicos, deberán ser aprendidos por el 
primero que lus advierta y conducidos á presencia del funcionario de policía para 
hacerlos pagar el duplo del daño causado y una multa de cinco á quince bolíva- 
res ó arresto de uno á tres días, sin perjuicio de ser sometidos á los Tribunales 
de justicia, según la eiitidad de la falta. 

Art. 42. comerciantes por mayor ó al detal están obligados al aferimiento 
de sus pesas y medidas, quedando sujetos á una multa de quince bolívares ó 
tres días de arresto los que usaren pesas y pesas y medidas no aferidas y á 
"cumplir con el requisito de aferimiento. 

§ La policía eniljargará las pesas y medidas que se encontraren sin aferir 
y las entregará al íurjcioiiario corresponcliente, para los efectos de este artículo. 

Art. 43. Para la íjnposición de las penas que establecen los artículos an- 
teriores, bastará una inquisición verbal, breve y sumaria, que practicarán los Je- 
fes Civiles de Distrito ó de Municipio, según el caso, y de la decisión que recaiga 
no se oirá apelación. v 

LEY IV 

De la decencia i>i'ihlica y b\i,en<is costumbres 

Arl. 41. La embriaguez, las acciones deshonestas, las palabras obcenas 
lanzadas en alta voz en las calles, plazas ó cualquier otro lugar público, son faltas 
sometidas á la jurisdicción de la policía, y cualquiera de sus funcionarios puede 
llamar al orden á las personas que las cometan, sin perjuicio de las penas co- 
rrespondientes. 

Art. 45. Los impresos, dibujos, manuscritos, estampas ó cualesquiera otras 
obras que expresen ó representen obcenidades y que se ofrezcan al público, 
deberán ser recogidas por la policía é incineradas por la autoridad respectiva; y 
su autor ó dueño será penado con multa de quince bolívares ó arresto de tres 
dias, sin perjuicio de ser sometido á los tribunales de justicia, si á ello hubiere 
lugar; 

Art. 46 Impedirá la policía que á los billares, galleras y casas de juegos 
asistan personas menores de veintiún años y sirvientes domésticos, á cuyo efecto 
apercibirá á sus dueños por primera vez, y si continuare la infracción, lo partici- 
pará ai •lef'c del Municipio respectivo, para que éste dicte las medidas conve- 
nientes. 

Al t. 47. ^.¡(¡ando en días y hora"= de trabajo se encuentren personas tocan- 
do y cantando pnr las calles y establecimientos públicos, deberá requerirlas la 
policía para que suspendan el acto y se retiren á sus casas ó á sus ocupaciones. 
Caso de resistencia, los conducirán á presencia de la autoridad, quien resol ver4 
lo conveniente. 



— 145 — 



Art. 48. Se prohibe rigurosanionte el establecimiento de casas de juego de 
envite y azar, debiendo la policía ordenar que sean cerradas inmediatamente, 
dando parte al Jefe Oivil del Municipio respectivo, para que el dueño de la casa 
sea juzgado conforme á la Ley ; sin perjuicio de los útiles y enseres que serán 
destinados á los institutos de beneficencia de la respectiva localidad. 

Art. 49. Tan luego como el Presidente del Estado tenga conocimiento de 
que se lia presentado una epidemia en el ú oiro Estado limítrofe, dictará los re- 
glamentos y disposiciones que la Junta de Sanidadad crea convenientes para evi- 
tar el mal, debiendo en tal emermergencia crearlos si no existen, 

Art. 50. Las Concejos Municipales establecerán vacuna en su respectivo 
Distritos nombrando los facultativos que crean necesarios, según la población, y 
fijándoles el sueldo que sea de justicia, siempre que no haya Médico de ciudad. 

Art. 51. Es deber de lu policía vigilar porque el vacunador llene cumpli- 
da.nente su oficio, y hacer que los padres de familia lleven sus hijo ó pupilos ó 
domésticos para que sean vacunados. 

Art. 52. Los vacunadores no podrán cobrar el sueldo que se les asigne, 
sin un comprobante de la autorinad de policía de haber ejercido sus funciones 
debidamente. 

Art. 53. La medicina, la cirujía y la farmacia ño podrán ejercerse sin títu- 
lo legal. 

Art. 54. Las drogas y medicinad de uso peligroso, no podrán ser expendi- 
das por los farmacéuticos, sin la competente receta de un médico titular. 

§ único Tampoco podrán expenderse fuera de las boticas drogas ni medi- 
cinas de ninguna clase. 

Art. 55. En caso de hifracción de los dos artículos anteriores, la policía 
hará la averiguación correspondiente para que los infractores sean juzgados por 
los tribunales competentes, conforme á las leyes. 

Art. 56. En los casos de muertes repepentina, cuando haya sospecha de 
envenenamiento ó violencia, se abrirá por la policía la averiguación correspon- 
eiente, y si resultare un hecho criminal, se procederá á descubrir y capturar los 
culpables, pasando las diligencias practicadas al juzgado que deba conocer de 
las causa. 

Art. 57. No permitirá la policía que se establezcan dentro de poblado los 
mataderos de ganados, tenerías, alfarerías, fábricas de pólvara y fuegos artificia- 
les cuyo establecimiento sea perjudicial por cualquier motivo á la población. 

Art. 58. Tampoco permitirá la policía que se ofrezcan al consumo comes- 
tibles dañados ó corrompidos ; y los infractores sufrirán la pena de tres días de 
arresto ó quince bolívares de multa, sin perjuicio de las penas á que se hagan 
acreedores ante Iss tribunales competentes, si á ello hubiere lugar. 

Los comestibles dañados ó corrompidos serán incinerados por la autnoridad 
respectiva. 



) 



TITULO II 



De la PoHcící urbana 



L E Y V . 

Be la Arquitectura Civil 

Art. 59. No se podrá construir edificio público ni particular cuyo frente 
tenga menos de cuatro metros de altura y no esté alineado de forma que las ca- 
lles queden rectas. Las nuevas calles se trazarán de diez metros de ancho y 
cada cuadra de ciento. 

Art. 60. Cuando se vaya á fabricar un edificio, el dueño ó encargado ocu- 
rrirá al funcionorio de policía más inmediato, para los efec tos del artículo ante- 
rior, cuyas disposiciones se hacen extensivas á todos los Municipios del Estado. 

Art. 6L Cuando se construya un edificio sin llenar los requisitos establcj 
cidos en esta ley, y quede imperfecto por esta causa, se hará demoler á costa de_ 
dueño á juicio del Concejo, en la cabecera ó de la Junta Municipal en los Mu 
nicipios. 

Art. 62. No podrá depositarse en las calles, maderas, piedras ú otros obje- 
tos que embaracen el libre tráfico. 

Art. 63. Los dueños de fábricas que por necesidad tengan que levantar an- 
damios en las calles, abrir fosos ó depositar maderas, están obligados á poner 
alumbrado suficiente por la noche en dichos lugares y cerrar los fosos en la mis- 
ma noche, bajo la multa de diez á veinte bolívares al contraventor y además, in- 
demnizar el daño causado á algún traseúnte. 

Art. 64. Las autoridades de policía tendrán especial cuidado de que se 
conserven en buen estado los empedrados de las calles, no permitiendo que se 
desempedren sin previo permiso, y disponiendo que quien lo haga, los reponga 
á su costa inmediatamente que termine la causa que ocasionó su apertura, bajo la 
multa de veinte bolívares á los contraventores. 

Art, 65. Las paredes divisorias entre colindantes deberán costearse de por 
mitad hasta su fondo ; con la sola diferencia de que en las paredes de corrales 
no están obligados sino hasta la altura de tres metros, siguiendo en todas las for- 
mas el que establece el uso de la propiedad en el Código Civil vigente. 

Art. 66. Se prohibe techar casas en las poblaciones con paja, cogollo, pal- 
ma ó enea ; y de las que existan así techadas serán compelidos sus dueños á ree- 
dificarlas ó techarlas con cualquiera otro de los materiales empleados con tal fin, 
y que no ofrezcan peligros de incendio, 

Los funcionarios de policía de cada manzana, vigilarán mucho sobre el cum- 
plimiento de este artículo. 

§ único. Los Concejos Municipales y las Juntas en los Municipios, señala- 
rán lugares donde los pobres puedan situar sus habitaciones sin exponer el case- 
río al incendie. 



— — 

Art. 67. Los dueños de solares dentro do poblado, están obligados á cer- 
carlos de paredes entejadas y de tres metros de alto, durante el período que les 
esté señalado para fabricarlo. 

En las pequeñas poblaciones las cercas pueden ser da bahareques ó empa 
lizadas de palo á pique. 

Art. 68. Todas las paredes hacia la calle que amenacen positiva ruina, de- 
berán ser demolidas por su respectivo dueño ó por quien se haya hecho cergo 
de ellas al ser requeridas por la autoridad, bajo la multa de cincuenta bolívares 
al que resistiere al cumplimiento de esta disposición. 

L E y V I , 
Sobre comodidad y asseo público 

Art. 69. Corresponde á los Concejos Municipales determinar las deno- 
minación ds las calles y numeraciones de las casas en las poblaciones, y regla- 
mentar el alumbrado público, según las rentas de cada localidad. 

Art. 70. Reglamentarán las autoridades de policía, el modo con que los 
arrieros deben conducir sus recuas dentro de poblado. 

Art. 71. Se prohibe absolutamente correr á caballo en las calles de Ij^ 
población, amanzar bestias y hacer correr bestias y reses sueltas ó con soga ^ 
Los funcionarios de policía deberán imponer á los infractores multas desde cin- 
cuenta á cíen bolívares, ó arresto en proporción. 

§ 19 Los funcionarios de policía incurrirán en las mismas penas pecunia- 
rias que se las im podrá el superior inmediato, cuando permitan ó toleren la 
infracción de este artículo. 

§ 2? Todos los culpables comprendidos en la prohibición que antecede, 
estarán obligados, además, á satisfacer los perjuicios que se causen. 

Art. 72. Se prohibe estoquear reses sueltas ó con soga dentro de las po- 
blaciones, como también torearlas, pues solo se permitirá esta diversión en días 
festivos, y cercando con fuertes talanqueras, á satisfacción de la policía, el lugar 
donde se permita torear. 

§ único. Tanto los dueños de ganado que franquearen reses para los obje- 
tos prohibidos, como los que promovieren la diversión, serán penados con multa 
de cuarenta á sesenta bolívares, ó arresto en caso de no poderla satisfacer. 

Art. 73. Los ganados de punta para el abasto en las poblaciones, serán 
conducidos por suficientes pastores á sus corrales, por los arrabales ó extramuros 
de las poblaciones, prohibiéndose conducirlos por las calles principales, bajo 
la multa de diez bolívares á los contraventores. 

Art. 74. Se prohibe dejar libres por las calles á los cerdos, los burros y 
lodo especie de ganado menor, bajo la multa de cinco á quince bolívares á los 
contraventores. 

Art. 75. Se prohibe arrojar á las calles públicas basura, anímales muertos 
y otras horruras. 

Los albañales superficiales son única y exclusivamente para dar salida á las 
aguas. 



— 148 — - 



Queda terminantemente prohibido arrojar por ellos aguas que constituyen 
focos de infección, perjudiciales á la salubridad pública. Los contraventores á 
esta disposición serán penados con multas de cinco á sesenta bolívares ó arresto 
proporcional. 

Art. 76. No permitirá la policía depósitos de basuras dentro de las casas 
de las poblacioiones, imponiendo á los contraventores multas desde veinte hasta 
cincuenta bolívares ó arresto proporcional al que no pueda satisfacerlas. 

Art. 77. Cuidará la policía de que los habitantes de las casas en el poblado, 
conserven limpio siempre los frentes de las calles, haciéndolos barrer los sábados 
de cada semana imponiendo una multa de cinco bolívares á los que contravi- 
nieren ó resistan esta disposición. 

Art. 78. No podrán efectuarse bailes de tambor y joropos, sin previo per- 
miso de la autoridad, quien lo concederá cuando lo juzgue conveniente, enviando 
por cuenta del interesado los agentes del orden público que fuesen necesarios. 
Los contraventores incurrirán en ,multa de veinte á sesenta bolívares. 

§ único. Quedan terminantemente prohibidos los bailes conocidos con el 
nombre de mabille. Los contraventores incurrirán en las mismas penas que se 
expresan en el prente artículo. 

Art. 79. No se permitirá en ninguna diversión pública ni privada, el uso 
de disparar recámaras ni otras detonaciones que causen daño á las personas y á 
los edificios de la población, bajo la misma pena que impone el articulo anterior 
á los contraventores. 

Art. 80. Velará la policía sobre los incendios tomando las medidas que 
sean necesarias para apagar los que sobrevengan ; y del mismo modo impedirá 
que se formen candeladas en las calles, ni que se quemen basuras á inmediacio- 
nes de las casas de la población. 

Art. 81. Se prohibe arrastrar maderas con recuas ó con bueyes por las 
calles de las poblaciones, á menos que sean con carros ó ruedas que no causen 
notable daño á los empedrados, debiendo penarse á los contraventores con mul- 
tas de veinte á cincuenta bolívares, y obligarles á reponer á su costa el daño que 
causaren, 

LEY VII 

Del tráfico de ferrocarriles, tranvías, coches y demás vehículos 

Art. 82. En los lugares del Estado por donde pasen ferrocarriles y tranvías 
los Concejos Municipales respectivos dictarán las medidas de policía correspon- 
dientes, sin que contraríen las disposiciones de este Código y sin pugnar con el 
texto de los contratos que sobre aquellas obras hubieren celebrado los empresa- 
rios con el Gobierno Nacional, del Estado ó Municipal. 

Art, 83. Las mevchas de los tranvías, coches y carros dentro del poblado 
serán cuando más al trote ; el galope y la carrera quedan absolutamente prohi- 
bidos. Las vueltas en las boca-calles ó esquinas deben hacerse al paso. 

Art. 84. Se prohibe á los conductores de coches y demás vehículos de 
trasporte comprendidos en este Código : 

18 



— Í49 — 

19 Admitir en los trasportes mayor número de personas de las que puedan ir 
cómodamente en ellos. 

2? Maltratar por ningún motivo las bestias que conducen, b»jo la multa de 
veinte bolívares ó arresto proporcional. 

3? Entregar las riendas á ninguna otra persona y detenerse cuando con- 
duzcan pasajeros, sin causa justificada. 

4° En ningún caso separarse del vehículo. 

5° Montarse el conductor en el carro en las calles del poblado. 

Art. 85. Los conductores de coches y carros tienen el deber de hacerse á 
su derecha siempre que se encuentren con otro vehículo del mismo género en 
dirección opuesta de la que lleva. 

Art. 86. Cuando un coche que siga á otro tuviere necesidad de pasar ade- 
lante, por motivo justificado, lo hará dando aviso al de adelante y tomará su de- 
recha si la calle ó el camino lo permitiere, sin peligro para ninguno de los dos, y 
el otro le dará paso haciéndose tanto á su izquierda, cuanto lo permita la anchu- 
ra de la vía. 

Art. 87. Los conductoros de coches están en el deber de depositar en la 
Jefetura Qivil del lugar los objetos que se encuentren en sus vehículos, olvidados 
por los pasajeros que hayan trasportado. 

§ único. Al que se le probare que ha dejado de cumplir la disposición es- 
tablecida en este artículo, se le obligará á restituir el Objeto encontrado y se le 
penará con cinco días de arresto, ó la multa correspondiente. 

Art, 88. Los conductores de coches no impedirán por ningún motivo el 
libre paso de los tranvías que circulen en las poblaciones del Estado. 

Art. 89. Los conductores de coches son responsables personalmente y 
serán penados por los hechos de que sean culpables, contrarios á este Código, 
con suspensión temporal ó absoluta en el ejercicio de la profesión y con multas 
y arresto que impondrán las autoridades de policía respectivas. 

Art. 90. Los dueños de coches son responsables de las faltas que cometan 
los conductores de éstos ; y serán penados con multa desde diez hasta doscientos 
bolívares, según la gravedad de la falta cometida. De la misma manera serán 
penados por cualquiera de las infracciones de este Código que directamente les 
conciernan, sin perjuicio de las penas que les imponga el Código Penal. 

Art. 9L Se prohibe absolutamente dejar por la noche carruajes en las 
calles públicas, sino en aquellos lugares que designe el Concejo respectivo ; y no 
se permitirá atar ni parar bestias en las aceras de las calles que impidan el libre 
tránsito de los ciudadanos, bajo la multa de veinte á cuarenra bolívares á los 
contraventores. 

Art. 92. Todo ciudadano es hábil para denunciar ante cualquiera de po- 
licía, las faltas cometidas por los dueños ó los conductores de vehículos que tran- 
siten en el Estado. 



— I50 — 

LEY IV 

* De los Mercados Públicos. 

Art. 93. En la población donde haya mercado público para el expendio de 
verduras, carnes y demás comestibles, se considera : 

19 Que todas las medidas y pesas estén aferidas y cabales conforme á lo 
dispuesto en este Código, al tratar sobre la materia ; 2? que no se vendan co- 
mestibles corro inpidos, ni por menos del peso que correspondan ; 3? que el pan 
tenga el peso que determine la ordenanza municipal correspndiente, y no esté 
elaborado con sustancias nocivas á la salud ; y 4? que no haya en los mercados 
alborotos y desorden alguno, imponiendo á los infractores de este artículo multas 
desde cinco hasta veinte bolívares. 

' Art. 94-. El Diputado de abasto tiene la obligación de visitar una vez por. 
lo menos al mes, y las que más juzgue necesarias los mercados, las bodegas, pul- 
perías, ventorrillos y demás ventas públicas de víveres á fin de examinar si las 
pesas y medidas están aferidas y completas, y si los comestibles, licores y demás 
artículos de consumo, se hallan en buen estado. Caso de que las pesas y medi- 
das no estén aferidas, hará que se inutilicen; y si los comestibles y licores, por la 
degeneración que hayan sufrido, no sirven para el consumo, serán botados eii 
presencia de- la autoridad, previo el examen de la Junta de Sanidad, cuando sea 
necesario. 

Art. 95. Las visitas de que trata el artículo anterior, las hará en la cabe- 
cera del Distrito el Diputado de abasto, acompañado de dos policías que le fran- 
querá la autoridad, y en los Municipios un miembro de la Junta Municipal, ele- 
gido por ésta y dos comisaaios de policía convocados al efecto, á fin do que 
cuando esta comisión encuentre que los comestibles que examine son nosivas á 
la salud, los someta á la Junta de Sanidad para cumplir lo que previene el artícu- 
lo anterior. 

Art. 96. El que beneficiare ganado vacuno, cabrío ó cerdos para el expen- 
dio público está en el deber de solicitar previamente permiso de la autoridad, 
pagando los derechos establecidos por la ordenanza respectiva ; á cuyo efecto 
llevarán los Jefes Civiles un Registro especial donde conste el color de la res 
que va á beneficiar, el hierro que la distinga y la procedencia, como el nombre 
y apellido del beneficiador. Los contraventores incurrirán en la multa de veinte 
hasta sesenta bolívares y duplo de los derechos municipales que hayan dejado 
de pagar, 

§ único. Si el cerdo resultare elefanciaco, queda su dueño en el deber de 
incinerarlo, y si lo ofreciere al consumo público, la autoridad lo obligará á cum- 
plir esta disposición, penándolo además con la multa de ochenta bolívares. 

Art. 97, El que con la autorización suficiente beneficiare cerdos, dará li- 
bre entrada en su casa, ó sea en el lugar del matadero al Diputado de abasto ó 
agente de policía, para inspeccionar si el cerdo está ó no en disposición de ofre- 
cerlo al consumo. 

§ único. Si tomado el permiso para beneficiar una res ó un cerdo resultare 
que se han beneficiado dos ó más, para usurparse los derechos correspondientes, 



— 151 — 



se obligará álos infractores á pagar además de la inulta señalada, el duplo de 
derechos respectivos. 

Art. 98. Las multas que por este respecto se cobraren, corresponderán 
cuando preceda el denuncio, la mitad al denunciante y la otra mitad á las Ren- 
tas Municipales; más, cuando no preceda el denuncio la mulla pasará en tota- 
lidad á las lientas. 

Art. 99. Los funcionarios públicos que sean remisos en el puntuaL cum- 
plimiento de estas disposiciones incurrirán en una mulla de cincuenta á dos- 
cientos bolívares. 

LEY V 

.^el abasto de carnes 

Art. 100. Es un deber del Concejo, fijar en sus respeciivás localidades los 
términos, horas y lugares en que debe beneficiarse el ganado para el expendio 
público, reglamentando todo aquello que juzgue necesarario ; pero de ningún 
modo, ni bajo ningún pretexto, permitirá que se beneficien reses dentro de la 
población, ni en los solares y plazas públicas. 

>^ El beneficio de ganado se hará precisamente fuera del poblado á la 
distancia que el Concejo, de acuerdo con la Junta de Sanidad juzgue conveniente. 

Art. 101. Los que contravinieren á las disposiciones que de conformidad 
con este Código se dictaren incurrirán en una mnlla de cincuenta á cien bolívares. 

L E Y VI 

Sobre Cementerios 

Art. 102. Cada Cementerio correrá á cargo de un celador nombrado por 
el Concajo Mimicipal ó Junta Comunal que fijarán anualmente el sueldo que de- 
ba disfrutar como remuneración de sus servicios. 

Art. 103. El celador del cementerio debe ser un ciudadano de reconocida 
onradez y aptitudes, y tendrá las obligaciones siguientes: mantener en perfecto 
jseo el edificio por dentro y por fuera; tener siempre listos y arreglados los de- 
sagües, evitando que se obstruyan las cañerías ; conservar en su poder la llave 
que le sea entregada y cumplir con los deberes y demás formalides que demarca 
este Código y las ordenanzas municipales. 

Art. 104. Cada individuo que necesite un puesto en el cementerio, presen- 
tará la orden ó boteta de la primera autoridad civil del Municipio 
que así lo ordena, debiendo entonces el celador designar el puesto según el or- 
den establecido para las sepulturas, sin cuyo requisito no se hará ningún entierro. 

Art. 105. Toda sepultura tendrá uno y medio metros de profundidad pa- 
ra los adultos y uno para los párvulos. Se colocarán á un metro por lo menos 
de las paredes del edificio ; y unas de otras por distancia de cuarenta cen- 
tímetros. 

Art. 106. El Celador no permitirá á ninguna persona la llave del cemen- 
terio sino á la autoridad competente cuando así lo exija ú ordene, ni abrirá la 



\ 



— 152 — 

puerta para otro objeto que para verificar algún entierro, ó para la visita que ha 
de practicar la comisión del ramo, ó para verificar su aseo ó limpieza. 

Art. 107. La inhumación de cadáveres dentro de poblado y en los templos 
está terniinantcnte prohibida, y no se permitirá en ningún caso y á ninguna 
persona por ningún título. 

§ único. Solo tres años después del enterramiento en el Cementerio 
ó ¿ampo pueden ser depositados los restos en las iglesias ó panteones, bajo bó- 
vedas que no perjudiquen la firmeza del suelo. Este permiso no se extiende 
á los que hayan muerto de enfermedad contagiosa. 

TITULO IIÍ 
De la Policía Rural 

LEY VII 

\ 

Sobre Acequias de riego 

Art. 108. Todo propietario de un fundo tiene derecho,- previa autorización 
del Concejo Muncicipal respectivo, para tomar do los ríos y fuentes y conducir 
á su predio el agua necesaria para sus procedimientos agrícolas é industriales, 
abriendo para ello el rasgo correspondiente; pero no se concederá dicho permiso 
si la cantidad de agua de los ríes ó fuentes no lo permitiere por no ser suficiente 
para el abasto de vecindarios ó poblaciones. 

Art. 109. Esta facultad se extiende á ejecutarla por fundos ágenos, siempré 
que por los suyos propios no pueda abrirse el cauce del acueducto necesario. 

Art. 1 10, En el caso de que sea necesario rasgar el acueducto por fundos 
ágenos, deberá ser por la parte menos perjudicial ; y el que lo abra indemnizará 
al propietario del predio los daños y perjuicios que se le causaren por este 
respecto. 

Art. 111. Esta indemnización será no solo del valor de las plantas y árbo- 
les fruíales que arrancare, cortare ó lastimare, sino también del terreno que ocu- 
pe toda la acequia en su extensión y los demás árboles no frutales como cedros, 
caobas, etc., etc. que por su importancia tengan valor estimable. 

Art. 112. Los dueños de los fundos por donde se obra alguna acequia, 
dejarán libre por cada lado de ésta ochenta centimelros para uso de su lim- 
pieza cuyo terreno pagará el que abra la acequia. 

Art. 113. No podrán arrancarse ni cortarse más plantas ó árboles que los 
que sean necesarios para las obras ; y la tierra del cauce la colocará y exten- 
derá el dueño de la acequia de modo que no perjudipue las plantaciones. 

Art. 114. Las indemnizaciones de que trata la presente ley se fijarán por 
peritos nombrados ante el Jefe Civil del Municipio ; y las controversias, en caso 
de discordia, serán dirimidas por un tercero, designado por los mismos peritos 
al entrar en ejercicio de sus funciones ó en defecto de éste, por el Jefe Civil, 

Art. 115. La delincación del rasgo de una acequia por un fundo ageno, si 
po se ^vinieren los interesados, se hará la n^ismct nianera que expresa el ar- 



— 153 — 



tículo anterior, siguiendo'para el caso las prescripciones contenidas en los Códi- 
gos Civil y de Procedimientos Civil sobro la materia. 

Art. 116. Cuando los ríos o fuentes, por el verano ú otro accidentes, dis- 
minuyan sus aguasj de modo que no sean suficientes para proveer de riego á 
todos los que tengan derecho, deberán distribuirse en proporción del'derecho de 
cada uno, y si de esta distribución resultare que á los que á cada uno toque son 
insuficientes para sus labores, se remitirá toda y la tomará cada interesado por 
turnos, cierto número de días ó de horas, guardándose la proporción legal, y pre- 
firiendo en el orden de la distribución al poseedor de la hacienda más antigua. 

§ Lo dispuesto en este articulo no altera ni disminuye en manera alguna 
los derechos adquiridos con justo título. 

Art, 117. Si los interesados en el agua no se avinieren se ocurrirá al dic- 
tamen de peritos, como lo dispone el artículo 11 4. 

Art. 118, Todo propietario cuya acequia astuviere abierta ó se abriere en 
lo adelante por fundo ageno, ó por algún camino ó poblado, deberá poner á sus 
costas los puentes, empedrados, asequias, ó canales necesarios en que convenga 
hacer desagües de la acequia, las regaderas del dueño del fundo y el pase á las 
.^guas corrientes; y aplanar los bordes y extender las horruras que se sacaren de 
ellas al limpiarlas. 

Art. 119. Cuando una acequia cruzare á otra y no fuere posible pasar eJ 
agua por canales, porque ambos tengan un mismo nivel, entonces el dueño del 
predio sirviente podrá abrir regaderas en la acequia que constituye la servidumbre, 
para el solo efecto de sacar el agua que introduzca en ella. 

§ único. Esta disposición tendrá también efecto cuando el individuo de la 
servidumbre sea omiso en poner los canales correspondientes. 

Art. 120. Si por descuido del dueño de la acequia, ésta no tuviere desa- 
gües, botada ó tapón necesario^ y se introdujere el río ó la fuente por la toma en 
el predio sirviente, causando daños en él, el dueño de la acequia deberá indem- 
nizarlo de la manera establecida en el presente Código. . . 

Art. 121. Será de cargo del dueño de un rafego de acequia abierto po^" 
fundo ageno, asegurar con buenas estacadas la parte del terreno que quede en- 
tre la acequia y el río, tanto en la ribera corno hasta veintiún metros más. 

Art. 122, Si por alguna avenida se destruyerere la parte del terreno que 
media entre la fuente de donde se tome y la acequia, habiendo tomado el dueño 
todas las precauciones necesarias para asegurarla, como queda prevenido, deberá 
franquear el propietario del fundo el terreno necesario dará internarla, abrirla de 
nuevo previo el pago del valor de terreno, árboles y plantas arrancados y las- 
timadas. 

Art. 123. Si el dueño de la acequia por no reparar con estacadas la ribera 
del río de la parte del fundo ageno, que debe asegurar según los artículos ante- 
riores, y por su descuido se destruyere el predio sirviente, deberá satisfacer su va- 
lor al dueño, junto con el nuevo terreño que ocupe lá acequia internada. 

Art. 124. Los dueños de acequia en comunidad deberán contribuir para 
sus limpias, corrida de nivel, y paredones y compuertas, según sus convenios ó 
derechos que tengan en la acequia. El que faltare á estas obligaciones deberá 
compelérsele por el funcionario de la policía, al pago de su parte, y no se le per- 
mitirá que use el agua hasta que no pague lo que le corresponda en los trabajos 
ejecutadosi 



— 154 — 



Art. 125. Los grandes derrumbes que se abran en las acequias, zanjas, 
resumideros, fuentes y canales, deberán repararse proporcionalmentente por los 
interesados del modo más firme que sea posible. 

Art. 126. En los lugares de repartimientos de aguas, en quo cada intere- 
sado tome la que le corresponde, se establecerán compuertas á costa de todos 
para su exacta distribución y evitar diferencias ; y se obligará ejecutivamente al 
cumplimiento dé esta disposición á los renuentes, bajo la pena de doscientos 
bolívares á los que se resistieren. 

Art. 127. Los que abrieren toma en el cauce principal de una acequia de- 
fraudando las aguas, de cualquier manera que lo hagan, pagarán los daños y per- 
juicios que ocasionaren y una multa de doscientos bolívares. 

Art. 128. Los dueños de acequias no podrán impedir que un vecino del 
de los derrames de ella, y le darán el terreno qne necesite para abrir el cauce ó 
raudal que recoja esos derrames y los conduzca á su fundo, previa indemnización 
al dueño del terreno según el artículo 114, sin que por esto adquiera ningún dere- 
cho el beneficiado en el agur de la acequia principal, ni esté obligado á su lim- 
pieza. 

Art. 129. Los dueños de acequias que sirven para beneficios de haciendas 
de cacao y otras labranzas, cuando no necesitaren del riego en invierno, permiti- 
rán el uso de ellas á los vecinos que haya menester dichas aguas, siempre que 
les convenga para el beneficio de ingenios y otras máquinas, para sementeras 
que pidan este socorro y puedan alcanzarlo. 

Art. 130. En el caso del artículo anterior, los que usaren de las expresa- 
das acequias, deberán tomar todas las precauciones necesarias para impedir inun- 
daciones, y estarán obligados á limpiarlas á su costa del cieno y horruras que 
cause el invierno ; dejándolas á sus dueños corrientes y limpias en tiempo en que 
las necesiten, como también á indemnizarles cuanto daños se les sigan por hacer 
este servicio. 

Art. 131. El presente Código no invadirá ni alterará de modo alguno las 
disposiciones contenidas en el Libro II del Código Civil vigente, respecto de los 
bienes; de consiguiente las autoridades de policía se abstendrán de conocer, 
siempre que hayan de ventilarse derechos, v 

LEY vui 

Sobre derechos y estacadas de ríos 

Art. 132. Para proceder á los derechos y estacadas de ríos se requiere la 
anuencia y conformidad de los vecinos cuyas heredades se hallen á su frente en 
la ribera opuesta, y también de los demás que puedan ser perjudicados ; y los 
que comprendieren esta obra sin llenar este requisito, serán requeridos por el 
vecino y obligados á arrancar á su costa las estacadas, incurriendo en multa de 
cien bolívares. 

Art. 133. Cuando por extraordinarias avenidas délos ríos fuere necesario 
abrir algún nuevo cauco, deberán observarse las mismas reglas y formalidades 
prescritas en el artículo anterior. 

Art. 134. Para la delincación de estacadas ó derechos, deberán las autori- 
dades entenderse con los dueños ó encargados, aun cuando se nieguen diciendo 



— 155 — 



que no están autorizados. En caso de negativa de algunas de las personas, pro- 
cederá de oficio la autoridad de policía. 

Art. 135. Caso de que ias partes no se avinieren, ocurrirá el peticionario 
á la autoridad civil del lugar para que se cite á los opositores para el segundo día 
hábil, á fin de lograr la conciliación ; y si no tuviere efecto, podrá ocurrir á los 
Tribunales en demanda de sus derechos. 

LEY IX 

Sobre la conservación de las vertientes de ayua pura y de los cortes de madera y lefia. 

Art. 136. Los Concejos Municipales y autoridades de policía cuidarán siem- 
pre de que los ríos y fuentes públicas se conserven con aseo; prohibiendo que se 
arrojen dentro ó á sus márgenes materias susceptibles de fermentación, como el 
descerezo de café, vagazo, semillas de algodón, barbasco, etc., etc., legalmente 
se prohibirá botar á las márgenes de dichas fuentes animales muertos, imponién- 
dose á los infractores multas de cincuenta á cien bolívares, ó arresto proporcional 
á la falta. 

Art. 137. Para cortar madera ó leña en posesiones agenas se requiere la 
autorización del dueño del terreno, sin cuyo requisito, el contraventor será juz- 
gado por el tribunal correccional, obligado á la indemnización del perjuicio que 
ocasionare, pedirá las maderas y leña que quedarán á beneficio del dueño del 
terreno, sufriendo además una multa de cien bolívares ó arresto proporcional. 

Art. 138. En ningún caso autorizarán los dueños de posesiones á persona 
alguna para cortar madera ó leña en los puntos donde lo prohiba este Código; y al 
concederlo se hará responsable de mancomún y solidariamente de las infraccio- 
nes cometidas. 

Art. 139. Se prohibe también tanto en las plantaciones agrícolas cómo en 
las montañas, abrir patucos con púas ó sin ellas, bajo la multa de cuatrocientos á 
quinientos bolívares á los contraventores, cuando no haya perjuicios; en el caso 
de haberlos, probado que sea el hecho, el delincuente será puesto por la policía 
á disposición del Tribuunaí competente para que sea juzgado conforme á las 
leyes. 

§ único. Cuando el dueño del patuco sea el mismo propietario del terre- 
no, será penado con multa, sin perjuicio de que se le someta á un juicio criminal 
en el caso final del presente artículo. 

LEY X 

De las quemas de rozas 

Art. 140. El que intente dar fuego á una roza en lugares agrícolas, deberá 
abrir contrafuegos á satisfacción de los vecinos que puedan ser perjudicados, 
y avisará á estos y al comisario del lugar ocho días antes de la quema, para que 
dispongan lo que les convenga á fin do evitar estragos; haciéndose responsable de 
los perjuicios que causare si deja de llenar éstas formalidades é incurriendo en 
la multa de cien bolívares. 

Art. 141. Todo aquel que quemare montes sin objeto determinado en te- 
rrenos agrícolns, incurrirá en la pena de doscientos bolívares ó arresto proporcio- 
nal . 



- 156- 



Art. 142. Se prohibe talar y quemar montes en las cabeceras de las ver- 
tientes que produzcan las aguas para el consumo público. Cuando alguno tenga 
necesidad de talar en algunas de las vertientes que existen en su posesión, ocu- 
rrirá á la autoridad competente de policía, que, previo los informes necesarios, 
se autorice ó nó la tala imponiendo en caso de permitirlo el dueño de la roza, la 
obligación de dejar los árboles que cubran las vertientes, ó de plantar de ambos 
lados por cada uno de mayor tamaño que derribe dos en su defecto. 

§ único. lío se permitirá en ningún caso cortar los árboles que estén á 
menos de cincuenta metros de distancia de uno y otro lado. Los que contravi- 
nieren á este artículo serán penados cun multa desde cien bolívares hasta quinien- 
tos, ó con arresto proporcional. 

Art. 143. Tampoco se permitirá bajo las mismas penas que el artículo an- 
terior, el corte de leña en las cabeceras de dichas vertientes. 

L E Y X I 

De la clasificación de los terrenos y de los perjuicios que causen en los terrenos culti. 
vados los ganados vacunos, caballar, lanar y otros animales de cría. 

Art. 144. Para ios efectos de la presente ley se declara zona agrícola el 
territorio del Estado. 

Art. 145. Los que como propietarios ó arrendatarios emplearen sus pose- 
siones ó terrenos en la cría ó ceba de ganado vacuno, ganado lanar, etc., quedan 
obligados á cercar sus potreros con empalizadas de madera ó alambre de cercas, 
zanjas, naredones ó cualquiera otra clase de barrera suficientemente consistentes 
y que tengan las proporciones adecuadas para cortar. el poso á los animales qae 
se hallaren dentro de sus límites; lo que comprobarán ton una certifición del Jefe 
Civil del Municipio en que se halle ubicado el potrero, previa solicitud que se di- 
rigirá á dicha autoridad por el interesado, apoyada por dos ciudadanos vecinos 
del Municipio que ejerzan respectivamente la profesión pecuaria y agrícola, sin 
cuyo requisito no podrán ejercer la industria. 

Art. 146. Los que emplearen sus terrenos de agricultura, bien sean pro- 
pietarios ó arrendatarios en la cría ó ceba de ganado vacuno, lanar etc., etc. que- 
dan obligados á cercar sus potreros como lo dispone el artículo anterior y á He- 
nar las demás formarlidades en él establecidas. 

^ único. Los que tengan potreros establecidos en los terrenos del Estado, 
quedan obligados á llenar las disposiciones de este artículo en el termino de tres 
meses, después de publicada la presente ley, en la cabecera del Distrito donde se 
hallen ubicados los terrenos correspondientes. 

Art. 147. En ningún caso podrá matarse ni herirse á los caballos, ganados, 
muías ni burros, cuando se encuentren en los sembrados dañando las plantacio- 
nes de café, cacao, caña, algodón ó cualquiera otra expecie; pero sí podrán pre- 
sentarse á la autoridad de policía correspondiente para imponer á los dueños las 
ponas á que hayan lugar. 



19 



Art. 148. El dueño ó encargado de los animales mencionados en el ar- 
tículo anterior queda obligado i satisfacer el daño que aquellos causaren en las 
sementeras 6 plantaciones agrícolas al dueño de éstas ó al que las represente. 

§ línico. Los daños á que se refiere este artículo serán valorados por dos 
peritos, nombrados uno por cada una de las parles, ó por el tercero que éstas de- 
signen en caso de desacuerdo. 

Art. 149. Los contraventores á lo dispuesto en la presente ley, así ciuda- 
danos como autoridades, serán ¿^onados con multa de cincuenta. á doscientos bo- 
lívares, que les impondrá según el cas6, el Jefe Civil del Municipio respectivo ó 
el del Distrito si fuere la primera de estas autoridades la que faltare al cumpli- 
miento de su deber. 

§ único. Las multas á que se contrae el presente artículo ingresarán en la 
Caja de la Administración do Rentas para ser aplicadas al fbndo del Municipio 
que las produjere. 

TITULO IX. 

De hi jiolieía pncuarin 
LEY XU 

Sobre cmpadronamienío de hierros 

Art. 150. Todo dueño do establecimiento pecuario, por sí ó por medio de 
sus mayordomos ó encargados, y-todas las personas que poseyeren en el Estado 
bestias, ganado ó burros en cuaíciuler número que sea, que no hubieren empadro- 
nado los hierros con que acostumbran marcar sus animales, están en la precisa 
obligación de hacerlo desde fa publicación del presente Código. Quedan también 
autorizados los Jefes Civiles de IVtunicipio para empadronar los hierros de los ve- 
cinos, . I* que los derechos se paguen á las Rentas del mismo Municipio, quedando 
dichos Jefes Civiles obligados á mandar somestralmente un duplicado de los hie- 
rros que empadronen á la Jefatura Civil del Dislíito respectivo. 

Art. 151. Los Jefes Civiles de Distrito y de Municipio llevarán un libro 
foliado destinado al empadronamiento de hierros,; en él tomarán razón del 
hato ó fundación pecuaria, situación y y nombre de ésta, y figurarán en el centro 
de la hoja en que se extienda la partida, las cifras del mismo tamaño que tenga 
en el hierro quemador. Los interesados pagarán en la Administración ó Agen- 
cia de Rentas Municipales respectiva, dos bolívares por cada hierro que lleven á 
empadronar. 

Art. 152. Cada doce meses pasarán los Jefes Civiles de Distrito al Poder 
Ejecutivo del Estado, copia legalizada del padrón formado. 

Art. 153. Las alteraciones que ocurran en los padrones por la mudartza 
de hierros, serán comunicados cada tres meses por los respectivos Jefes Civiles 
á sus inmediatos superiores. 

§*único. Para los efectos de este arlícii'o se tendrá presente la antigüedad 
del hierro ó el mayor número de animales herrados. 

Art. 154. El que trascurrido tres "meses de publicado esto Código 
no hubiere cumplido con lo, prevenidff ca«, el artículo 150, será compelido 
á ello por la autoridad respectiva con mijfia fpio no bajará do diez bolívares. 



-158- 

LEY XIII 

Dtl tránsito por las posesiones 

Art. 155. Nadie podrá transitar sino por los caminos públicos acostumbra- 
dos. El que sin permiso de los dueiios de terrenos de cría ó agrícola fuere en- 
contrado en estos, bajo cualquier pretexto, podrá ser conducido por el dueño de 
ellos, mayordomos ó encargados, ante el comisario del caserío para que éste lo 
ponga á disposición del Jefe Civil del respectivo Municipio, quien le aplicará una 
multa de veinte bolívares ó arresto proporcional. 

§ único. Si la introducción fuere con el objeto de picar ganados, se im- 
pondrá entonces al que lo hiciere una multa de doscientos bolívares, con destino 
á las Rentas Municipales del Distrito, y en caso de insolvencia el arresto propor- 
cional. 

Art. 156. Para la comunicación de unos hatos con otros, ó el tránsito por 
las sabanas para los poblados, caseríos ó vecindarios ; los dueños de las respec- 
tivas posesiones fijarán con anticipación, los lugares ó sitios por donde debe pa- 
sar el camino ; y sólo podrán transitar por los hatos convecinos, los que tengan 
que hacer por aquella ruta, sus comunicaciones con otros hatos ó poblados, case- 
ríos ó vecindarios, conduciendo ó no ganado bajo las penas que se establecen en 
esta ley. 

LEY XIV 

De los rodeos, puntas y vaquerías 

Art. 157. Los dueños de hatos, sus mayordomos ó encargados ó cualquiera 
otro que haya de beneficiar alguna res, deben avisarlo anticipadamente á la au- 
toridad de policía y conservar los cueros en lugar donde puedan ser vistos de 
cuantos vayan á sus casas, á lo menos por cinco días. Los empleados d'e policía 
cuando sea necesario, ó cualquier particular, podrán exijir les manifiesten los 
hierros de dichas pieles, con el fin de investigar la propiedad de las reses. 

Art. 158. Revisada la res, el acto de ser degollada, por el Comisario de 
policía del lugar respectivo, éste debe llevar una relación que presentará mensual- 
mente á la autoridad civil del Municipio, del número de reses beneficiadas en sU 
vecindario, la procedencia ó propiedad de ellas y demás circunstancias que de- 
jen esclarecida la legitimidad de dichos animales beneficiados. 

Art. 159. El dueño, mayordomo ó encargado, no podrá llegarse á poner 
de manifiesto los cueros, cuando se lo exija, bajo pena de sesenta bolívares que 
le impondrá la autoridad respectiva, ó quince días de arresto, si no pudiere sa- 
tisfacerlos, sin perjuicio de que sea juzgado el contraventor de conformidad con 
las leyes comunes caso de que no compruebe á satisfacción del empleado respec- 
tivo, la legítima procedencia de la res ó reses muertas. 

Art. 160. En los casos en que sea necesario cortar el cuero ó disponer de 
él en el mismo día en que se mate la res, ó en uno de los cinco días inmediatos 
deberá hacerse revisar por el comisario del caserío. El quo esto no hiciere incu- 
rrirá en la pena del articula anterior. 

Art. 161. Los dueños, mayordomos ó encargados de hatos» cuando dis- 
pongan por venta ó por cualquier otro motivo de las pieles, grasas, carnes ó 
soga de sus reses, deberán dar al comprador ó al que las recibiere, una papeleta 

#• 



— 159 — 



en qiio se exprese el niínici'o de cueros y e¡ iiicri o qnc ios distinga ó el número 
de arrobas de. grasa ó carne ó cuanlas sean las sogas. El que sin este requisito 
comprare ó recibiere diciias especies, además de perder las que resulten de ilegí- 
tima procedencia, si no probare que las adquirió de buena fe, en el término que 
para ello le fije el empleado respectivo, será puesto con las especies referidas á 
disposición de la autoridad judicial para ser juzgado como ladrón, conforme á lo 
dispuesto en el Código Penal. 

Art. 162. Los conductores de ganados y bestias para ser ofrecidos al con- 
sumo, ó para otro objeto, deben llevar precisamente un documento firmado por 
el dueño ó dueños de dichos animales ó para sus encargados legales, en que 
conste el número de animales y los hierros preferentes. El que los trasporte sin 
esta formalidad, será detenido por las autoridades de policía de tránsito, hasta 
que justifique su legítima procedencia. 

§ único. Se exceptúan de esta disposición las reses que se conducen en 
vaquerías y los ganados de crias que cambien de asiento para invernar ó ve- 
ranear. 

• Art. 163. Si requei'ido un empleado de policía por algún ciudadano para 
revisar una ó más partidas de animales que se conduzcan por territorio en que 
tenga jurisdicción, con el objeto de averiguar su procedencia, no quisiere hacerlo, 
sufrirá una multa de doscientos cincuenta bolívares, que le impondrá su inmedia- 
to superior, previo el denuncio, siendo además responsable de los perjuicios que 
sobrevengan. 

Art. 164. Se prohibe absolutamente que se conduzcan reses mayores de 
un año sin herrar, á menos que se justifique el motivo, bajo la pena de sesenta 
bolívares de multa que impondrá la autoridad competente ; y pérdida de las 
reses que conduzcan, ¡as que se venderán por la autoridad en pública subasta, 
aplicando su produto á las lientas Municipales, 

Alt. 165. Toda persona que ensillare bestia agena sin el permiso de su 
dueño, bajo cualquier pretexto que sea, pagará el flete y además los perjuicios 
que le ocasionen, y si por haberla ensillado, se muriere ó extraviare, le abonará 
además su valor por tasación de peritos. 

L E Y XV 

De las quemadas de las subana>< 

Art. 166. Solo los dueños de posesiones, sus mayordomos ó encargados 
podrán quemar sus sabanas y montes, y esto desde la primera lluvia, ó á princi- 
pio del invierno hasta el quince de noviembre, en los lugares altos, y^en los bajos, 
anegadizos liasta el veintiocho de febrero. 

§ único. A cualquier extraño á quien se comprobare haber pegado candela 
á una sabana ó monte además de indemnizar los pejuicios, pagará una multa de 
" ochenta bolívares que ingresarán á las Rentas Municipales, ó sufrirá el arresto 
proporcional. 

LEY XVI 

Del servicio de caporales 

Art. 167. Los caporales dé vaquerías y los encargados de conducciones de 
ganados y bestias de carga, para poder enagenar las que llevan, deben presentar 



\ 



— i6o — 

la aulorización del dueño; y nadie podrá cuulrai.d' con ellos sin este requisito, 
bajo pena de perder lo contratado si el dueño no prestare su aprobación. 

Art. 168. Los dueños de hatos ó establecimientos agrícolas, donde los hu- 
biere, llevarán un libro de cuentas en que anoten la fecha del día de entrada del 
peón, el sueldo que devengue mensualmente, los días de trabajo que perdiere y 
las entregas que le vaya haciendo, cuya última partida la asentará siempre en pre- 
sencia del peón, y este libro dará fe para el arreglo de cuentas. Esto mismo se 
hará en otro libro para llevar las cuentas de los sirvientes domésticos, y las auto- 
ridades de policía con vista del libro respectivo obligarán á los peones á cumplir 
su contrato, y á las personas á que i)resten sus servicios á satisfacerles lo que les 
adeudaren. 

LEY xvn 

[)e la pcxf(i -'f- 

Art. 169. No se permite poner estacadas ó tapas en los ríos ó caños na- 
vegables, obligándose al que lo hiciere á que las quite á su costa. 

Art. 170. Nunca será permitido poner barbasco ú otros venenos en las 
aguas estancadas de los ríos, caños y lagunas : el que lo hiciere sufrirá un arresto 
de veinte días ó la multa correspondiente. 

LEY xvm 

I)c los colono.^ (le U(x jiüKCR¡oncf< 

Art. 171. Los dueños de posesiones está» en la precisa obligación de dar 
cuenta de los colonos que tengan á la autoridad respectiva de policía dentro de 
los primeros quince días de pnblicada^^a ley, cuya autoridad llevará un registro 
en que anotará el nombre, profesión y estado de cada uno de los colonos. 

Art. 172. Los dueños de posesiones deben prohibir á suscolonos que se 
introduzcan á las posesiones convecinas á menos que lo hagan por caminos 
acostumbrados, 

Art. 173. El colono que se introdujere aibitrariametite á una posesión 
convecina, además de pagar la mulla de que habla esta Ley, indenmizará los 
perjuicios que causare, y en caso de insolvencia pagará éstos el dueño de Ict 
posesión que consienta al mal y veeinp, á menos que opte por lanzarlo de ella. 

Art. 174. Los colonos de una posesión no podrán cazar, pescar, cortar 
maderas, castrar colmenas, ni disponer de nada que pertenezca á dicha posesión, 
sin el permiso expreso del dueño de ella, su mayordomo ó encargado. El contra- 
ventor pagará los perjuicios; pudiendo ser lanzado pui mal vecino d colono. 
X'^Art. 175. Las multas que que en esta Ley no tengan aplicación especií^l, 
se entiende que ingresarán á las Rentas Municipales. 

LEY XIX 

De la venta de bcdias 

Art. 176. Todo el que vaya á vender una bestia caballar ó ¡nular ó burro, 
fíe|)erá ocurrir á la primera autoridad civil del Municipio con el docuf^ento cq' 



— i6i — 



rrespondienle, escrito en papel sellado á que corresponda la cuantía y con las es- 
tampillas de ley. 

Art. 177. La autoridad reíbrida lo copiará en un libro que llevará anual- 
Miente eu papel florete ; foliado y con una nota en su primera página que expre- 
so el número de hojas que contiene. Esta copia la firmará el interesado en 
unión del Jefe Civil. 

Art. 178. El documento se devolverá original al interesado con la nota de 
intervención de la autoridad, firmada y sellada con el sello respectivo. 

Art. 179. La autoridad que intervenga en estas notas, hará que los intere- 
sados consignen en las Rentas Municipales dos bolívares por cada bestia caballar 
ó mular y un bolívar por cada burro. 

Arfe. 180. Las ventas que no se hicieren conforme á esta Ley no surtirán 
efectos jurídicos, y los contraventores serán penados con una multa equivalente 
á la cuarta partí? del valor del animal vendido, ó arresto proporcional. 

LEY XX 

Disposiciones Genei'ales 

Art. 181. Los Jefes Civiles de los Distritos y Municipios no están racul- 
tados para dictar disposiciones de policía, sino solo deberán hacer cumplir las 
de esta Ley y las que dictaren los Concejos Municipales, en uso de sus atribu- 
ciones. 

Art. 182. Las prescripciones de la presente Ley no contrarían en nada las 
que los Podares Legislativo y Ejecutivo Nacional dictaren en uso de sus atribu- 
ciones sobro resguardo marítimo y terrestre, cuarentena de buques, policía de^ 
puertos y costas del Estado. 

Art. 183. Todas las multas de que trata esta Ley las hará efectivas el Jefe 
Civil respectivo, yendo á las Rentar--|kíunic¡pales correspondientes ó impondrá 
en caso de satisfacerse aquéllas, el arre^ proporcional, de conformidad con el 
artículo 76 del Código Penal. ~ 

ArL 184. Se derogan todas las leyes que contraríen el presente Código, 
' que empezará á regir inmediatamente después de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

Dada en en el Salón donde celebra su sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, en La Victoria, á los diez y ocho días del mes de marzo de mil 
novecientos diez. —Año 100*' de la Independencia y 52° de la Federación. 

El Presidente, 

R. Tirado Arroto. 

El Secretario, 

José Ramón Linde. 

Estados Unidos de Venezuela. — Poder Ejecutivo del Estado Aragua.— La 
Victoria: 26 de marzo de 1910.— 100- y 52° 

Cúmplase, 

K. Andueza Palacio 

Refrendado. 

Í31 Secretario General, 
^ JOelfín A, Aguilera, 



— índice- 



páginas 

Constitución del Estado « . « . . 7 

Ley de División Territorial . . 4 , 27 

I<ey de Régimen Político y de Sanidad . , 34 

lycy de Papel Sellado 41 

Ley de Juramento de Empleados , 49 

Ley Orgánica del Poder Municipal 53 

Ley sobre responsabilidad de Empleados . . . . , , 63 

Ley de Elecciones 69 

Ley de Milicias 81 

Ley de Arancel Judicial 89 

Código Orgánico del Poder Judicial 99 

Ley sobre Procurador General del Estado 117 

Ley que reglamenta el servicio de la Secretaría General 121 

Ley que organiza el servicio de tareas 125 

Código de Hacienda del Estado 131 

Código de Policía del Estado . 139 



I 



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